Cartera expresó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que tanto el Minvu como el Serviu "carecen de atribuciones legales para la constitución de albergues transitorios", planteando que los dueños del terreno deben también proponer un plan de desalojo y cierre.
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El pasado 15 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó al Ministerio de Vivienda, a través de su Secretaría Regional Ministerial (Seremi), que informara detalles acerca de la solicitud de desalojo inmediato de la megatoma en San Antonio, respuestas entregadas en un documento de 22 páginas al que accedió Puranoticia.cl.
Como consideración general, vale recordar que el fallo de la Corte Suprema establecía una serie de medidas ante el eventual desalojo, como la coordinación entre los municipios de San Antonio y Cartagena con las carteras de Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, para implementar un albergue para las familias.
No obstante, a requerimiento del propietario, el desalojo se suspendió por seis meses, a contar de febrero de 2025, debido a que se logró un protocolo de acuerdo para buscar una salida alternativa al problema que enfrentan las 4 mil familias que habitan el lugar. Esto, considerando que un desalojo podría causar una verdadera crisis humanitaria.
Así es como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se involucra activamente en el proceso, ayudando a construir una solución a través de una Comisión Técnica encargada de reportar sobre condiciones de venta, precio y garantías para la posible venta del predio. En este contexto surge la propuesta de constituir cooperativas cerradas de vivienda, donde las familias sean las principales compradoras de los terrenos.
Las cooperativas conformadas definieron un plan de ahorro, donde cada familia iniciaba con una cuota de $200.000 en febrero y, desde abril, un ahorro mensual de entre $50.000 y $100.000. Luego, al momento de ir construyendo el financiamiento del modelo del Minvu, se solicitó a los socios contar con $1.500.000 a diciembre como pie.
Pero a pesar de los avances alcanzados, la Comisión Técnica terminó su trabajo el 3 de septiembre sin lograr un acuerdo; esto, debido a que los representantes de los dueños del terreno de 215 hectáreas no aceptaron la propuesta presentada. Así, tras 17 sesiones, el Minvu reparó en las dificultades, como la discrepancia de parte de los propietarios respecto a los plazos de la operación y condiciones comerciales .
Bajo este contexto, se puso el acento en las diferencias sobre el valor de tasación de los terrenos, donde el ofertado por los dueños se sustenta –según el documento firmado por la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes– en informes que no están técnicamente validados por la cartera. En ese sentido, las principales observaciones técnicas a la tasación de los propietarios radican en aspectos metodológicos, donde la más relevante es la falta de ajustes para factores como el tamaño, ubicación y características técnicas de habilitación de los terrenos.
De esta manera, la diferencia en los valores presentados ante la Comisión Técnica eran de 0,22 uf/m2 y 0,4 uf/m2, lo que se traduce en más de 15 mil millones de pesos ($15.000.000.000). Frente a ello, el Ministerio de Vivienda propuso alternativas justificadas, sin embargo esta fueron rechazadas por los dueños, que no presentaron más opciones ni propuestas. Esto "impidió avanzar" a un valor o rango de consenso, según dio a conocer la Secretaría de Estado en su respuesta a la Corte de Valparaíso.
La propuesta del Ministerio consistía en acceder a una nueva tasación de la cartera (encargada o validada por ellos) o la tasación definida por el financista, incluyendo todos los insumos elaborados y presentados en la Comisión Técnica
Respecto a las condiciones fijadas por los dueños para la venta, la seremi Paredes indica al tribunal de alzada porteño que "existen condiciones de borde fijadas por los propietarios que dificultan la adquisición en los términos propuestos", las cuales dicen relación con la magnitud de la operación, pues se trata de una superficie de 2.157.441,80 m2 (215 hectáreas), el cual –de acuerdo a los términos fijados en el protocolo de acuerdo– "debe ser enajenado como una sola unidad en un solo acto".
La conclusión a la que arribó la cartera es a que dicha condición "fija una barrera de entrada para la operación", desde la perspectiva de la capacidad de pago de las familias, plazos factibles, y también desde la perspectiva de cualquier ente financista.
Otro problema esgrimido tiene que ver con el financiamiento, ya que los dueños del predio en el cerro Centinela exigieron certezas respecto a que la operación será financiada por Banco Estado. Ante ello, la Seremi de Vivienda informó a la Corte que "hay un trabajo con el Banco Estado para estructurar una solución de financiamiento, pero ello depende sin lugar a duda de la definición del precio de mercado".
Otra condición planteada por los propietarios dice relación con la entrega del Ministerio de Vivienda de una garantía financiera eficaz y eficiente para compensarlos económicamente en caso de que la compraventa no se materialice. No obstante, la cartera expuso en reiteradas ocasiones ante la Comisión Técnica que "no existe habilitación legal para que el Minvu pueda concurrir de la forma requerida".
En síntesis, desde la cartera aseguraron que "han puesto todos sus esfuerzos en lograr una solución alternativa al desalojo que, esencialmente, se materializa en un modelo orientado a una solución innovadora y alternativa"; que "seguimos buscando un acuerdo con los propietarios"; y que, de no lograrse un acuerdo,"tanto el Minvu como el Serviu carecen de atribuciones legales para la constitución de albergues transitorios y no cuenta con glosa presupuestaria suficiente y específica para apoyar esta tarea".
De igual forma, plantearon que es importante que se considere que los dueños del terreno de la megatoma en San Antonio deben proponer un plan de desalojo y cierre, ya que el auxilio de la fuerza pública "es un concepto delimitado de actuación", lo cual no exime al particular de su responsabilidad como propietario del predio en cuestión.
Por su parte, el reporte del Ministerio de Vivienda sobre el cierre de la Comisión Técnica concluye señalando que, en caso de no obtenerse el acuerdo entre las partes, "se sugiere que la orden de desalojo se mantenga suspendida durante tres meses", para implementarla adecuadamente, de manera razonable y paulatina, conforme a las reglas definidas por el Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial.
Con este escenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo recalcó en el documento al que accedió Puranoticia.cl que, pese a los obstáculos surgidos en la negociación con los propietarios, mantendrá sus gestiones para concretar un acuerdo que evite un desalojo masivo; sin embargo, ante la falta de avances, abrió la opción de solicitar que la orden de desalojo se prorrogue por tres meses, con el fin de contar con un plazo adicional que permita encauzar una solución definitiva para las familias del cerro Centinela.
PURANOTICIA
