Enfrentados se encuentran nuevamente la máxima autoridad regional de Valparaíso con el Gobierno a raíz de la planta desalinizadora, cuya construcción se encuentra interrumpida debido a la toma que llevan a cabo pescadores hace casi 80 días en estos terrenos.
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La construcción de la planta desalinizadora de empresas Aguas Pacífico en Puchuncaví tiene nuevamente enfrentados al Gobierno con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Y es que mientras desde el Ejecutivo son de la postura de que "tiene que cumplirse el Estado de Derecho" respecto a la toma del terreno, que ya se extiende por 80 días; la máxima autoridad regional es partidaria de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto en cuestión.
El «Proyecto Aconcagua», cuya inversión es de US$ 1.000 millones, consiste en la construcción y operación de una planta que produzca agua dulce que, luego de ser tratada, puede servir para el consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera de la región. Para ello, ya cuenta con aprobación ambiental (RCA de 2018) y concesión marítima (Decreto Supremo de 2019). A esto suma un acueducto de 105 kilómetros, que transportará el agua desalinizada desde la costa hasta la precordillera, a través de la cuenca del Aconcagua, cuya RCA data del año 2020.
Por un lado, el proyecto es ampliamente celebrado en comunidades rurales de la región de Valparaíso, principalmente de las comunas de Olmué y Limache, en la provincia de Marga Marga, que incluso ya firmaron un convenio con la empresa a cargo para contar con agua a precio subsidiado por medio del viaducto que se construirá. Y es que ven en esta iniciativa su antiguo anhelo de por fin contar con agua potable.
Sin embargo, los pescadores de Quintero y Puchuncaví la rechazan de plano, al punto de organizarse e iniciar una movilización que terminó por tomarse el terreno por donde se accede al sitio en el que se estaba construyendo la planta desalinizadora, acción que ya se aproxima a los 80 días. La postura de los hombres de mar, agrupados en la Federación Bahía Narau, es contraria al «Proyecto Aconcagua» debido a que temen que éste contamine aún más esta zona costera y afecte a su sustento económico.
Esta disyuntiva de debatirse entre la producción de agua potable desalinizada versus la posible contaminación del medio ambiente también tiene enfrentados al Gobierno con el Gobernador de Valparaíso. La delegada presidencial regional, Sofía González, expresó sobre la toma que "como Gobierno, tenemos la definición y la convicción de que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro haber para hacer valer el Estado de derecho en el contexto que corresponda". Del proyecto en sí optó por evitar el conflicto al señalar que "a mí no me corresponde opinar acerca de cuáles son los distintos argumentos que tiene la empresa o el sindicato de pescadores".
En el lado opuesto se encuentra el gobernador Rodrigo Mundaca, quien llegó al cargo respaldado por su férrea defensa del agua, a través del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima). Esto permite deslizar la interrogante respecto a un posible doble discurso de la máxima autoridad en la región de Valparaíso, ya que por un lado siempre se ha manifestado a favor del acceso universal al agua, pero por otro no quiere esta planta desalinizadora que, según la normativa, ha cumplido con todos y cada uno de los pasos exigidos.
"Yo me había comprometido, precisamente con la comunidad, de reunirme con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para representarle algunas inquietudes y opiniones de los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, y más de 25 organizaciones socioambientales, justamente porque existen elementos para poder revocar la RCA", subrayó a radio Biobío el gobernador Mundaca.
También insistió en que siempre ha estado en contra del proyecto en Puchuncaví debido a los daños medioambientales que podría generar en este territorio ya sumamente contaminado. "Mi opinión es bastante conocida: no es posible seguir incrementando el sufrimiento ambiental. No es posible implementar una desalinizadora que, en la práctica, va a significar restituir sal al mar, afectando los recursos bentónicos y, por ende, comprometiendo la actividad productiva de la pesca artesanal", aseveró la primera autoridad regional.
Opinión similar fue la entregada por los pescadores de la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, quienes a través de una declaración manifestaron que no es cierto que la empresa Aguas Pacífico cuente con todos los permisos para iniciar la construcción de la planta desalinizadora.
Como contraparte, desde la empresa, su director de Sustentabilidad y Asuntos Públicos, Mauricio Alegría, manifestó a El Mercurio de Valparaíso que "reiteramos que el «Proyecto Aconcagua» cuenta con todos los permisos ambientales y autorizaciones sectoriales requeridas para las actividades y obras realizadas a la fecha y, además, cumple con los más altos estándares ambientales".
PURANOTICIA
