Polémica por el supuesto amiguismo político se instala nuevamente en el Frente Amplio a raíz de los millonarios traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, ambas representadas por cercanos a la parlamentaria RD.
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En el ojo del huracán se encuentra la actual vicepresidenta de la Cámara Baja, diputada Catalina Pérez Salinas, luego que se revelaran los polémicos convenios por montos superiores a los 426 millones de pesos suscritos entre la Fundación Democracia Viva, dirigida por su pareja, Daniel Andrade; y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuyo titular, Carlos Contreras, renunció este lunes 19 de junio al cargo.
Cabe hacer presente que las tres personas mencionadas forman parte de las filas de Revolución Democrática (RD), el partido más grande del conglomerado Frente Amplio.
La trama detrás de los fondos traspasados ha generado una presión política tan grande que incluso la parlamentaria decidió suspender sus funciones como Vicepresidenta de la Cámara de Diputados; esto, en medio de la amenaza de censura presentada por legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en contra de la Mesa.
La situación ocurrida en el norte –que está siendo investigada por el Ministerio Público– ha develado nuevamente un problema que el Frente Amplio, como conglomerado político, prometió acabar: el amiguismo en las esferas de poder, acción que se le enrostraba comúnmente a la "vieja política", pero en el que también han incurrido personeros del bloque, como la mencionada diputada Pérez, además de Jorge Brito Hasbún (RD) y Diego Ibáñez Cotroneo (CS), parlamentarios de la región de Valparaíso que han llevado sus redes a los municipios de Viña del Mar y Quilpué, respectivamente.
Este posible conflicto de interés suscitado por los convenios firmados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta tienen como punto de encuentro a Catalina Pérez, ya que el ex seremi Carlos Contreras fue jefe de gabinete de la parlamentaria entre junio de 2020 y junio de 2021, además de ser tesorero de Revolución Democrática luego que la legisladora dejara la presidencia de esta tienda.
En tanto, el representante de la fundación que se encuentra en el ojo del huracán es nada más ni nada menos que Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez y amigo del renunciado Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo.
Con el tema explotando en todos los medios de comunicación, y ante la presión incesante de representantes de la oposición, la diputada Catalina Pérez salió al paso de lo sucedido utilizando una vez más el eslogan de la vieja política: "La ciudadanía exige estándares de probidad y transparencia distintos a los que hemos visto en la política en el pasado. Por lo mismo, la acción del Frente Amplio, del oficialismo, debe ser distinta también. La elevación de los estándares debe ser distinta", dijo.
Según consta en el Registro de Colaboradores del Estado, el primer traspaso de fondos ocurrió el 3 de octubre de 2022, por $200 millones; seguido por los $170 millones del 27 de octubre de 2022; y por los últimos $56 millones del 19 de diciembre de 2022.
¿Y cuál era el motivo de estas donaciones? Implementar y ejecutar una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios en los territorios donde viven; esto, para mejorar su estándar de habitabilidad en el cort plazo, mediante obras básicas de carácter transitorio, además de acciones que fortalezcan las capacidad acerca de la salubridad y la seguridad de los respectivos territorios.
En la previa a la entrega de los recursos, dos meses antes para ser exactos, los amigos Andrade y Contreras concertaron una reunión, a través de la Ley Lobby, para dar a conocer el trabajo de la Fundación Democracia Viva. Este fue el paso clave para que 54 días después se materializara el primer traspaso, según consta en Hacienda.
Otra muestra de que el eslogan frenteamplista de "acabar" con los pitutos y el amiguismo en la política no siempre son cumplidos por sus propios dirigentes, la dio el diputado Jorge Brito Hasbún (RD), quien tuvo como asesora durante su primer período parlamentario a la licenciada en Ciencias Jurídicas, Macarena Ripamonti.
