Inmobiliaria y Constructora San Antonio sostuvo que "el Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional"
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La Inmobiliaria y Constructora San Antonio activó la solicitud de desalojo de la megatoma en terrenos de su propiedad, en el cerro Centinela, debido a que no han podido llegar a acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en torno al valor a pagar por el sitio.
Los propietarios del terreno, Ricardo Posada y Carlos Solari, resolvieron dar curso al desalojo aprobado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y ratificado posteriormente por la Corte Suprema en marzo pasado, cuyo plazo se venció el 27 de agosto. Desde entonces se está negociando un precio.
Sin embargo, tras el fracaso en la última negociación entre el Minvu y los dueños del predio de 260 hectáreas, la inmobiliaria señaló que "el Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional".
"Lamentamos la actitud del Ministerio de la Vivienda, que ha dilatado durante más de seis meses las conversaciones técnicas, sin proponer ninguna alternativa viable de solución para la empresa y para las personas que mantienen una ocupación ilegal de nuestro terreno a lo largo de seis años, desde octubre de 2019", indicaron.
De igual forma, recordaron que un acuerdo de febrero pasado establecía que se debía llegar a acuerdo en el precio, en las condiciones de venta y en una garantía.
"Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna", afirmó.
"El ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses", añadió.
"Hoy quiere ponerse el foco en el precio, haciendo aparecer a los privados como intransigentes, por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno. Esperamos que impere el Estado de Derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad", concluyó la inmobiliaria.
De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el Gobierno ofrece 0,21 UF por el metro cuadrado, mientras los dueños pretenden 0,4 UF por este espacio en la megatoma donde viven más de 10.000 personas.
PURANOTICIA
