Polémica se suscita en la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende; esto, ya que la legisladora socialista –al igual que la ministra Maya Fernández– son copropietarias y la Constitución no autoriza celebrar contratos con el Estado a dichas autoridades.
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La fallida compra de la casa del ex Presidente Salbador Allende en la calle Guardia Vieja de Providencia ha traído consigo un serio dolor de cabeza para la ministra de Defensa, Maya Fernández; y la senadora de Valparaíso, Isabel Allende; puesto que ambas son copropietarias del inmueble, por ende no pueden celebrar contratos con el Estado.
Fue este viernes 3 de enero cuando el Ministerio de Bienes Nacionales paralizó la compra de la vivienda, acción enmarcada en una iniciativa del Gobierno que buscaba convertir la residencia en un museo, para lo cual se había calculado un pago de 24.291 UF (Unidades de Fomento), vale decir unos 933 millones de pesos.
La decisión fue revertida luego que se advirtiera que la ministra Fernández (nieta) y la senadora Allende (hija) tienen parte de la propiedad. También son dueños de la casona Alejandro Fernández (nieto de Allende y hermano de la secretaria de Estado) y Carmen Paz Allende (hija del ex Presidente y hermana de la legisladora). Las dos hijas tienen el 33,3% de la propiedad cada una; mientras que los dos nietos 16,6% cada uno.
Pero el problema afecta principalmente a las dos autoridades en ejercicio, ya que el artículo 37 bis de la Constitución establece que “los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado"; mientras que para los parlamentarios, el artículo 60 indica que “cesará en el cargo el Diputado o Senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado".
Fue tal la polémica levantada que incluso el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (militante del Frente Amplio). Sobre aquello, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que "durante el fin de semana pudimos explicar cuál había sido ese proceso, cuáles son sus etapas, cuáles son las acciones que se tomaron en cada una de esas etapas. La salida de la ministra Sandoval, que el Presidente Gabriel Boric resolvió, es claro de aquello".
Lo ocurrido dio paso a una arremetida del presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, y del Partido Republicano, quienes sostuvieron que la senadora del Partido Socialista (PS) y que representa a la región de Valparaíso, debe perder su escaño.
"La Constitución es muy clara. En el artículo 60 dice que el parlamentario que contrate con el Estado pierde inmediatamente su escaño. Y acá la senadora Isabel Allende contrató con el Estado. Por lo tanto, en rigor, lo que debería pasar ahora es que el Tribunal Constitucional –supongo– debería pronunciarse sobre este tema y decir que ella pierde el escaño", señaló el presidente de la Unión Demócrata Independiente.
Por el lado de Republicanos, el diputado de Valparaíso, Luis Sánchez, adelantó que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para que cese del cargo a la senadora Allende: “El contrato se llegó a suscribir y, por lo tanto, se llegó a producir la causal establecida en la Constitución, en el artículo 60 inciso segundo y en el 93 inciso 13, que establece la cesación de pleno derecho del cargo de ministra de Estado; por un lado, de Senadora; y por el otro lado, por suscribir contratos con el Estado. Eso es inconstitucional y la consecuencia que la Constitución establece es que queda cesado en el cargo y a quien le corresponde resolver esto es al Tribunal Constitucional”, indicó.
Como la polémica creció en magnitud y ahora se está pidiendo la remoción de su puesto en la Cámara Alta, blindada por históricos del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende entregó algunas palabras para referirse al asunto, advirtiendo que se defenderá de las acusaciones de la oposición que buscan que ella y la ministra de Defensa, Maya Fernández, dejen sus cargos por suscribir un contrato con el Estado.
"Si la oposición acude al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Y es nuestro derecho, por supuesto, como familia o en este caso como Senadora, defendernos. Para esto, entregamos un mandato al abogado Gabriel Osorio, para que nos represente como familia. Así como ellos pueden ir al TC, para nosotros será el momento entonces también de que se conozcan los hechos", expuso Allende.
“Nunca estas familias se han visto envueltas en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negocios ni en nada. Creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera. Muchas gracias", concluyó la legisladora de la región de Valparaíso, en esta breve declaratoria que leyó en compañía de parlamentarios del PS.
Vale indicar que la propiedad, ubicada en paralelo a la avenida Ricardo Lyon, cuenta con dos pisos y fue construida en 1948 por la oficina de arquitectos del reconocido profesional, Fernando Castillo Velasco. Desde entonces, y antes de aquello, la casa tuvo múltiples dueños, siendo el más reconocido el ex Presidente Allende y su familia.
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