Juicio por reconstrucción en El Olivar podría extenderse por años y prolongar el calvario de las familias que claman por sus viviendas
El abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, advirtió en Puranoticia.cl que el juicio por las viviendas reconstruidas tras el megaincendio de 2024 podría extenderse hasta después del actual Gobierno. "Es gravísimo lo que está ocurriendo", afirmó.
Jueves 8 de octubre de 2026 13:47
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El drama que siguen viviendo las familias de El Olivar, en Viña del Mar, está lejos de encontrar un punto final. A más de dos años del megaincendio que destruyó sus hogares, la reconstrucción de sus viviendas permanece atrapada en una disputa que ahora suma un nuevo capítulo tras conocerse el peritaje judicial encargado por el 2º Juzgado Civil de Valparaíso, el cual cuestionó que las principales anomalías detectadas en las obras sean atribuibles a la ejecución de la constructora San Sebastián y las vinculó al diseño y cálculo del proyecto aprobado por el Serviu. Sin embargo, el Minvu rechazó esas conclusiones y cuestionó el alcance técnico de la pericia.
En medio de este escenario, el abogado Jaime Barrientos, representante de la empresa constructora removida de El Olivar, advirtió que la controversia recién comienza a transitar por las distintas etapas del proceso civil y que, si la causa sigue su curso completo, podría extenderse más allá del actual Gobierno. Para las familias que siguen esperando una solución habitacional definitiva, eso abre un escenario especialmente duro: la posibilidad de que deban continuar esperando al menos tres años y medio más antes de conocer una sentencia que permita despejar el futuro de sus casas.
"Vamos a rendir prueba latamente una vez terminada la fase de discusión en el proceso civil. Estamos recién en los escritos de contestación, luego viene la réplica, la duplica. Así que nos queda un largo camino judicial todavía, sin perjuicio de que yo me imagino que en algún minuto esto será ponderado por las autoridades a nivel central, que revisarán el expediente, el mérito del mismo, y que posteriormente abrirán espacios de conversación", expresó el profesional de las leyes a Puranoticia.cl.
Luego, planteó categóricamente que "si este juicio se tramita completamente, yo creo que va a terminar el Gobierno antes de que se dicte sentencia". La posibilidad de que el litigio se prolongue durante los próximos años vuelve a poner el foco en quienes están al medio de la controversia: las familias damnificadas que esperan recuperar una vivienda después de haber perdido sus hogares en el megaincendio de 2024 que, además, dejó 138 fallecidos. Para ellos, cada nueva disputa administrativa o judicial significa mantener pendiente una solución que ya acumula años de espera.
Considerando el tiempo que podría transcurrir sin una solución habitacional para estas familias, el abogado señaló sin titubeos que "es gravísimo lo que está ocurriendo".
DEMOLICIONES
Una de las interrogantes que abrió el nuevo escenario es qué ocurre ahora con las viviendas que permanecen prácticamente finalizadas en su construcción y que fueron consideradas dentro del proceso de demolición impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde la perspectiva de Barrientos, el término de la pericia judicial modifica las restricciones que existían respecto de la destrucción de la evidencia.
"La pericia ya está terminada, por lo tanto la restricción sobre la demolición –desde nuestra perspectiva– ahora no rige. Sin embargo, hay otro tema muy interesante y muy relevante, que está también siendo revisado por la Contraloría y es la pertinencia del otorgamiento de permisos de edificación sobre permisos ya concedidos".
Luego agregó que "hoy día no hay una restricción judicial para demoler. Desde mi perspectiva, hay una restricción en cuanto a las competencias que tiene el ministerio para ordenar una demolición, y esas dudas fundadas no las he planteado solamente yo, sino que las ha planteado el propio abogado del Serviu de la región de Valparaíso".
Asimismo, explicó que "ese acto administrativo que ordene la demolición es de dudosa legalidad y lo ha planteado así el propio Serviu. Hay un oficio de abril en el que deja expresa constancia de no estar seguro de si el ministro y el ministerio tienen facultades para disponer la demolición. Es un oficio muy claro en el que el jefe jurídico del Serviu le consulta al director de Obras Municipales si tiene facultades para demoler. Ese oficio no ha sido respondido y la respuesta, si llegase, es clarísima: las facultades para demoler están radicadas en el municipio, no en el ministerio".
"MINISTRO AVASALLADOR"
El peritaje judicial conocido esta semana introdujo una mirada distinta sobre el origen de las observaciones. De acuerdo al informe, las principales anomalías fueron relacionadas con el diseño, cálculo estructural y formulación del proyecto aprobado por el Serviu, sin establecer defectos de ejecución atribuibles a la constructora. El Minvu, sin embargo, rechazó las conclusiones y sostuvo que el propio peritaje reconoce que la revisión de la ingeniería y la memoria de cálculo no formó parte de la pericia, por lo que, a juicio de la cartera, sus conclusiones no permiten determinar que las viviendas sean seguras ni que las deficiencias puedan ser subsanadas.
En ese contexto, Barrientos invitó al ministro Iván Poduje a que "debería leer el contrato y aplicar el contrato, no su voluntad. El contrato era muy claro: decía que si es que hay algún defecto o si es que hay alguna mejora, debe requerirla formalmente a la constructora y la constructora está obligada a ejecutarla. Eso es lo que decía el contrato y es lo que dice la norma vigente. El ministro no aplicó el contrato ni aplicó la ley, y ahí estuvo uno de los tantos errores que ha cometido".
Finalmente expuso que "me parece que es un ministro que no escucha, es un ministro avasallador, que actúa por sobre la ley, actúa pretendiendo tener la razón siempre y eso es todo lo contrario a la política, porque la política es diálogo, es conversación y los resultados lamentablemente están a la vista: hay una obra que está paralizada y hay un Gobierno que no está teniendo los niveles de popularidad que a todos nos gustaría. Yo soy una persona que adscribe al ideario de este Gobierno. En este caso yo estoy actuando como abogado, mi rol es técnico, no político".
Con la disputa entre las partes vigente, el abogado de la constructora manifestó que "tenemos mucha confianza en que la razón finalmente se va a terminar imponiendo. Los procesos son largos, pero aquí tenemos una prueba muy contundente en favor de la constructora, que dice que el diseño fue aprobado por el Serviu, es decir por el Estado de Chile, y que la constructora ejecutó exactamente lo que el Serviu le dijo que ejecutara. Por lo tanto, si el ministro entiende que hay alguna responsabilidad, debe buscarla en el Serviu, no en la constructora".
Así, mientras las partes preparan una nueva etapa del litigio, el problema de fondo sigue siendo el mismo para las familias de El Olivar: sus viviendas continúan formando parte de una controversia que, lejos de resolverse con el nuevo peritaje, amenaza con prolongar todavía más una espera que comenzó con el megaincendio de febrero de 2024. Para quienes perdieron sus casas y todavía esperan una solución definitiva, la posibilidad de que la respuesta judicial llegue recién el 2030 representa un nuevo golpe en un proceso de reconstrucción que ya se ha extendido 32 meses.
PURANOTICIA