Y es que hoy como Alcaldesa de Viña del Mar, la militante de Revolución Democrática tiene en su círculo más cercano a personas como Camila Brito Hasbún, ingeniera comercial titulada el año 2017 que se desempeña en Alcaldía (y, por cierto, hermana del diputado Brito); Leonardo Rissetti Morales, ex administrador municipal y hoy abogado en Alcaldía quien, si bien, no ha trabajado directamente con Brito, sí es uno de los del círculo cerrado de Ripamonti y ex asesor de las principales figuras de RD como el entonces diputado Giorgio Jackson y el senador Juan Ignacio Latorre.
Los vínculos de Jorge Brito en el autodenominado «Municipio de Cuidados» también incluyen a la directora jurídica, Hiam Ayllach Díaz, quien es pareja del ex convencional Jaime Bassa, estrecho ex colaborador del parlamentario RD en el Congreso Nacional. De hecho, fue Brito el que denunció el impasse que enfrentó el académico cuando fue increpado por no utilizar corbata en la Comisión de Defensa de la Cámara.
Otro de los integrantes del círculo de hierro de Macarena Ripamonti es Patricio Rojo Nayem, periodista de Alcaldía, ex compañero de la hoy Alcaldesa de la Ciudad Jardín, con quien trabajó asesorando al Diputado de Revolución Democrática.
A él se suma Paulina Mardones Barbieri, socióloga que comenzó trabajando en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) pero que hoy también integra el núcleo cerrado de la jefa comunal en Alcaldía. La profesional, a su vez, es pareja de Rodrigo Castro Marín, administrador del estadio Sausalito (aunque en el Municipio lo reconocen como Subdirector de Deportes, cargo que, por lo demás, no existe como tal), y quien colaboró ya sea en forma directa o indirecta en la campaña parlamentaria de Jorge Brito.
Cabe hacer presente que a estos nombres se suman otros como el de Janna Sakalha Díaz, ex coordinador de la planificación del comité técnico de la Municipalidad; y el de Jorge Cea Valencia, ex gerente general de la Corporación Municipal. Estos dos ex funcionarios también fueron estrechos colaboradores de Jorge Brito.
Tras el gran batacazo que dio el Frente Amplio en la Elección Municipal de 2021, instalando a representantes de este conglomerado en ciudades como Quilpué, Casablanca, Villa Alemana y Valparaíso (estos dos últimos con alcaldes que formaron parte de dicho bloque), la conformación de sus respectivos equipos municipales tuvo en el centro del huracán a la alcaldesa quilpueína Valeria Melipillán Figueroa y al diputado Diego Ibáñez Cotroneo, pues muchos de los funcionarios municipales trabajaron para el legislador y hoy presidente de Convergencia Social (CS).
Dos de esos ejemplos son el de Christofer Gepp Torres, que antes de ingresar al Municipio de Quilpué como profesional de gestión ambiental, figuraba en la lista de personal de apoyo del diputado Diego Ibáñez en el Congreso Nacional. El segundo caso es el de Mauricio Moran Escudero, quien se desempeñó como asesor de gabinete de la alcaldesa Melipillán, pero que previamente también fue contratado por el Diputado del Frente Amplio en diciembre de 2021.
A estos casos se suma el de la periodista Camila Lucero Collao, quien antes de llegar a Comunicaciones de la Alcaldía de la Ciudad del Sol, fue asesora del parlamentario de Convergencia Social en el Congreso. Hoy, en tanto, se desempeña en Migraciones.
También se suma a este listado el nombre de Sebastián Jiménez Catalán, que aparecía en Transparencia de la Cámara de Diputados como trabajador de Diego Ibáñez, cargo que ocupó antes de desempeñarse como profesional del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Quilpué.
Para el último, quizás uno de los casos más significativos: el de Víctor Ramos Muñoz, el histórico jefe de gabinete del diputado Diego Ibáñez, quien tras dejar sus labores en la Cámara Baja llegó como Secretario a la Corporación Municipal de Quilpué. Hoy, en tanto, trabaja en el Ministerio del Interior como encargado del plan «Buen Vivir».
PURANOTICIA
