Luego que un adolescente de 14 años falleciera tras ser atropellado por el chofer de una micro que conducía bajo los efectos de la cocaína, la Seremi de Transportes anunció controles, parlamentarios presentaron proyectos y la Cámara Baja realizó una sesión especial.
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Una gran crisis es la que está viviendo actualmente el transporte público del Gran Valparaíso, situación que no sólo ha sido ratificada por la Contraloría General de la República por medio de un demoledor informe emanado a fines de marzo de este año, sino que también se sigue manifestando casi a diario en las calles de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, las que tienen el servicio de microbuses licitado.
Y es que tras conocerse la muerte de un adolescente de 14 años que fue atropellado por el conductor de una micro 702 que conducía por el cerro Cordillera bajo la influencia de la cocaína, el foco se ha puesto nuevamente en el sistema de transporte de esta zona de la Quinta Región donde viven más de 1 millón de personas, con reuniones, mesas de trabajos, críticas por doquier y nuevos proyectos legislativos.
Pero antes de detallar aquello, vale recordar que la Contraloría reafirmó en su «Informe Final N°799» que el sistema de transporte público del Gran Valparaíso reporta serias deficiencias, lo que se suma al escaso poder de control por parte de la institucionalidad a cargo de supervisar el correcto funcionamiento de las nueve áreas de negocio. En lo específico, se detectaron disminuciones arbitrarias de las flotas; 1.448 buses que incumplieron las frecuencias exigidas; cerca de 22 mil casos de buses que superaron la velocidad de 100 km/h permitida; entre otros hechos que apuntan directamente a la Seremi de Transportes de Valparaíso, como por ejemplo que no ha exigido la implementación del sistema de cobro electrónico de tarifas.
Pero es que sumado a las repetidas denuncias por servicios que en horarios nocturnos –incluso vespertinos– dejan de funcionar, principalmente en las partes altas de Valparaíso y Viña; ahora se conoció del caso que afectó a Mauro Alberto Gómez Estay, un adolescente de 14 años que sufrió una caída al momento de subir a un microbús del recorrido 702 en el cerro Cordillera, perdiendo la vida en el lugar. Pese a ello, Humberto Fuenzalida Ojeda continuó su marcha, sin atender los gritos de los propios pasajeros. Luego se confirmó que el sujeto conducía bajo los efectos de la cocaína.
Producto de lo ocurrido la mañana de este lunes 13 de mayo, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Edgardo Piqué, anunció que se va a conformar una mesa de trabajo con diferentes organismos públicos, con el objetivo de hacer un control preventivo en materia de consumo de drogas y alcohol en conductores de micros.
Además, indicó que en la instancia también se buscará "incorporarlos a un sistema de rehabilitación, para aquellos que estén llanos a incorporarse al sistema. Pero eso no es suficiente si es que finalmente no tenemos la participación de los mismos conductores y también la participación de sus empresarios y empleadores".
Este trabajo anunciado por la autoridad del ramo se hará de la mano con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), quienes tienen a su haber los kits de control de consumo de drogas y alcohol.
"Por lo tanto, según la disponibilidad que ellos tengan, vamos a poder diseñar un plan de control preventivo, ya sea en las calles, en los terminales y garitas respectivas", adelantó el Seremi de Transportes respecto de lo que se analizará la próxima semana.
Junto a este trabajo que comenzará a ejecutar la Seremi de Transportes con Senda en el Gran Valparaíso, diputados también presentaron sendos proyectos para que se legisle en torno a la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol.
Uno de ellos es el que presentó el diputado Luis Cuello, el que busca que los choferes de microbuses tengan controles obligatorios de alcohol y drogas todos los días, tanto a la entrada como a la salida de su jornada laboral, en sus respectivos terminales.
"En las regiones de Chile hemos recibido denuncias numerosas de conductas temerarias de conductores del transporte público mayor, de conductas que tienen que ver con el consumo de alcohol, de drogas y exceso de velocidad (...). En la región de Valparaíso se dio una tragedia con la muerte de un joven de 14 años que fue atropellado por un microbús y cuyo conductor se dio a la fuga, siendo detenido y posteriormente transmitido al examen de control de drogas, dando positivo a cocaína”.
