Fundación Defendamos la Ciudad solicitó un pronunciamiento a la Contraloría respecto a la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso», que no tan sólo lo acogió, sino que también le solicitó informes jurídicos al Gobierno Regional, la Empresa Portuaria y al Municipio.
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En incertidumbre se mantiene el futuro del «Acuerdo por Valparaíso», documento donde instituciones como el Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) se comprometen a avanzar en una serie de iniciativas con el objetivo de generar una nueva relación puerto - ciudad.
Entre los consensos adquiridos están una ampliación de la infraestructura portuaria, mayores accesos al borde costero de la ciudad, espacios deportivos y recreativos, además del fortalecimiento del sistema ferroviario de carga, entre varios otros.
Pero el acuerdo firmado en octubre de 2023 podría caerse, luego que la Fundación Defendamos la Ciudad acudiera a la Contraloría denunciando ilegalidad en el mismo; esto, considerando que una de las acciones comprometidas (el de la ampliación de la infraestructura portuaria en Valparaíso) requieren de aprobación ambiental por parte de un órgano que es integrado y liderado por uno de los firmantes del documento.
"Dichos compromisos se acuerdan en el contexto de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto denominado TCVAL, actualmente en tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde participan emitiendo informes el Municipio, la Gobernación y los diferentes Seremis de Gobierno, entes que también adhieren al acuerdo aludido", señala la entidad en el documento presentado ante el órgano fiscalizador.
Y es que en específico, el gobernador Rodrigo Mundaca –junto a seremis– integran la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (Coeva), instancia que justamente es la encargada de calificar ambientalmente el proyecto TCVAL. También recuerda la fundación denunciante que el principio de probidad exige a la autoridad administrativa, en el cumplimiento de sus funciones, la "adopción de decisiones razonables e imparciales, de manera que le impone límites a sus actuaciones".
En ese sentido, expusieron ante Contraloría que "los entes en comento pretenden vincularse jurídicamente, aun cuando la posibilidad de que se produzca el conflicto sea solamente potencial" y que los compromisos adquiridos "poseen la calidad suficiente para afectar la debida imparcialidad durante el procedimiento de aprobación ambiental del proyecto TCVAL, en la cual, según la normativa de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, le cabe participar obligatoriamente".
Frente a estos antecedentes, la Contraloría General de la República se pronunció solicitándoles sendos informes jurídicos respecto de la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso» a la Municipalidad, a la Gobernación Regional y a la Empresa Portuaria, instituciones que deben dar respuesta en 10 días hábiles.
Luego de conocida la solicitud de informes jurídicos a estas tres entidades por parte de la Contraloría, Puranoticia.cl tomó contacto con la Gobernación Regional (Gore) de Valparaíso para conocer su pronunciamiento respecto de este conflicto que tiene en peligro el «Acuerdo por Valparaíso», tan anhelado por el gobernador Rodrigo Mundaca.
Y desde la Unidad de Fiscalía del Gore de Valparaíso comenzaron indicando que "debemos hacer presente que el denominado «Acuerdo por Valparaíso» constituye una manifestación de voluntad política de diversas instituciones, servicios, entidades y actorías, en miras a mejorar el desarrollo de la Ciudad Puerto, con acento en la descentralización fiscal y la mejora de la vida de los habitantes de la región".
Esto –agregaron desde la unidad del Gore– de tal manera de "impulsar la actividad portuaria, siempre dentro de los procesos y procedimientos que establece la normativa vigente, amparados en el principio de coordinación que rige el actuar de los servicios públicos, y sin que ello implique una vulneración a las normas de probidad ni –menos aún–- que signifique soslayar o condicionar los procedimientos ambientales a los cuales deben someterse los proyectos respectivos".
Dicho lo anterior, la Fiscalía del Gobierno Regional aseguró a Puranoticia.cl que "a la fecha no hemos sido notificados formalmente de la presentación realizada ante la Contraloría General de la República y, por tanto, desconocemos los antecedentes y fundamentos en que se ampara dicha impugnación hacia el mencionado acuerdo".
A diferencia de lo expresado por la Gobernación Regional, desde la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) aseguraron que enviarán la información solicitada por la Contraloría General de la República en torno a la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso».
La compañía informó en primer lugar que, "el «Acuerdo por Valparaíso», iniciativa que reúne los consensos alcanzados tras un extenso proceso de diálogo con representantes de las diversas vocaciones que conviven en Valparaíso, concilia las voluntades en torno a una mirada de desarrollo de la actividad portuaria y su vínculo con la ciudad y la región, a través de compromisos que hemos asumido como empresa portuaria y en los que estamos trabajando".
Por último, expresaron que "nos asiste la convicción de estar actuando dentro de los marcos jurídicos y por el bien de la ciudad y la región. En este contexto, enviaremos la información solicitada por la Contraloría General de la República".
Vale hacer presente que tanto el Gore de Valparaíso, como EPV y la Municipalidad porteña tienen un plazo de 10 días hábiles para enviar la solicitud de información requerida por la Contraloría, tiempo que comenzó a correr desde una vez que se envió el oficio, el cual fue ejecutado por la entidad fiscalizadora el 21 de febrero. Es decir, el plazo para dar respuesta vence el próximo viernes 7 de marzo, dando inicio de esta manera a un proceso de revisión de antecedentes que podrían continuar dándole luz verde al «Acuerdo por Valparaíso» o, de lo contrario, ponerle la lápida. Por ahora, sólo esperar...
PURANOTICIA
