El abogado Juan Carlos Manríquez indicó a Puranoticia.cl que esperan que por los cambios que se van a producir tras solicitud directa de la familia a la Fiscalía Nacional, "varias personas puedan ser citadas en calidad de imputados" en esta enigmática causa con origen en Limache.
La enigmática desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años extraviada el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas, continúa generando tensión en Limache y a nivel nacional. A más de un año y medio del hecho, no existe ningún rastro concreto sobre su paradero, situación que mantiene a la familia en un estado de profunda incertidumbre y frustración por la falta de resultados en la investigación.
En este escenario, la causa llegó nuevamente a la Fiscalía Nacional, donde la familia de la víctima sostuvo una reunión con tres de sus más altos funcionarios para revisar el avance del caso, las dudas instaladas sobre el proceso y los pasos que podrían adoptarse para corregir lo que la familia considera deficiencias graves en las diligencias realizadas hasta ahora, ya sea por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) como del fundo.
Fue en este contexto en que el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia Contreras y Hernández, expuso ante Puranoticia.cl una de las solicitudes centrales planteadas: cambiar a los equipos investigadores y sacar a la policía civil del caso. Cabe recordar que sobre los detectives recaen acusaciones por omisiones, entregas parciales de información y afirmaciones consideradas derechamente falsas, además de un eventual vínculo con los dueños del fundo donde desapareció la adulta mayor.

"Estuvimos en la Fiscalía Nacional, donde recibimos la preocupación personal del fiscal nacional, a través de tres de los más altos funcionarios de la Fiscalía. Nosotros solicitamos varias cosas, dentro de ellas, eventualmente, modificaciones en los equipos investigadores, y eso lo tiene que dar a conocer la Fiscalía pronto. Yo creo que ahí van a haber cambios y cambios significativos", adelantó Manríquez.
También repasó la molestia familiar con la PDI, señalando que "el día en que se debía ir a retirar evidencia clave de grabaciones de 24 horas, la persona que tenía que ir llegó un día después y con un pendrive inservible. Llegaron sin ningún material de apoyo. Luego fueron a buscarlos dos meses más tarde. Y en diciembre, cuando logramos tener acceso a la evidencia –porque se había decretado secreto– toda la información grabada se había sobregrabado y se había eliminado en septiembre de 2024".
En ese sentido, el jurista también planteó que un eventual cambio de Policía podría destrabar la investigación y permitir que por fin comience a estrecharse el cerco, abriendo paso a la obtención de nuevos antecedentes sobre lo que realmente ocurrió el 12 de mayo de 2024. A su juicio, ello incluso facilitaría la toma de declaraciones relevantes que podrían derivar en eventuales imputaciones dentro de la causa.
"Estamos cierto de que falta muy poco para que una eventual mal entendida solidaridad se rompa, porque tenemos tal nivel de confrontación y acreditación de mentiras en esta causa, que esperamos que por los nuevos cambios que se van a producir, ya definitivamente varias personas puedan ser citadas en calidad de imputados", sostuvo el abogado Juan Carlos Manríquez en relación a este posible vínculo que existiría entre la Policía de Investigaciones y los dueños del fundo.

El abogado también solicitó a la Fiscalía Nacional la creación de un canal de denuncias protegido para testigos, con el fin de que personas con información puedan entregarla con resguardo y sin temor a represalias en su contra. La convicción transmitida es que este mecanismo permitirá desbloquear datos que siguen ocultos y que, tarde o temprano, permitirán llegar a la verdad sobre el paradero de María Ercira.
"Una persona en esas circunstancias, de más de 80 años, físicamente disminuida, bien pudo haber sido asustada en extremo o incluso haber sido topada por algunos de estos mismos vehículos sin darse cuenta. Entonces la gente llega y lo entiende mal, se asusta, cuando en realidad, si el asunto hubiera sido un cuasidelito de lesiones o homicidio, y eso es explicable, nosotros lo podemos comprender. Por eso lo que quiere la familia es verdad y le hemos perdido a la Fiscalía Nacional que abra un canal de denuncias, dándole protección al testigo para que diga la verdad, porque nosotros vamos a llegar a ella más temprano que tarde. Entonces, si alguien quiere colaborar, mejor que lo diga ahora, porque también se van a sumar otras acciones", sentenció.

En cuanto al desempeño del fiscal de Limache, Guillermo Sánchez, el abogado de la familia de María Ercira sostuvo que no consideran adecuado pedir su reemplazo. A su juicio, el persecutor ha trabajado con buena fe y ha hecho los esfuerzos que están a su alcance, pero creen que habría sido perjudicado por factores externos que aún no están del todo claros. Por lo mismo, indicó que otros de los objetivos ahora es esclarecer quiénes pudieron interferir o afectar su labor dentro de la investigación.
Como cierre, Juan Carlos Manríquez remarcó que la familia seguirá impulsando todas las acciones necesarias para que el caso avance con mayor claridad y rigor. Afirmó que no descansarán hasta obtener respuestas concretas sobre lo ocurrido en el fundo Las Tórtolas, insistiendo en que las falencias detectadas deben ser corregidas con urgencia, lo que -a su juicio– podría comenzar con un cambio en el equipo investigativo.
PURANOTICIA