El diputado Luis Cuello, junto a la concejala Alicia Zúñiga y dirigentes sociales, aseguraron que el argumento de que habría una inhabilidad del Gobierno Regional y del Municipio de Valparaíso obedece a una errada interpretación del ordenamiento jurídico.
visitas
Luego que la Fundación Defendamos la Ciudad solicitara un pronunciamiento a la Contraloría General de la República en torno a la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso», la entidad fiscalizadora solicitó al Gobierno Regional (Gore), al Municipio y a la Empresa Portuaria (EPV) que envíen sendos informes jurídicos para estudiar el caso.
Esta situación tiene en jaque este compromiso que busca generar una relación entre el puerto y la ciudad, que se materialice en una ampliación de la infraestructura portuaria, mayores accesos al borde costero de la ciudad, espacios deportivos y recreativos y fortalecimiento del sistema ferroviario de carga, entre otros aspectos.
En ese sentido, el elemento orientador del acuerdo es el reconocimiento de la vocación portuaria de la ciudad y la región de Valparaíso, el significado del puerto de Valparaíso como base de su actividad económica y de constituir una importante fuente de empleo.
En cuanto a la cuestionada legalidad del «Acuerdo por Valparaíso», la fundación denunciando sostiene específicamente en el punto de la ampliación de la infraestructura portuaria, que ésta requiere de aprobación ambiental por parte de un órgano que es integrado y liderado por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, justamente uno de los firmantes acuerdo. Y es que la máxima autoridad regional integra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (Coeva), instancia que justamente es la encargada de calificar ambientalmente el proyecto TCVAL.
Es por ello que la Fundación Defendamos la Ciudad recordó ante la Contraloría General de la República que el principio de probidad exige a la autoridad administrativa, en el cumplimiento de sus funciones, la "adopción de decisiones razonables e imparciales, de manera que impone límites a sus actuaciones".
Y es que con toda esta controversia aún en "veremos", el diputado Luis Cuello (PC), junto a la concejala Alicia Zúñiga; el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, Isaac Alterman; y el dirigente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Alexis Antinao; presentaron en la Contraloría Regional un “téngase presente” para defender el «Acuerdo por Valparaíso».
El diputado Cuello recordó que la formulación de una política pública por parte de los órganos de la Administración se entiende siempre sujeta al cumplimiento de las normas legales y constitucionales y al ejercicio de controles institucionales; y agregó que la pretensión de los requirentes, en orden a plantear que se configura una inhabilidad del Gore y del Municipio de Valparaíso por el sólo hecho de haber concurrido al acuerdo y que la ejecución de algunos de sus aspectos deba someterse a procesos de calificación ambiental, responde a una errada interpretación del ordenamiento jurídico.
"Como es de público conocimiento, una organización presentó un requerimiento ante la Contraloría, pidiendo que se declare la ilegalidad del «Acuerdo por Valparaíso». Ellos cuestionan la expansión portuaria, la ampliación del Puerto, alegando argumentos que –a nuestro juicio– son completamente errados. Lo principal acá es defender el «Acuerdo por Valparaíso», ya que Valparaíso es una Ciudad Puerto, su característica y su identidad está en la actividad portuaria, que es la que le da riqueza a la actividad económica, da empleo”, sostuvo el parlamentario.
También planteó que resulta errado argumentar la pérdida de imparcialidad de un órgano de la Administración por haber expresado, a través de sus titulares, la decisión de impulsar una política o un proyecto como el examinado. Así es como recordó que lo que la ley establece es el deber de abstención del funcionario que esté afectado personalmente por un conflicto de interés, lo que resulta inequívoco de la redacción del artículo 62 número 6 de la Ley N° 18.575.
Ante la consulta de Puranoticia.cl sobre qué podría haber detrás de la intención de que se declare la ilegalidad del «Acuerdo por Valparaíso« y dejarlo sin efecto alguno, el parlamentario comunista manifestó que “considero legítimo que las personas puedan expresar sus inquietudes, sus diferencias. Sería deseable que esa defensa sea fundamentada, desde el punto de vista de qué es lo que se pretende, cuáles son los intereses. No creo que sólo sea echar abajo un acuerdo que beneficie a la ciudad y, eso, creo que no está lo suficientemente transparentado”.
Antinao respaldó el “Téngase Presente” ante la Contraloría indicando que “la ampliación del Puerto permitiría aumentar no sólo el tema de la transferencia de carga, sino también incrementar la cantidad de trabajadores que se van a requerir no sólo en la construcción, sino que de manera permanente al ampliarse la cantidad de sitios”.
Por su parte, la concejala Alicia Zúñiga (PC) dijo que “este acuerdo se construye, prácticamente, como un Acuerdo de Estado, pero el tema central más allá de la expansión portuaria tiene que ver con cómo los puertos retribuyen a los ciudadanos. En ese sentido, lo imperativo en esta ciudad que necesita tantos recursos, es que se logre que esos recursos entren a la ciudad y que no esté circunscrito a lo que tiene que ver con la licitación próxima del Puerto, a esperar al año 2030”.
PURANOTICIA
