El estado de la Corporación Municipal, los "contratos fantasma", las acusaciones de ser la “bolsa de empleos” del partido, el manejo del comercio ambulante y la seguridad, la gestión del megaincendio y su lejanía con los barrios son los puntos negros de su gestión. Por otra parte, lo bueno son el trabajo medioambiental y la creación del Centro de Neurodivergencia.
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En una semana más los nuevos alcaldes electos asumirán sus cargos en todo el país. En el caso de Quilpué, quien ganó las elecciones fue la RN Carolina Corti, mientras que la actual alcaldesa en ejercicio, Valeria Melipillán (Frente Amplio) quedó tercera, algo que no pasó desapercibido ni por los concejales, ni por los vecinos, ni por los funcionarios municipales. ¿Qué legado, bueno y malo, deja Melipillán en la comuna del sol?
“La fórmula con la que ella gobernó el municipio y como ella se planteó frente a la ciudad fue súper disruptiva porque la comunidad pedía una cosa y la municipalidad terminaba haciendo otra. La comunidad manifestaba preocupación por una temática y la municipalidad estaba preocupada de otra temática. Entonces hubo ahí una desconexión grande”, parte diciendo el concejal reelecto, Renzo Aranda.
Entre los temas que más han complicado a la administración Melipillán están el complejo estado en el que queda la Corporación Municipal, las contrataciones de simpatizantes y militantes del Frente Amplio y las acusaciones de ser la “bolsa de empleos” del partido, y el manejo del tema del comercio ambulante y de la seguridad, además del manejo del megaincendio desde su inicio hasta ahora y la lejanía de la alcaldesa Valeria Melipillán con la comunidad y los barrios. Por otra parte, dentro de las cosas que se ven como positivas está la gestión medioambiental y la creación del Centro de Neurodivergencia, además de la disposición de la alcaldesa a dialogar con los gremios.
Uno de los puntos negros de la gestión Melipillán es el actual estado de la Corporación Municipal, cuyo déficit alcanza más de $3 mil millones, con varios problemas en los servicios de Cesfam, deudas previsionales de los profesores y acusaciones de ser una bolsa de empleos del Frente Amplio, además del sumario de la Contraloría por acusaciones de intevencionismo electoral durante la época de los plebiscitos constituyentes.
Por ejemplo, en los Cesfam de El Belloto, de Aviador Acevedo y de Pompeya ha habido problemas que han evidenciado los funcionarios, con manifestaciones y reclamos públicos. En enero de este año, por ejemplo, los trabajadores protestaron por la inseguridad que se vive en el centro asistencial de Pompeya Norte, con carteles que decían “queremos atender sin miedo”.
“Es fundamental incrementar la presencia policial en la zona, especialmente en las inmediaciones del consultorio Pompeya Norte. Es necesario realizar un análisis exhaustivo de la infraestructura del consultorio para identificar posibles vulnerabilidades y realizar las mejoras pertinentes. La seguridad física de los espacios de atención médica debe ser una prioridad, y es vital que se destinen los recursos necesarios para llevar a cabo las adecuaciones pertinentes”, señalaba entonces el concejal Patrick Retamales.
Otro dato no menor fue la seguidilla de intoxicaciones que ocurrieron en el Cesfam de Quilpué en agosto de este año por una fumigación mal planificada, lo que significó no sólo la afectación de usuarios y funcionarios, sino que también la suspensión de los servicios de ese recinto.
“Ha sido público el malestar de los de las agrupaciones de salud con la administración de Valeria Melipillán, incluso sus dirigentes lo han dicho abiertamente”, relató el presidente de la Asociación Unitaria de Trabajadores de la Municipalidad de Quilpué, Christián Urizar.
En efecto, este año tanto la Confusam como la Afusam presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso por eventuales irregularidades en el SAR de Belloto Sur. Más de una decena de empleados “fantasma” -que serían familiares directos de los involucrados-, habrían recibido pagos por al menos 200 millones de pesos, indicaron en octubre de este año.
La Corporación, además, realizó una investigación desde la Contraloría General de la República por “intervencionismo electoral”, a propósito de la creación de una “Oficina Constituyente” a su cargo, durante el periodo en que se discutían los cambios a la Constitución Chilena. Esto derivó en un sumario ordenado por el órgano contralor y en la solicitud de medidas disciplinarias.
