Guillermo Ramírez explicó que, respecto a la venta de la propiedad del expresidente Allende, el documento de compraventa ya estaba firmado y ese detalle, según la Constitución, estipula que el parlamentario que contrate con el Estado pierde inmediatamente su escaño.
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El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió este lunes al contrato de la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y señaló que la senadora Isabel Allende debería perder su escaño en la Cámara Alta.
El documento fue firmado el 30 de diciembre en la 50° Notaría Claudia Gómez Lucares, con el abogado Felipe Vio Lyon actuando en representación de la ministra Maya Fernández y la senadora Allende.
En conversación con Radio Duna, el parlamentario gremialista destacó la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, pero afirmó que “la firma del contrato lo cambia todo”.
“Nosotros estábamos contentos de que el Presidente finalmente hubiese hecho lo que nosotros considerábamos que era lo correcto y que le habíamos pedido que sacara la ministra Sandoval. Pero ocurrió que durante el día supimos que el documento de compraventa ya estaba firmado. Y eso cambia todo, porque en el fondo allí está la firma por representación de una senadora en ejercicio, Isabel Allende y de una ministra, Maya Fernández”, manifestó Ramírez.
Según el diputado, “la Constitución es muy clara. De hecho, la Constitución en el artículo 60 dice que el parlamentario que contrate con el Estado pierde inmediatamente su escaño. Y acá la senadora Isabel Allende contrató con el Estado. Por lo tanto, en rigor, lo que debería pasar ahora es que el Tribunal Constitucional, supongo, debería pronunciarse sobre este tema y decir que ella pierde el escaño”.
Ramírez también mencionó que “la norma aplica tanto para parlamentarios como para ministros”, y expresó su sorpresa de que ni la senadora Allende ni la ministra Fernández hubieran advertido al Presidente sobre la inconstitucionalidad del acto.
“Por lo tanto, ni la senadora Allende, que lleva décadas en el Congreso, ni la ministra Fernández, podría no haber sabido que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Y, por lo tanto, a mí me llama demasiado la atención que ellas no hubiesen alzado la voz para decirle al Presidente ‘oiga, esto que usted quiere hacer, se lo agradecemos, lo que usted está haciendo por Salvador Allende, nuestro familiar, padre, abuelo, pero no se puede’”, señaló el presidente de la UDI.
La controversia surgió porque la propiedad del expresidente Allende tiene entre sus herederos a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, quienes recibirían parte del dinero pagado por el inmueble.
Tras las críticas, el Gobierno decidió no concretar la compra debido a la estructura de copropiedad de los herederos y precipitó la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
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