Parlamentarios y cores denunciantes advierten las diferencias entre subsidios al sistema de Transantiago y el regional, llaman a mejorar y acelerar la licitación del transporte público regional y piden una comisión especial para revisar el problema.
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Una comisión especial, un proyecto de ley que regule la situación, emparejar la cancha respecto de los beneficios y subsidio entregados por el Estado al sistema de transporte metropolitano Transantiago en desmedro de los de regiones como la de Valparaíso, licitar de una vez por todas el sistema de transporte público regional e incluir al metro y a los taxicolectivos y hasta la intervención de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones plantearon varios diputados y cores que justamente denunciaron estos hechos ante la Contraloría Regional de Valparaíso, organismo que esta semana emitió el informe final de auditoría hecho al sistema de microbuses y locomoción colectiva del Gran Valparaíso y al rol de control de estos a través de la Seremi.
El documento advierte de problemas con la velocidad de las máquinas, falta de fiscalización en la disminución de flotas, en relación a los seguros de los conductores y el estado de las micros, y hasta más de mil buses que no cumplen con la frecuencia exigida, en base a la indagatoria realizada por el órgano contralor entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
Se trata del Informe Final N°799, del 27 de marzo, emitido por la Unidad de Control Externo, y en él se advirtió a la Seremi disminuciones de las flotas de las unidades de negocios, sin que el organismo hubiese aprobado aquello mediante un acto administrativo u otro medio, “por lo que deberá adoptar las medidas de control que sean pertinentes que le permitan alertar sobre las disminuciones de flota no autorizadas, procediendo a iniciar, en los casos que corresponda, los respectivos procedimientos sancionatorios”. También señala que hay 1.448 casos de buses dispuestos por las unidades de negocios que incumplieron la frecuencia exigida en los Planes Operacionales de la Seremi de Transportes de Valparaíso, un total de 21.573 casos en que los buses que cumplen determinados recorridos en los Planes Operacionales superaron la velocidad de 100 kilómetros por hora, y que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la Subsecretaría de Transportes “no cuentan con un manual de procedimientos que regule las labores administrativas y plazos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio de transporte", entre varias otras observaciones contenidas en un total de 204 páginas.
Al respecto, el diputado RN Andrés Longton manifestó su preocupación por los resultados de la investigación. “Este contundente informe de Contraloría es revelador respecto a las irregularidades que se ven a diario en nuestra región cómo la falta de fiscalización y cumplimento de las obligaciones por parte de empresas y Seremia, que repercute directamente en la calidad del servicio que se está entregando. No cumplimiento de frecuencias, buses sin movimiento, falta de medidas de seguridad, buses en mal estado, nula exigencia de cobro electrónico, de garantías”.
A su parecer, en la Seremi existe “un control precario, que revela lo lento y arcaico de nuestro sistemas y de la falta de proactividad de autoridades que no se hacen cargo de esta situación. Los plazos para los sumarios que ordena realizar Contraloría junto a la modernización pronta del sistema, esperemos que den pronto resultados, vamos a estar monitoreándolo. Las consecuencias de esto las están sufriendo y viviendo miles de personas, que exigen con justa razón hace años un buen servicio”.
En su caso, el diputado Tomás de Rementería (independiente), quien ingresará la próxima semana un proyecto de ley en torno a esta problemática, hace una solicitud directa al Gobierno: “Adoptar medidas para finalmente realizar la licitación del transporte público del Gran Valparaíso”.
La moción parlamentaria buscará -explica el legislador- “aumentar las exigencias a los operadores de perímetros de exclusión en cuanto a regularidad, puntualidad y frecuencia, dado que actualmente la normativa contenida en la licitación de esta materia es muy flexible y no genera criterios estrictos de cumplimiento en el contexto de un servicio que es tan crítico para la ciudadanía como el transporte público”.
Desde el Consejo Regional, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, señaló que este informe “es lapidario y justifica que se intervenga de inmediato la Seremía y se hagan los sumarios a quienes corresponda, dado que lo que se evidencia es la falta de fiscalización y control sobre la flota licitada y que recibe un subsidio del Estado para sus operaciones”.
El core recordó que en 2021 hizo este requerimiento y que “aunque la respuesta es tardía, igualmente la valoro porque fue un trabajo acucioso y en terreno que arroja importantes resultados. La auditoría refleja lo que siempre dijimos, al igual que las comunidades afectadas por el sistema de transporte público regional, un modelo sin control en abierto perjuicio de la ciudadanía usuaria del transporte público. Lamentablemente la licitación que prepara el Ministerio de Transportes es más de lo mismo y extrañamente no incluye a metro o los taxis colectivos, es decir van a replicar un sistema deficiente y eso hay que decirlo”.
Por otra parte, habló de la importancia de escuchar al gremio de los conductores, y en especial lo referido a la instalación de los validadores que están en los contratos suscritos “y que pese a esa obligación no fueron colocados en ningún bus. También hay que sentarse con los empresarios, ellos también tienen algo que decir sobre el problema y cómo se corrige para lograr un modelo de transporte público eficiente. ¿Cuáles son los problemas a resolver? En primer lugar, la falta de conductores profesionales, el monto del subsidio que no amortizaría los gastos operacionales de cada bus, la congestión, la flota y la topografía de nuestras ciudades, que son factores que afectan la calidad del sistema de transporte público y que en la próxima licitación deben estar resueltas o bien abordadas”.
Un punto que quiso relevar es el de los aportes estatales al Transantiago en desmedro de lo que ocurre en las regiones. “Junto con desangrar al Estado esto también genera discriminación con el transporte público en regiones pues en la Región Metropolitana el monto aportado al transportista es muy superior al de regiones, hay un piso minimo garantizado de pasajeros y eso implica que el bus, vaya vacío o no, igual recibe un subsidio alto, mientras que en nuestra zona el subsidio es mínimo y por tanto el conductor sigue trabajando por boleto cortado, es decir debe pelear y disputar por el pasajero y por eso es que no se ha terminado con los collereos o los llamados sapos. Me extraña que los parlamentarios que aprueban los recursos anualmente no corrijan esta distorsión”.
Para el diputado RN Andrés Celis la necesidad de una comisión en la Cámara de Diputados para evaluar el tema es clave, porque el informe del órgano contralor “revela lo que era un secreto a voces. El pésimo funcionamiento que tiene el servicio de locomoción colectiva del Gran Valparaíso. Aquí hay que hacer una cirugía mayor y urgente. No es posible que existan tantos vicios que no sean fiscalizados por la Seremi regional. Esto no es de ahora ni del gobierno actual, es un problema que llevamos acumulando por años en la región. Hoy es necesario inclusive ver si es necesario armar una comisión especial para hacer un proyecto macro de la locomoción colectiva mirando los próximos 6 años”.
Entre las cosas que propone, advierte la necesidad una conectividad “del metro más los buses más la garantía de las frecuencia hasta horas de la noche y por sobre todo tener a la brevedad un sistema de cobros como lo tiene Santiago. Así se evitarían robos y además tener un sistema de remuneraciones acorde a los choferes que les permita cumplir sus tramos sin poner en riesgo a los pasajeros con velocidades extremas para mejorar sus honorarios”.
PURANOTICIA
