Fundación Defendamos la Ciudad acudió al ente fiscalizador de los órganos del Estado para denunciar que la imparcialidad se podría ver afectada a la hora de aprobarse la ampliación portuaria en Valparaíso, considerando que el gobernador Mundaca –firmante del acuerdo– es quien preside la comisión que deberá calificar ambientalmente el proyecto.
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Fue en octubre de 2023 cuando el Presidente Gabriel Boric firmó el denominado «Acuerdo por Valparaíso», documento que plasma consensos y compromisos para impulsar la expansión de la actividad portuaria, en el marco de una nueva relación entre el puerto, la ciudad y la región, y que contó con la venia del entonces alcalde Jorge Sharp; el gobernador Rodrigo Mundaca y la Empresa Portuaria, entre otras autoridades.
Pero a 16 meses de anunciado el acuerdo, un recurso presentado por la Fundación Defendamos la Ciudad ante la Contraloría General de la República lo tiene en jaque, pues se ha denunciado que el documento firmado por las partes es ilegal.
Antes de detallar esta polémica, vale recordar que el «Acuerdo por Valparaíso» busca generar una relación entre el puerto y la ciudad, que se materialice en una ampliación de la infraestructura, mayores accesos al borde costero de la ciudad, espacios deportivos y recreativos y fortalecimiento del sistema ferroviario de carga, entre varios otros.
Y es que a juicio de la Fundación Defendamos la Ciudad, aquí se generan los problemas denunciados ante Contraloría, porque para lograr la ampliación portuaria, afirman que tanto el Municipio como el Gobierno Regional (Gore) se comprometieron a generar las condiciones para que el Gobierno central dé luz verde a ellos.
"Dichos compromisos se acuerdan en el contexto de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto denominado TCVAL, actualmente en tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde participan emitiendo informes la propia Municipalidad, la Gobernación Regional y los diferentes Seremis de Gobierno, entes que también adhieren al acuerdo aludido", señala la entidad en el documento presentado ante el órgano fiscalizador.
Sobre este punto, recuerdan que el gobernador Rodrigo Mundaca, junto a los seremis que correspondan, integran la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (Coeva), instancia que debe calificar ambientalmente el proyecto TCVAL.
Es por ello que afirman que el principio de probidad exige a la autoridad administrativa, en el cumplimiento de sus funciones, "la adopción de decisiones razonables e imparciales, de manera que le impone límites a sus actuaciones, a fin de evitar circunstancias que puedan restarle razonabilidad o imparcialidad en la toma de aquellas en que tenga interés la EPV (Empresa Portuaria de Valparaíso)".
"Los entes en comento pretenden vincularse jurídicamente, aun cuando la posibilidad de que se produzca el conflicto sea solamente potencial", agregan.
Por estos antecedentes, exponen que estos compromisos y promesas asumidas por las autoridades mencionadas con la EPV "poseen la calidad suficiente para afectar la debida imparcialidad durante el procedimiento de aprobación ambiental del proyecto TCVAL, en la cual, según la normativa contenida en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, le cabe participar de manera obligatoria".
Tras conocer detalles del documento presentado ante la Contraloría General de la República, Puranoticia.cl conversó con Jorge Bustos, director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien señaló que "esperamos que se revise la legalidad del acuerdo porque existen dos dictámenes y un documento acerca de la ilegalidad que se produce con los entes estatales que participan en las Resoluciones de Calificación Ambiental y que no pueden participar en ningún tipo de convenio".
Luego, precisó que "el acuerdo lo que promueve es la monopolización total del puerto, incluyendo el turismo y las cargas, a cambio de un par de dádivas que nadie sabe quién va a pagar porque no está definido en el «Acuerdo por Valparaíso» ni en la adenda que EPV envió al Tribunal de la Libre Competencia. En esos elementos nos parece que existe una ilegalidad del Municipio, porque el mismo Sharp firmó este acuerdo; y por parte del gobernador Mundaca, que me parece que es más brutal, porque él es el presidente de la comisión ambiental que va a revisar el proyecto".
También indicó que "el Gobernador no debería haber firmado ese documento. Aquí, una vez que esté definido por la Contraloría, podríamos decir que aquí hay un delito, que es tráfico de influencias", agregando que con esto "se acaba la base en la que se sustenta el acuerdo para presentarlo ante otros organismos del Estado, porque la gracia, según la Empresa Portuaria de Valparaíso y sus directivos que no saben nada de puertos, es que a través de estos acuerdos pueden llegar a los organismos del Estado que autorizan esto y crear de esta manera el monopolio en Valparaíso".
"El Acuerdo por Valparaíso es sólo un acuerdo para los alemanes, para que se queden 30 años más con el Puerto de Valparaíso. No nos saquemos la suerte entre gitanos", dijo Bustos, quien concluyó diciendo que el compromiso "tiene que caerse y debe caerse. Creo que la nueva Alcaldesa de Valparaíso debiera votar porque sabe, a través de sus asesores, que el proyecto vale hongo. Debe caerse porque en mi opinión es ilegal".
La totalidad de estos antecedentes fueron expuestos ante la Contraloría General de la República, que se pronunció solicitándoles sendos informes jurídicos respecto de la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso» a la Municipalidad, a la Gobernación Regional y a la Empresa Portuaria, las que deben dar respuesta en 10 días hábiles.
Documento, al que accedió Puranoticia.cl, pide a los tres organismos que "se sirvan informar a este Organismo al tenor de lo expuesto, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio".
También exponen que dicho informe "deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias".
Además, Contraloría solicitó que debe remitirse todo otro antecedente necesario y relevante para resolver adecuadamente la presentación de que se trata.
Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones del gobernador Rodrigo Mundaca, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta a las solicitudes planteadas por este medio.
PURANOTICIA