De acuerdo a lo mencionado en el dictamen, se constató que la creación y las actividades desarrolladas por la «Oficina Constituyente» no se condicen con las funciones delegadas a las corporaciones municipales, ya que tuvieron como objetivo la difusión y promoción del trabajo de la Convención Constitucional. Por ello, Contraloría estableció que el ente municipal deberá abstenerse de realizar o promover actividades similares.
De igual forma, el órgano fiscalizador dictaminó que el Municipio de Quilpué "deberá abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones sobre actividades de difusión del proceso constituyente en sus cuentas institucionales de redes sociales", recordando que éstas sólo se pueden usar para informar acciones relacionadas a las funciones de la casa edilicia, y se ordenó a la Corporación Municipal realizar un procedimiento disciplinario para investigar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades administrativas referentes al caso. De igual forma, se le indicó a la alcaldesa Valeria Melipillán que "deberá ajustar su actuar a las citadas instrucciones".
Asimismo, la Corporación enfrenta actualmente un desafío mayor, con el déficit de cerca de $3.500 millones para el año 2025. El concejal Renzo Aranda indica que “la corporación yo creo que va a ser el punto negro, lamentablemente, como la alcaldesa nunca lo tomó en serio. Esto se lo recalcamos en el primer Consejo Municipal, se lo recordábamos todos los años y es la preocupación especial que tiene que tener la Corporación Municipal dada su estructura como empresa. Es una lamentable noticia para la ciudad que la municipalidad no se haya hecho cargo de algo tan importante y tan necesario como mantener nuestros establecimientos educacionales acordes a las necesidades que se tienen y sobre todo porque, porque como que a veces los alcaldes les cuenta entender que la Corporación es un servicio indispensable para la ciudad y tiene que haber personas capacitadas para administrarla y liderarla y muchos alcaldes ven este tema con mucha ligereza. Entonces finalmente se convierte además en un botín, en una fuente laboral para quienes administran la ciudad, pero cada vez que se va a un gerente, un administrador, la Corporación sigue teniendo problemas y finalmente sus servicios se resienten, sus profesores, sus funcionarios de salud…”.
Este miércoles, de hecho, los profesores de la Corporación Municipal protestaron frente al municipio exigiendo el pago de sus cotizaciones previsionales, se tomaron el hall y luego lograron hablar con la alcaldesa, lo que da cuenta del complejo manejo de la Corporación que, además, de acuerdo a Aranda, también podría tener problemas con los funcionarios de la salud, que no deberían tener deudas. “Ahora nos estamos entrando también que muchos funcionarios de salud tienen deuda tradicional y eso ya es otro gran problema porque salud sí se financia, puede per cápita y la verdad es que si no están llegando a fin de mes”.
Otro de los problemas que tuvo la administración Melipillán fue la gran cantidad de personas de su sector político instaladas en cargos tanto en la Municipalidad como en la Corporación.
En agosto de este año varios ediles reclamaron por la contratación de la ex seremi de Educación Romina Maragaño, quien también fue jefa de campaña de Jorge Sharp en 2016 y luego la directora de Desarrollo Comunal de Valparaíso. El segundo semestre de este año, luego de renunciar a la cartera de Educación, llegó a la alcaldía quilpueína, lo que molestó al Concejo Municipal y a los trabajadores, pues alegaron que no es la primera vez que ocurre esto. Silvana Sáez, que es jefa de gabinete de la alcaldía, había llegado hace varios meses atrás a la Corporación al cargo que actualmente desempeña Maragaño, luego de salir con polémica de la Alcaldía porteña, cuestionada por el mal uso de subvenciones escolares y un fallido concurso de directores de liceos.
Entonces, la edil Mónica Neira (Ind), por su parte, se sumó al llamado de más transparencia y mejor gestión de recursos humanos: “La contratación de personal que hace la Administración actual no se refleja en acciones concretas hacia los vecinos, sino son asesorías para la misma administración”, mientras que la concejala Paola Olguín (PS) también se trata de una mala práctica: “Desde el día uno que llegó esta administración contrató personas que venían de otras comunas principalmente de Valparaíso, funcionarios que habían sido cuestionados en su momento y desvinculados de ese municipio. Y así ha sido durante todo este periodo. La indignación es que nuevamente se usa a la CMQ como bolsa de trabajo del FA”.
