Fuerte resistencia ha tenido el «Proyecto Aconcagua», de Aguas Pacífico, tanto por pescadores como por parte de la comunidad de Puchuncaví y Quintero, quienes afirman que el proyecto causará aún más daño ambiental a esta zona de la región de Valparaíso.
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Controversia ha generado un proyecto que espera construir y operar una planta desalinizadora de agua de mar en la bahía de Puchuncaví, capaz de producir hasta 1.000 litros por segundo de agua dulce que podrá ser utilizada por empresas sanitarias para producir agua potable apta para el consumo humano, entre otros usos.
El «Proyecto Aconcagua», de Aguas Pacífico, consiste en la construcción y operación de una planta que produzca agua dulce multipropósito y multicliente que, luego de ser tratada, puede servir para el consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera de la región de Valparaíso. Para ello, ya cuenta con aprobación ambiental (RCA de 2018) y concesión marítima (Decreto Supremo de 2019).
También se considera la construcción de un acueducto de 105 kilómetros de largo, con cinco estanques de distribución, que transportará el agua desalinizada desde la costa hasta la precordillera, a través de la cuenca del Aconcagua, cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tiene una data del año 2020.
La iniciativa ha generado el rechazo de los pescadores de la bahía de Quintero y Puchuncaví, al punto que hace más de un mes los representantes de la Bahía Narau decidieron iniciar una toma en las afueras del terreno donde se emplazaría la planta desalinizadora. De hecho, la oposición al «Proyecto Aconcagua» ha significado que el Sindicato de Pescadores impidiera el ingreso de buques a la bahía porque aseguran que la iniciativa impactará a los ecosistemas costeros y a la pesca.
La Federación de Pescadores Bahía Narau expresó su preocupación por el desarrollo del proyecto, dando cuenta que la planta desalinizadora se instalará en una bahía que está "saturada" y que ha sido "golpeada durante décadas por la contaminación". De igual forma, indicaron que la iniciativa "va a llegar a matar lo que queda en la bahía".
Hugo Poblete, presidente de la Federación, señaló a Biobío que "llega esta desaladora, que viene a sacar de nuestra bahía 3 mil litros por segundo y a devolver alrededor de 3 mil litros por segundos de salmuera al mar", y agregó que "se nos prometió que no iban a llegar más empresas y en este momento está en construcción esta desaladora (…) Ni siquiera es para consumo humano, es para la gran minería".
Por su parte, la empresa Aguas Pacífico señaló que "esta planta es una solución real para la sequía que estamos viviendo. Tiene aprobados sus permisos ambientales y concesión marítima. También tiene acuerdos con sistemas sanitarios rurales para abastecer de agua a cerca de 30 mil personas y acuerdos con siete sindicatos de pescadores de la bahía. La sal es devuelta al mar en un proceso natural, porque el agua es salada".
En una arista legal del caso, el abogado Felipe Olea explicó que presentaron ante la Corte Suprema un recurso de protección que busca "que no se desarrolle ninguna obra en el borde de playa, porque la empresa no cuenta con los permisos suficientes para mover la tierra y mucho menos para poder acopiarla".
Y es que el máximo tribunal comunicó que admitió la acción judicial que pretende frenar la construcción de la planta desalinizadora en la bahía de Puchuncaví. Esto, luego que previamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo rechazara. Los hombres de mar argumentan que el proyecto en cuestión avanza sin los permisos necesarios, motivo por el cual indican que debe volver a evaluarse ambientalmente.
Otra crítica apuntada por los pescadores y parte de la comunidad de la bahía de Puchuncaví y Quintero es que buena parte del agua de mar que se busca desalinizar para destinarla al proyecto minero «Los Bronces», de Anglo American.
En ese sentido, Anglo American y Aguas Pacífico firmaron un acuerdo para que el 45% del consumo hídrico del «Proyecto Aconcagua» provenga justamente de la planta desalinizadora que se busca construir y operar en Puchuncaví.
Bajo este contexto, los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de los sectores de Granizo, Los Maitenes y Esperanzas de Agua, ubicados en Olmué y Limache, fueron los primeros en firmar un convenio con la empresa Aguas Pacífico, lo que les permitirá contar con agua a precio subsidiado por medio del viaducto de 105 metros de extensión, desde la bahía de Puchuncaví a la provincia de Marga Marga.
Claudio Pinto, presidente de la Cooperativa Granizo, manifestó a Biobío que "han habido atrasos porque hemos tenido problemas allá (en Puchuncaví) con los pescadores. Nosotros por un lado estamos rezando para que esto pase luego y los pescadores para que esto no siga. (...) Hay que ver el mal menor porque nosotros necesitamos ese proyecto. Ahora, si viene otro proyecto más adelante, bienvenido sea, pero en el más corto plazo es el de Aguas Pacífico, nos guste o no nos guste".
Finalmente, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expuso que "yo, como presidente del Comité Regional de Uso del Borde Costero lo he convocado para este miércoles a las 15:30 horas para hacer un análisis exhaustivo de la concesión marítima que se concedió el 2019 y ver si existe algún vicio que nos pudiera precisamente retrotraer esa decisión que se tomó el año 2018".
PURANOTICIA
