Diputados Barchiesi y Longton denunciaron que la Corporación Municipal creó la «Oficina Constituyente de Quilpué» para apoyar una de las opciones del Plebiscito y que para ello utilizaba recursos públicos y tiempo de la jornada laboral de los trabajadores.
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La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la Corporación Municipal de Quilpué abstenerse de realizar actividades de difusión del proceso constituyente y decidió iniciar un procedimiento disciplinario a raíz de acusaciones que hablan de "intervencionismo electoral" en el organismo que preside Valeria Melipillán Figueroa, como Alcaldesa de la Ciudad del Sol.
En abril pasado, los diputados Chiara Barchiesi Chávez (Rep) y Andrés Longton Herrera (RN) acudieron al ente que fiscaliza a los órganos del Estado para denunciar que la Corporación Municipal creó la «Oficina Constituyente de Quilpué» para apoyar una de las opciones del Plebiscito y que para ello utilizaba recursos públicos y tiempo de la jornada laboral de los trabajadores.
A su vez, los parlamentarios de derecha acusaron a la jefa comunal (de Convergencia Social) de emitir declaraciones en favor del «Apruebo» durante su jornada laboral, situación que a juicio de los demandantes configuraría una vulneración del principio de probidad. En concreto, se cuestionó un video en el que Melipillán llamó a los quilpueínos a "empezar a preparar la aprobación de esta nueva Constitución".
Consultada por esta situación, la Corporación Municipal de Quilpué señaló que la mencionada «Oficina Constituyente» se encontraba en formación al momento de la denuncia y que finalmente nunca se constituyó. No obstante, indicaron que se creó el «Departamento de Participación Intersectorial» que, entre sus funciones, hace referencia al proceso constituyente y su materialización en colegios municipales.
Con todos estos antecedentes, la Contraloría recordó el dictamen Nº E208180, que contiene las instrucciones sobre el Plebiscito de salida, precisando que sólo la Dirección Administrativa de la Presidencia y los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, pueden efectuar una campaña sobre la importancia de participar en el proceso constituyente.
Precisada esta situación, se constató que la creación y las actividades desarrolladas por la «Oficina Constituyente» no se condicen con las funciones delegadas a las corporaciones municipales, ya que tuvieron como objetivo la difusión y promoción del trabajo de la Convención Constitucional. Por ello, Contraloría estableció que el ente municipal deberá abstenerse de realizar o promover actividades similares.
De igual forma, el órgano fiscalizador dictaminó que el Municipio de Quilpué "deberá abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones sobre actividades de difusión del proceso constituyente en sus cuentas institucionales de redes sociales", recordando que éstas sólo se pueden usar para informar acciones relacionadas a las funciones de la casa edilicia.
Por último, se le ordenó a la Corporación Municipal realizar un procedimiento disciplinario para investigar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades administrativas referentes al caso. De igual forma, se le indicó a la alcaldesa Valeria Melipillán que "deberá ajustar su actuar a las citadas instrucciones".
Tras conocer el dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso, el diputado Andrés Longton manifestó que éste "no sólo reconoce que hubo intervencionismo electoral por parte del Municipio que encabeza la Alcaldesa de Quilpué, sino que además ordenó que se levantará un sumario para determinar responsabilidades por haber hecho un mal uso de los recursos públicos".
De igual forma, sostuvo que "el Gobierno, las autoridades y los funcionarios públicos deben comprender que representan a todos sin exclusión, y que los recursos públicos son para gastarse en las necesidades de las personas, y eso lo determina la ley, no ellos a discreción".
Por último, comentó que "lo que hicieron es de suma gravedad, principalmente porque asumen que pueden actuar al margen de la ley y gastar recursos públicos en una campaña política, lo que es un menoscabo a las familias de Quilpué y El Belloto, que conviven con necesidades que son una prioridad y que ahora tienen que ser testigos impotentes de este despilfarro de dinero para satisfacer una mezquina ganancia política".
PURANOTICIA
