A poco más de dos meses de ser removida por el Ministerio de Salud, tras una seguidilla de controversias que derivaron en la pérdida de confianza, la exdirectora del Servicio de Salud Viña – Quillota fue contratada como administradora municipal por el alcalde Alessandri.
La salida de Andrea Quiero Gelmi de la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca (SSVQP) fue uno de los episodios políticos y administrativos más comentados del primer semestre en la región de Valparaíso. La entonces autoridad dejó su cargo a fines de marzo, luego que el Ministerio de Salud resolviera removerla por "pérdida de confianza", decisión que se produjo tras la acumulación de una serie de controversias que instalaron fuertes cuestionamientos a su gestión y que incluso derivaron en investigaciones por parte de la Contraloría General de la República.
Cuando muchos pensaban que ese complejo episodio significaría un alejamiento temporal de la administración pública, ocurrió exactamente lo contrario. A poco más de dos meses de su salida del Servicio de Salud, la Municipalidad de Zapallar decidió darle un verdadero "premio de consuelo", incorporándola como administradora municipal, uno de los cargos de mayor confianza dentro de la estructura edilicia y por el cual percibe una remuneración que bordea los $5 millones ($4.951.497) mensuales.


La contratación fue realizada por el alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, quien no solo lidera la comuna de Zapallar, sino que además preside la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), organismo que permanentemente promueve estándares de probidad, transparencia y buenas prácticas en la gestión pública.
La llegada de Quiero al Municipio de Zapallar no pasa inadvertida, considerando las razones que motivaron su salida de la entidad que administra la red de salud.
El principal golpe a su gestión ocurrió cuando se conoció el caso que terminó siendo conocido públicamente como la "endoscopía exprés". La entonces directora accedió a un examen endoscópico mediante gestiones internas, pese a no encontrarse en lista de espera ni tratarse de un procedimiento de urgencia, un verdadero salto de fila que generó una fuerte controversia debido a que cientos de pacientes esperaban por la misma prestación en el sistema público.
La gravedad del caso llevó a la Contraloría General de la República a iniciar un sumario administrativo para esclarecer la forma en que se concretó dicha atención.
Pero esa no fue la única polémica que enfrentó.
También se conocieron antecedentes relacionados con una minuta que daba cuenta de eventuales designaciones previamente definidas para cargos directivos dentro del Servicio de Salud, situación que igualmente fue objeto de observaciones por parte de Contraloría y que incrementó las críticas hacia la conducción de Andrea Quiero.
La suma de estos episodios terminó erosionando completamente la confianza política en su gestión. De hecho, fue la propia ministra de Salud, May Chomali, quien confirmó que la remoción obedecía precisamente a una pérdida de confianza, descartando que se tratara de un hecho puntual o aislado.
Pese a ello, la exdirectora no tardó en volver al sector público.
De acuerdo con los antecedentes revisados por Puranoticia.cl en Transparencia Activa, durante junio de este año fue incorporada por la Municipalidad de Zapallar como administradora municipal, cargo considerado como la principal autoridad administrativa del municipio después del alcalde y que contempla una remuneración bruta de $4.951.497.
La decisión vuelve a poner al municipio encabezado por Gustavo Alessandri en el centro de la discusión respecto de la contratación de exautoridades que llegan precedidas de una fuerte exposición pública. Y es que no es la primera vez.
Uno de los casos más recordados fue el de la exdiputada Andrea Molina, quien luego de salir del Congreso y perder la Elección Municipal en Viña dle Mar, recaló en la Municipalidad de Zapallar para prestar apoyo administrativo, técnico y profesional en distintas direcciones y departamentos municipales. Por esas labores percibía una remuneración mensual de $2.666.667, contratación que en su momento también generó cuestionamientos.
Si bien, la contratación de Quiero se ajusta a las facultades que la ley entrega a los municipios, resulta inevitable preguntarse por los criterios utilizados para incorporar a una figura que dejó sus anteriores responsabilidades en medio de controversias públicas. Y es que su salida del Servicio de Salud fue presentada por el propio Gobierno como una decisión basada en la pérdida de confianza derivada de su gestión, apenas semanas después encontró un nuevo espacio en uno de los cargos más importantes del municipalismo y con una remuneración cercana a los $5 millones.
Mientras la ciudadanía exige mayores estándares de responsabilidad y probidad en la función pública, casos como éste inevitablemente alimentan la percepción de que, para algunas autoridades, las consecuencias políticas duran poco y que una salida marcada por cuestionamientos puede terminar transformándose, rápidamente, en un premio de consuelo financiado con recursos de todos los ciudadanos.
PURANOTICIA