Urizar, representante de los trabajadores, indica que efectivamente se “ha contratado una cantidad enorme de personas tanto en el municipio como en la corporación. Parte importante de estas personas no tienen la capacidad, y aquí lo que terminó pasando es que, yo lo voy a decir con nombre y apellido, se trajeron directores a algunas áreas que no tenían la expertise. Aquí llegaron, por ejemplo, la directora de Desarrollo Comunitario, la Dideco, como personal de confianza y estuvo casi 7 meses con licencia, de entradita. Entonces, por mucha confianza que tenga con la alcaldesa, eso es un golpe a la gestión de la alcaldía. Yo creo que serán muy amigas con la alcaldesa, pero llegar y tener ese problema, independiente de lo que haya sido, es complicado”.
En ese sentido, expresó que “la gente quiere tener un jefe, un directivo que sepa. Que sea un aporte, no una persona que venga a ganarse buenas lucas y que venga trasplantado de un municipio a otro sólo porque era parte de una cosa ideológica. A la alcaldesa la ciudadanía le dio la confianza, pero principalmente la gente quiere directores que sean un aporte profesional, un aporte en capacidad de trabajo y con intención de hacer bien las cosas, porque Quilpué no debe ser una caja pagadora de un partido político, eso es un error”.
Sobre los contratos de personas ligadas al Frente Amplio en el Municipio de Quilpué, el concejal Aranda aseguró que “el número es alto, más de 50 personas sólo en el municipio, porque en la Corporación son más y es difícil de fiscalizar. Son trabajadores con buenos ingresos, con buenos sueldos y con posiciones de poder que, de verdad, son inmejorables. O sea, hay varios casos en que no pudiendo nombrar direcciones por un tema de planta municipal, la alcaldesa colocó a los suyos”.
Añadió que “hay más en la Corporación porque ésta te permite generar nuevas cargos y funciones a criterio del de la gerencia, ahí no hay ninguna limitante, entonces ya estamos llenos de subdirecciones. Cuesta mucho llegar al número de nuevos contratos en la Corporación porque como además cuesta mucho que te envíen esas respuestas porque ellos estiman que deben ser muy poco fiscalizados por la municipalidad, entonces no responden, pero la Corporación hay un sinfín de nuevas contrataciones y que yo creo que eso es en materia de la nueva administración de investigar”.
Además, en el municipio varios directivos de planta y con vasta experiencia fueron enviados a trabajos menores, con el mismo sueldo, para ser suplidos por personal nuevo de mayor confianza de la alcaldesa. “Hay grados importantes, grados 5º, 6º 7°, directivos que son personas de planta, que llevan muchos años y que han logrado estar en un espacio de importancia en el municipio y a esas personas se les siguió pagando durante toda la gestión su sueldo que corresponde, pero no se les ocupó y eso fue porque estuvieron muy ligados a la alcaldía de Viñambres, y eso fue un error”, dijo Urizar.
Sin embargo, Carolina Escobar, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos (Aprotec) de la Municipalidad de Quilpué, recordó que “efectivamente hubo directivos que, al no ser de la confianza de la administración, fueron trasladados a otras funciones, pero estuvieron en una posición bastante cómoda. No prescindieron de su remuneración como corresponde, tuvieron licencias larguísimas y no fueron sancionados por este tipo de situaciones. Tú sabes que nosotros, como funcionarios municipales, según el estatuto municipal podemos estar hasta 6 meses con licencia médica, siempre que no sea oncológica o maternal. A partir de los 6 meses, el alcalde o la alcaldesa que esté de turno está en la facultad de poner esos antecedentes a disposición del Compín a fin de que se revise si su la salud es compatible o no con el trabajo”.
Por otra parte, sobre los "contratos fantasmas", Urizar manifestó que “la gestión de la corporación ha sido complicada en términos de cuál ha sido la instalación de recursos en la calle, particularmente en los temas de salud. Ha habido hartos déficit y hartas cosas que han complicado la gestión. Algunos contratos que existen, pero no, no están las personas que lo llevan a cabo y por supuesto, ahí a favor de la campaña que se armó una burbuja diciendo que hay contratos fantasmas, eso se está investigando. Desde ahí, la gestión hacia la comunidad no fue la más adecuada y bueno es cosa de preguntarle a los funcionarios de salud”.
