La iniciativa refuerza el rol preventivo de las municipalidades, incorpora nuevas herramientas tecnológicas y actualiza los mecanismos de coordinación local en seguridad pública.
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Tras volver a sesionar luego del escándalo que ocurrió durante la mañana de este martes, donde la sesión en la Cámara Baja fracasó por la masiva ausencia de diputados, la Cámara aprobó las enmiendas del Senado y despachó a ley el proyecto que fortalece la institucionalidad vinculada a la seguridad municipal y la prevención del delito.
La iniciativa establece nuevas medida de coordinación y planificación comunal, además de atribuciones para quienes desempeñen estas funciones.
Para entregar una mayor claridad del alcance de la norma, en el segundo trámite se incluyó un nuevo título. Aquí se definió el rol de las municipalidades en esta materia, junto a un nuevo marco regulatorio que fija principios, ámbitos de aplicación y obligaciones de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
También se ordena el diseño de estrategias basadas en prevención social, comunitaria y situacional. Todo esto, considerando indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Adicionalmente, se establece que los gobiernos regionales podrán apoyar la elaboración e implementación de los planes comunales de seguridad pública. Este apoyo podrá incluir financiamiento para acciones definidas en cada plan.
Junto a ello, se incorpora un artículo que regula las funciones del director o directora de seguridad pública comunal. El texto señala que deberá coordinar acciones preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención a víctimas.
La normativa incluye nuevos instrumentos tecnológicos para apoyar la seguridad municipal. Entre ellos están los sistemas de televigilancia, aeronaves pilotadas a distancia, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos. Estos mecanismos podrán utilizarse sólo con fines preventivos y bajo estándares estrictos de tratamiento de información.
Estos dispositivos sólo podrán captar imágenes y deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros para garantizar la coordinación operativa. De igual modo, la norma permite el uso de sistemas de alerta ciudadana y herramientas de análisis de datos, cuando estas plataformas sean implementadas por privados. Ahora, la contratación deberá cumplir las reglas de la ley de compras públicas.
Por otra parte, la información generada por estas aplicaciones deberá ser remitida a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las instituciones policiales para apoyar la toma de decisiones locales.
Asimismo, las modificaciones fortalecen la gobernanza local mediante la actualización de las funciones y composición de los consejos comunales e intercomunales de seguridad. El proyecto amplía sus atribuciones, incorpora nuevos actores y refuerza su deber de coordinación con Carabineros y otras instituciones de emergencia.
En esta línea, redefine la integración del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Aquí se suma la participación de la secretaría regional ministerial de seguridad pública junto a otros actores territoriales. También se incorpora la posibilidad de regular aspectos internos mediante acuerdos formales del consejo.
Además, señala que el plan comunal de seguridad pública deberá adaptarse a la realidad de cada comuna. Para esto, se deberá considerar elementos como el presupuesto, la población, geografía y problemáticas específicas. Junto a esto, podrá implementar medidas de atención a víctimas, rehabilitación de consumo de alcohol y drogas y mejoramiento urbano, entre otros.
De todas maneras, en el texto se exige informar el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos en el plan. Para esto, las municipalidades deberán registrar este avance y publicarlo en sus sitios web.
Paralelamente, la iniciativa establece requisitos más estrictos para las organizaciones comunitarias dedicadas a labores de prevención del delito. Aquí señala que ninguno de sus integrantes podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones por la Ley de seguridad en los estadios.
En adición, se les prohíbe expresamente el ejercicio de autotutela y el porte de armas. La idea es dejar en claro que sus funciones no podrán confundirse con las atribuciones reservadas a las inspectoras e inspectores de seguridad municipal.
La Subsecretaría de Prevención del Delito llevará un registro público con la información actualizada de estas organizaciones, sus directivas y sus uniones comunales, resguardando los datos personales.
En sus intervenciones, destacaron que el proyecto responde a una demanda creciente de fortalecer la seguridad municipal en las comunas del país. Y, si bien algunas intervenciones plantearon que no se satisfacen plenamente todas las expectativas, se valoró el avance que implica institucionalizar su regularización. Sobre todo, el refuerzo de la colaboración con Carabineros y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la prevención del delito.
Otro punto relevado fue la incorporación de medidas que permiten dotar a las y los funcionarios municipales de elementos de protección y dispositivos defensivos no letales, bajo regulación mediante un reglamento específico. Se indicó que estos instrumentos no buscan reemplazar atribuciones policiales, sino ofrecer mayores garantías para el desempeño seguro de labores preventivas. En este sentido, se valoró que la nueva normativa avance en fijar estándares de capacitación, patrullajes mixtos y procedimientos claros para la detención en flagrancia y el control de identidad.
Asimismo, se relevó la importancia de aumentar los recursos para los más de 300 municipios del país. Esto permitiría fortalecer su capacidad operativa y profesionalizar sus equipos de seguridad municipal. Varias intervenciones coincidieron en que la descentralización, el apoyo de las gobernaciones regionales y la colaboración de la Subsecretaría de Prevención del Delito serán claves en este objetivo.
PURANOTICIA
