Sofía González hizo cumplir el Estado de Derecho y ordenó a Carabineros que desaloje a los pescadores que tenían tomado el terreno desde hace 3 meses, acción que iba en contra a lo planteado por Rodrigo Mundaca, quien se ha negado a su construcción.
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La toma del acceso a los terrenos donde se está construyendo la planta desalinizadora de la empresa Aguas Pacífico en Puchuncaví fue desalojada luego de tres meses de ocupación por parte de pescadores agrupados en la Federación Bahía Narau.
Fueron exactos 86 días los que los hombres de mar decidieron tomarse el terreno, como una forma de manifestar su rechazo a la ejecución del proyecto, del cual aseguran traerá graves consecuencias medioambientales a una zona ya fuertemente afectada por episodios de contaminación, pero esta vez –además– con daños en territorio marítimo.
Se trata del «Proyecto Aconcagua», cuya inversión es de US $1.000 millones, que consiste en la construcción y operación de una planta que produzca agua dulce que, luego de ser tratada, puede servir para el consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera. Para ello, ya cuenta con aprobación ambiental (RCA de 2018) y concesión marítima (Decreto Supremo de 2019).
A la iniciativa de la empresa Aguas Pacífico se suma la construcción de un acueducto de 105 kilómetros, que transportará el agua desalinizada desde la costa hasta la precordillera, a través de la cuenca del Aconcagua, cuya RCA data del año 2020.
Por un lado, el proyecto es ampliamente celebrado en comunidades rurales, por ejemplo de las comunas de Olmué y Limache, en la provincia de Marga Marga, que incluso ya firmaron un convenio con la empresa a cargo para contar con agua a precio subsidiado por medio del viaducto que se construirá. Y es que ven en esta iniciativa el cumplimiento de su antiguo anhelo de por fin contar con agua potable.
Pero por el otro lado están los pescadores de Quintero y Puchuncaví, quienes lo rechazan de plano, al punto de tomarse el terreno por donde se accede al sitio en el que se estaba construyendo la planta desalinizadora. Y es que la postura de los hombres de mar, como ya se dijo, es contraria al «Proyecto Aconcagua» debido a que temen que éste contamine aún más esta zona costera y afecte a su sustento económico.
Esta disyuntiva de debatirse entre la producción de agua potable desalinizada, versus el posible daño al medio ambiente de Quintero y Puchuncaví también tiene enfrentados al Gobierno con el Gobernador de Valparaíso. No obstante, con la decisión adoptada este jueves 3 de agosto, el 'gallito' al menos esta vez lo ganó el Ejecutivo, pues la orden provino justamente de la delegada presidencial regional, Sofía González.
En efecto, fue la máxima representante del presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso la que hizo cumplir la ley y ordenó el desalojo de los pescadores que se habían tomado el terreno hace 86 días, acción que iba en carril opuesto a la expresada por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien mostró de un inicio su rechazo a la obra.
"Yo me había comprometido, precisamente con la comunidad, de reunirme con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para presentarle algunas inquietudes y opiniones de los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, y más de 25 organizaciones socioambientales, justamente porque existen elementos para poder revocar la Resolución de Calificación Ambiental", había dicho Mundaca.
La decisión adoptada por la Delegada Presidencial representa un duro golpe político para el Gobernador Regional, pues en su constante lucha de sobrepasar a Sofía González en materia de atribuciones esta acción le dio donde más le duele, además de dejar en una nebulosa su férreo discurso de defensa por el agua, que esta vez debió ceder ante la existencia de un eventual daño medioambiental a la bahía de Quintero y Puchuncaví, y a pesar que el «Proyecto Aconcagua» ha cumplido con todos sus procesos.
El desalojo de la toma, materializada por Carabineros este jueves 3 de agosto, fue celebrado por la empresa de capitales brasileños que, a través de una declaración, manifestaron que "durante todo este tiempo, desde Aguas Pacífico, en conjunto con las autoridades, se han hecho todos los esfuerzos por establecer instancias de diálogo, alcanzar acuerdos, mesas de conversación y encontrar posibles vías de solución", agregando que "lamentamos que se haya llegado a esta instancia, luego de tantos intentos infructuosos por lograr acuerdos".
También recordaron la presentación ante la comunidad de una propuesta de seis puntos, de la que indicaron que "a pesar de no haber recibido respuesta, queremos reiterar a los sindicatos, la Federación Bahía Narau y a toda la comunidad de Quintero y Puchuncaví, que como empresa mantenemos esta propuesta vigente, así como nuestra convicción de trabajar juntos en las instancias que definamos entre las partes en un marco de respeto mutuo. Queremos ser activos promotores del desarrollo del territorio, y para ello es condición necesaria retomar nuestras obras en la planta desalinizadora, que implica además dinamizar el empleo y la economía local".
Con esta decisión, la planta desalinizadora en Puchuncaví podrá continuar su curso de construcción, recordando que se trata de una iniciativa de unos 1.000 millones de dólares, de los cuales ya se han invertido cerca de 300 millones de dólares en materia de ingeniería y permisos sectoriales y ambientales, según reconocieron desde la propia empresa Aguas Pacífico hace algunos días.
PURANOTICIA