Desde el comienzo de su gestión, el problema del comercio ambulante en el centro de la ciudad fue una materia a resolver. En este aspecto, hay quienes ven con buenos ojos lo realizado, mientras que otros no, aunque lo concreto es que en materia de seguridad el municipio ha carecido de liderazgo y mano dura.
“En un principio ellos llegaron con la carga ideológica de que todos los seres humanos tienen derecho a trabajar con un discurso muy instalado. Pero al poco andar se dieron cuenta que eso era imposible y que había que normarla y había que meterse fuerte y se metieron de buena forma”, plantea Urizar.
De hecho, en agosto de este año un grupo de vecinos presentó un recurso de protección en el que acusan a la alcaldía de cometer una ilegalidad al “permitir indebidamente, aunque de forma tácita, la instalación de comercio ambulante ilegal” en especial en las inmediaciones de avenida Centenario.
Y aunque actualmente el municipio cuenta con una ordenanza municipal que da permiso a los ambulantes a instalarse en ciertos lugares con el compromiso de regularizar su situación, específicamente en calle Vicuña Mackenna, además de abrir un espacio para instalarse alrededor del Mercado Municipal, sigue el descontento en ambas caras de la moneda, porque los comerciantes ilegales no quedaron tan contentos con la lejanía de estos puestos que perjudica sus ventas, especialmente en épocas navideñas, una de las fechas más fuertes para este tipo de comercio.
“No tiene mucha coherencia este tipo de comercio en estos quioscos en el Mercado, entonces finalmente yo creo que estos comerciantes no van a utilizar más estos espacios. Van a muchos de ellos que van a volver a la calle por un tema de la ubicación del Mercado Municipal porque la comunidad, los vecinos, no transitan por ahí. Las ventas han bajado de manera importante para los comerciantes ambulantes que antes ganaban mucho estando en el centro. El problema de todo esto es que, además, el municipio gastó más de 70 millones de pesos en total para construir módulos allí y dejar todo listo, por lo que yo creo que vamos a tener que volver a analizar esta estrategia”, manifestó el edil Aranda.
Además, hay una crítica al foco que la alcaldía le dio al tema de la seguridad, al tener a tres directores de Seguridad lo que significó problemas para enfocar los esfuerzos en una estrategia unitaria en torno a la delincuencia en la comuna.
El psicólogo Francisco Jorquera fue uno de estos directores, luego de ser coordinador del Área de Prevención Situacional del Departamento de Seguridad Pública de la alcaldía de Pudahuel sin tan buenos resultados. Tras llegar al municipio quilpueíno, en 2023 fue desvinculado junto a la encargada de tareas de mediación vecinal, Jovanka Ojeda, debido a “falta de confianza” por una denuncia hecha por el mismo exdirector sobre el pago de unos $2 millones a una funcionaria por actividades que ya no realizaba.
Luego, a la hoy exdirectora del mismo departamento, Vanessa Paredes, le pidieron la renuncia tras diferencias con la jefa de gabinete Silvana Sáez.
Hoy, quien lidera el Departamento de Seguridad es el cineasta y excandidato a diputado Claudio Sepúlveda, quien también fue candidato a diputado por el distrito 7 en la lista Dignidad Ahora en 2021, quien también es otro exfuncionario del municipio de Valparaíso cuestionado en ese entonces por el alto sueldo que tenía en el puerto.
El asunto es que Quilpué es la comuna con mayor crecimiento en homicidios en los últimos años, lo que se podría explicar -en parte- con esta mala gestión en materia de seguridad.
Sobre esto, Renzo Aranda, concejal reelecto, indicó que “independientemente de la profesión, porque a veces uno puede sorprenderse de las profesiones que tiene mucha gente en el municipio, el problema es que hemos tenido 3 directores y la verdad es que nadie le ha pegado el palo al gato. Esa dirección cambia de criterios muy seguido, cuando se comienzan a hacer cosas se remueve a los directores, entonces como que no hay un hilo conductor respecto al trabajo que se desarrolla en esa dirección. Y claro, y con la llegada de este cineasta, otro de los directores, como que eso ya se desdibujó mucho más. Yo creo que faltó decisión, yo creo que faltó convicción. La gente requiere respuestas directas desde el municipio y como aquí nunca se convencieron de que la seguridad era un problema o era una temática, eso no ocurre”.
