Parlamentario RN adelantó que acudirá a la Contraloría General de la República para que investigue el proceso de licitación de 122 cámaras de seguridad para la comuna, de la que dijo que "me merece todas mis sospechas".
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Las cámaras de televigilancia en Viña del Mar han sido por lejos uno de los principales problemas que ha debido enfrentar en sus ocho meses de administración la alcaldesa Macarena Ripamonti.
Si bien, el origen de los inconvenientes está en la gestión de su antecesora, Virginia Reginato, lo cierto es que los problemas han estado lejos de ser subsanados por la autoridad frenteamplista, que sólo ha sumado críticas en la materia.
Y es que esta semana se destapó una olla que podría explicar, en parte, los graves problemas de seguridad que ha tenido la comuna durante la temporada estival, lo que ha conllevado balaceras, asesinatos y una serie de otros delitos en la vía pública.
Tras visitar la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, el diputado Andrés Celis reveló que la unidad policial sólo cuenta con cuatro cámaras de televigilancia operativas, apostadas en céntricos sectores de la comuna como el Castillo Wulff, el Registro Civil, Álvarez con Sucre y San Martín con Teniente Merino.
El pasado 22 de julio del 2021, el Concejo Municipal de Viña del Mar decidió poner fin al contrato con la empresa Global Link, encargada por más de 10 años del servicio de las cámaras de televigilancia, por considerar que éste era deficiente y que muchos de estos elementos se encontraban en mal estado o simplemente no funcionaban.
Esto generaría que 36 aparatos fueran apagados, por lo que la militante de Revolución Democrática (RD) decidió presentar un contrato, vía trato directo, que adjudicaba a la empresa Ingesmart S.A. la operación de estas 36 cámaras, de modo que no fueran desconectadas y la sensación de seguridad se mantuviera en la comuna.
No obstante, las intenciones de Ripamonti cayeron a pique luego que el Concejo Municipal rechazara su propuesta, con votos en contra incluso de ediles del Partido Comunista, cuestión que a la larga significó el primer gran revés para su gestión.
Los problemas, lejos de terminar, continuaron en el proceso de licitación de otras 122 cámaras de televigilancia para la Ciudad Jardín, pues el equipo evaluador dejó sólo en competencia a Ingesmart S.A., argumentando que las otras empresas cometieron errores que las dejaron fueras de base. Vale hacer presente que dicha firma también presentaba un error: ofertó la entrega en 75 días, cuando las bases señalaban 60.
A la hora de redactar el contrato con esta empresa, el autodenominado «Municipio de Cuidados» precisamente no tuvo mucho cuidado, pues en el escrito le daban el doble de tiempo para que instalaran y pusieran en marcha las 122 cámaras. Es decir, en vez de resolver el problema en 60 días, les dieron 120.
Por más insólito que parezca, el tema de las cámaras no termina ahí, pues el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar indicó la última semana de febrero que las obras de instalación de estos aparatos llevaban un 47% de ejecución, misma cifra que entregó el 10 de enero la Alcaldesa. En otras palabras, los trabajos de Ingesmart S.A. estuvieron un mes y medio congelados.
El último antecedente que se tenía en la materia era que el «Municipio de Cuidados» había aceptado una solicitud de la empresa a cargo del servicio de postergar la puesta en marcha del mismo, por lo que los viñamarinos que claman por mayor seguridad deberán seguir esperando por la instalación de estos ansiados aparatos.
A la espera de que estas 122 cámaras de televigilancia de última tecnología sean instaladas en diversos sectores de Viña del Mar, el diputado Andrés Celis acudió a la Prefectura de Carabineros para verificar el funcionamiento de los aparatos existentes, teniendo en cuenta que es justamente en esta unidad donde operarán.
Por ello es que grande fue su sorpresa al confirmársele que sólo cuatro de las 33 cámaras de televigilancia que entregó en su momento la Subsecretaría de Prevención del Delito se encontraban operativas en la Ciudad Jardín.
"Yo no quiero que el Municipio y la Alcaldesa (Ripamonti) culpen a la antigua administración. Aquí, a modo de ejemplo, hace más de un año, a la misma empresa que la Alcaldesa le adjudicó 122 cámaras, la Subsecretaría de Prevención del Delito le adjudicó 33 cámaras. De esas, hoy están funcionando para todo Viña del Mar cuatro cámaras de seguridad ciudadana. A esa misma empresa que se ha demorado más de 60 días (en entregar el servicio), que era el plazo original", indicó el parlamentario de Renovación Nacional (RN).
Como ya indicamos anteriormente, uno de los motivos que tuvo la administración Ripamonti de ponerle fin al contrato con Global Link, el cual se arrastraba de la gestión Reginato, fue que algunas de las 33 cámaras de seguridad se encontraban en mal estado o que ya no funcionaban.
Al respecto, el diputado Celis sostuvo que "me encontré con la sorpresa que la Alcaldesa actual, cuando asumió, puso término a un contrato, señalando que la empresa no tenía ninguna de las cámaras funcionando, que estaban todas en mal estado".
Esto fue desmentido por el legislador de Chile Vamos, quien dijo que "yo tengo un informe, que emana del Municipio, que dice que varias de ellas sí estaban funcionando, quizás no con la calidad de otras empresas que funcionan para otros municipios, pero que sí prestan un servicio mayor que tener 122 cámaras apagadas".
Es por ello que criticó el accionar de la autoridad frenteamplista manifestando que "creo que eso es de una irresponsabilidad tremenda", razón por la cual adelantó que acudirá a la Contraloría General de la República para que investigue esta licitación que fue adjudicada a Ingesmart S.A..
"Voy a complementar la presentación hecha a la Contraloría, para que investigue esta propuesta pública que se hizo en relación a esta última empresa, que hoy tiene sólo cuatro cámaras funcionando y que me merece todas mis sospechas frente a esta licitación", explicó Andrés Celis.
Además, planteó que el objetivo de esta presentación es que el ente fiscalizador de los órganos del Estado "pueda investigar si aquella propuesta se hizo sujeta a derecho, si se cumplieron con los principios de estricta sujeción a las bases y si, en definitiva, corresponde invalidar o no, lo que deberán determinar aquellas empresas que concursaron".
Finalmente, el parlamentario RN aseguró que lo que busca es que "prime la seguridad, la transparencia y la probidad".
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