El legislador comunista también comentó que esta clase de hechos “no son aislados" y, además, catalogó como “insuficientes” los narcotest que actualmente se realizan de forma aleatoria por las autoridades de tránsito, razón por pidió "responsabilidad" a las empresas del transporte público: “Acá está en juego la salud y la vida de las personas que se exponen a conductores irresponsables y es necesario que hoy día también las empresas se hagan cargo y financien y apliquen estos controles”, indicó.
Pero el de Cuello no fue el único proyecto presentado en la Cámara; esto, debido a que la diputada Carolina Marzán hizo lo propio, presentando la «Ley Alberto», en honor al escolar porteño fallecido el lunes. Esta iniciativa legal exige a las empresas del transporte público y privado realizar cada seis meses un control de detección de consumo de drogas, con el respectivo costo para la empresa.
La parlamentaria del PPD comentó que "vamos a exigir que exista seguridad en los traslados de los estudiantes y de cada persona que hoy día se moviliza por nuestra región y nuestro país", a lo que agregó que "también necesitamos condiciones dignas por parte de los empresarios, para cada chofer de la locomoción que hoy día no tiene espacios dignos para descansar. Son fuertemente presionados también por temas económicos de las empresas, no tienen baños y no tienen un espacio laboral digno. Esto no justifica bajo ningún punto lo que sucedió con este chofer irresponsable que hoy día no solamente ha dañado a una familia, sino que a toda una comunidad escolar".
"Esperemos que el Gobierno se haga parte de este proyecto de ley, que va a perfeccionarse y que se va a discutir, ya que esperamos que nunca más tengamos que lamentar hechos tan dolorosos como los vividos con Alberto", sentenció.
Cabe señalar que la iniciativa establece que se deberá realizar un registro en que conste la realización del examen y que se deberá informar a la autoridad. En cuanto a incumplimientos, será causal de multas y, en caso de reincidencia, de término de la autorización asociada al servicio de transporte de pasajeros.
A raíz de todos los problemas que ha presentado el transporte público, no sólo del Gran Valparaíso, sino que de todas las regiones del país, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados una sesión especial para abordar esta verdadera crisis que vive el país.
Y es que en uno de los tantos proyectos de resolución aprobados en torno a las soluciones del problema, se solicitó expresamente al Gobierno disponer de “todas las medidas administrativas y legales para dar cumplimiento al compromiso de mejorar el transporte público", entre ellas, fomentar la presencia de un actor público en la locomoción colectiva con la que cuentan las regiones de Chile.
En la instancia se recordó que en la región Metropolitana se han realizado importantes inversiones y mejoras en el sistema de transporte; mientras que en otras regiones la situación ha sido muy diferente. Así, se apuntó a falta de inversión y planificación adecuada, hecho que ha llevado a una crisis estructural que afecta a millones de personas. Asimismo, se planteó que las regiones carecen de un sistema integrado y eficiente, por lo que se pidió cambiar la estructura capitalizada de transporte en regiones. Así surgió la idea de implementar una empresa pública de transporte.
"Junto a parlamentarios de regiones presentamos el 2022 el proyecto «Que pase la Micro», que busca incorporar una empresa pública en el transporte a nivel regional. Una empresa pública puede ser más eficiente, puede elevar la calidad, puede tener mejores estándares de seguridad, puede invertir en tecnología, puede también mejorar las condiciones laborales de los conductores”, indicó el diputado Cuello.
Finalmente, la diputada María Francisca Bello comentó en la sesión especial que es urgente mejorar el transporte en las zonas rurales, además de recordar las peligrosidades que existen en el transporte público, citando el fatal accidente del lunes. También sostuvo que los municipios rurales carecen de los recursos para mejorar el transporte público en su regularidad y frecuencia y; por otro lado, alertó que mientras en la región Metropolitana aumenta la electromovilidad, ello no se replica en las regiones rurales, así como otros tantos beneficios. Por último, solicitó una intervención del Gobierno, las autoridades locales y la sociedad civil, para enfrentar esta crisis.
PURANOTICIA