Las soluciones habitacionales para las familias afectadas tras el megaincendio de febrero no han sido satisfactorias, y eso lo han hecho saber los propios vecinos que se han agrupado en organizaciones para pedir soluciones e incluso llamar a un nuevo estado de excepción. Pero, más allá que la reconstrucción es parte de la gestión de Gobierno, algunos critican que la administración actual no haya golpeado la mesa más fuerte para hacerse escuchar en La Moneda, como sí ocurrió en el caso de su vecina Viña del Mar.
A esto se suma también la lejanía que manifestó la alcaldía, durante los primeros días, en ir a los barrios a apoyar a los damnificados, algo que de acuerdo al concejal Aranda es recurrente en la forma de trabajar de Melipillán.
“A la gente de Quilpué le gusta conocer a sus autoridades. Y sí la alcaldesa no da audiencia en 2,3, 4 años o hubo barrios a los que nunca fue, evidentemente eso es una condicionante que castigó a la alcaldesa Melipillán, por lo que la gente prefirió optar por las otras dos opciones que eran Cárdenas y Corti. Eso se pudo ver con el manejo del incendio, por ejemplo. La municipalidad se apersonó al cuarto, quinto día después del incendio… esto fue un día viernes, continuó el sábado, y recién el lunes y martes la municipalidad pudo constatar la gravedad”, señaló.
En ese sentido, también recuerda que “fue muy poco proactivo el municipio respecto al incendio. No recuerdo cuántas veces había venido un Presidente aquí, pero en la época del incendio fue cuando vino más veces un Presidente y la verdad es que eso no sirvió porque definitivamente el municipio, en vez de colocarse del lado del Gobierno como lo hizo, debió colocarse del lado de los vecinos y entrar en la disputa de exigirle a este gobierno que se moviera mucho más rápido, que debía ser mucho más proactivo en términos de limpieza, despeje y, por supuesto de reconstrucción. Ripamonti, que también tuvo el incendio, fue mucho más hábil y en realidad se desmarcó del conflicto. Se puso de lado de los vecinos y eso le permitió desmarcarse de una situación muy compleja porque el incendio ya pasó, estamos a 10 meses y la mayoría de las viviendas en Quilpué, por no decir todas, son auto reconstrucción, porque no hay ninguna vivienda hecha por subsidio y eso también afecta”.
Entre las cosas buenas de la administración Melipillán destacan la creación del Centro de Neurodivergencia y la gestión medioambiental. “El centro fue una apuesta que yo creo que como título como nombre es importante, pero no ha tenido el soporte en la comunidad que requiere. Yo espero que la alcaldía que llega lo tome con mucha fuerza y lo haga funcionar adecuadamente porque es un tema sentido para la comunidad. Hay que ponerle los recursos necesarios para que funcione, porque lo que ha pasado con ese centro es que es un lugar que, como título es un buen título, es un buen anuncio, pero el funcionamiento ha sido escaso”, dice Urizar.
Carolina Escobar, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del municipio de Quilpué, asegura que “entiendo que la comunidad lo ha recepcionado bastante bien, se han hecho algunas cosas, hay un equipo profesional trabajando con la comunidad, sé que se han estado trabajando en esos temas fuertemente con la comunidad”.
En tanto, Aranda destaca la gestión medioambiental de la administración Melipillán, pues asegura que se la jugó por temas que son importantes, aunque reconoce que no todos importan tanto a la comunidad en general como otros más urgentes. “Las declaratorias de posiciones respecto a la central termoeléctrica en Limache, a la instalación de las antenas de alta tensión Polpaico, hay varios temas, varias situaciones en las que el municipio marcó mucha presencia y mucha decisión, por ejemplo, también la ordenanza respecto de los humedales y también los trabajos para avanzar en el parque Fundo El Carmen”.
Sin duda, tras la salida de la alcaldesa Valeria Melipillán en Quilpué, la nueva autoridad comunal deberá abordar todas estas materias, junto a su programa de gobernanza. Los gremios, los concejales y los quilpueínos esperan soluciones a los temas que más les interesan más que a responder a objetivos ideológicos.
PURANOTICIA
