Conciliaciones tras millonarios pagos, intereses de abogados en participar de causas sin tener algún motivo aparente y el desistimiento de la batalla por parte de algunos vecinos, son parte de las estrategias judiciales de algunos profesionales de las leyes de la V Región.
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Hay contiendas judiciales largas y la que se ha vivido por más de 13 años por el Hotel Punta Piqueros. En 2011, el proyecto logra su permiso de edificación y ese mismo año el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar presenta un reclamo de ilegalidad ante la Municipalidad de Concón y al año siguiente ante la Corte de Apelaciones para evitar su construcción, aduciendo que el permiso atentaba contra la legalidad urbanística local y regional, pues autorizó construir en el borde costero de la comuna de Concón un proyecto hotelero, pero sin considerar que en aquella zona existía prohibición de emplazar edificaciones con destino habitacional o residencial, a lo que sumaron los riesgos que generaría para el medio ambiente.
De ahí en adelante, mientras se seguía construyendo el hotel, la disputa judicial terminó llegando hasta la Corte Suprema, que en 2013 paraliza la obra y exige un Estudio de Impacto Ambiental, mientras el Municipio de Concón revoca el permiso. Pero un año después lo vuelve a otorgar y así sucesivamente... En resumen, el máximo tribunal del país se ha pronunciado unas siete veces en esta materia.
Hoy por hoy, el tema sigue en la Corte Suprema, pero los últimos días Puranoticia.cl dio a conocer el llamado a conciliación que hizo una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso entre los intervinientes, por el reclamo de ilegalidad presentado por la inmobiliaria Punta Piqueros en contra del Oficio DOM N° 121 de abril de 2021 y para que el tribunal ordene al Director de Obras Municipales dictar una nueva resolución para continuar con la tramitación de la solicitud de permiso de edificación.
Las partes mantenían sus posturas hasta que la corte abriera un proceso de conciliación entre las partes, luego que se estableciera que la construcción del hotel no cumplió con la legalidad vigente, razón por la que la Seremi de Vivienda ordenó la demolición de la construcción prácticamente concluida.
Sin embargo, en marzo de 2023, tras una larga sesión del Concejo Municipal de Concón, se develó un millonario y controvertido acuerdo al que pretendían llegar la Inmobiliaria, la Municipalidad de Concón y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, representada por el conocido abogado "ecologista" Gabriel Muñoz, consistente en un pago cercano a los 500 millones de pesos para así compensar todos los gastos que ésta habría hecho en los diferentes juicios para justamente evitar la construcción de este edificio. Lo que se buscaba era que en el inmueble se instalaran espacio de Co-Working, consultas médicas y diferentes oficinas para el comercio, emprendedores y Pymes. No obstante, aquello finalmente fue rechazado por los concejales y el alcalde.
La propuesta de acuerdo, cuyas tratativas se mantienen en reserva, abrió la caja de pandora de los reales intereses de uno de los abogados más emblemáticos en el país en la lucha contra las inmobiliarias, pues si por más de una década insistió en que el edificio era ilegal y no podía funcionar, la sola idea de estar dispuesto a recibir un pago de 500 millones de pesos para sus representados deja claro por cuánto dinero se puede ceder en los principios que promulgó por largos años.
¿Cuál es, entonces, el interés de estos “Quijotes del siglo XXI” en su lucha “desinteresada” contra las inmobiliarias?
Puranoticia.cl conversó sobre este tema con la concejala María José Aguirre, independiente, pero cercana a Evópoli, quien expresó que "la consecuencia de los actos es la que nos da credibilidad en la vida. El estar saltando de una vereda a otra es poco serio y se presta para todo tipo de especulaciones".
De igual forma, la edil de Chile Vamos manifestó que "la Municipalidad de Concón jamás debió presentar a pronunciamiento un convenio tripartista donde se incluía una transacción económica entre privados. Nos expone a malas prácticas, y no corresponde. No estoy disponible para ese tipo de acuerdos".
Tal parece que el botín de la conciliación es bastante bueno, pues a comienzos de este mes, dos abogados intentaron hacerse parte de la causa, aunque el tribunal finalmente rechazó sus solicitudes. "Atendido el estado de la causa, no ha lugar”, pronunció la corte.
Se trata de la abogada Fabiola Ruiz, de la organización Patrimonio Vivo Costa; y del abogado Rolando Contreras, con domicilio en Valparaíso.
La propia inmobiliaria cuestionó el real interés de este último, diciendo que "el solicitante no ha invocado en su escrito vínculo alguno con la comuna de Concón ni ha acreditado absolutamente ningún interés específico en esta causa. Es más, ha fijado su domicilio en la comuna de Valparaíso, por lo que evidentemente no tiene vínculo alguno con el objeto de este reclamo de ilegalidad. Asimismo, el tercero que pretende comparecer no posee ningún derecho subjetivo o un interés jurídicamente tutelado que pueda verse afectado por la resolución que se pronuncie en este procedimiento".
A ello agregaron que "en este escenario, la discusión sobre la presencia o no de un interés legítimo se aboca a identificar cuál es el beneficio o perjuicio que podría obtener el tercero con el rechazo o acogimiento del reclamo de ilegalidad interpuesto por esta parte. Frente a ello, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es su interés jurídicamente tutelado para comparecer en el procedimiento judicial de reclamación? ¿cuál sería ese beneficio jurídico directo que obtendría en caso de que se rechace o acoja la reclamación de autos? Y, por supuesto, la respuesta es que ninguno”.
Tras la negativa del tribunal, el abogado Rolando Contreras insistió en entrar en la causa pues, "como se observa en el presente juicio, aún no hay sentencia. Tampoco existe una conciliación aprobada judicialmente u otro equivalente jurisdiccional a la sentencia judicial, que impidan la intervención de esta parte en calidad de tercero coadyuvante", dijo en su nueva solicitud. Sin embargo, el tribunal le volvió a negar el poder entrar, señalando que "no habiendo variado los antecedentes que se tuvieron presentes al momento de resolver las solicitudes de hacerse parte y encontr ndose á esta causa en estado de acuerdo suspendido".
Ante la insistencia de Rolando Contreras, queda preguntarse: ¿Quién es este abogado que tiene un interés tan marcado por intervenir en juicios donde aparentemente no tiene interés directo?
Puranoticia.cl confirmó que el profesional de las leyes pertenece a una familia de abogados de la zona, entre los que hay un notario y un juez. Lo que llama la atención es que hace tres semanas el mismo abogado presentó un reclamo de ilegalidad ante la Municipalidad de Puchuncaví en contra de la recepción definitiva del edificio Rocas de Maitencillo, que se otorgó luego de una conciliación a la que llamó la Corte Suprema, luego de un fallo adverso en contra de la Municipalidad de Puchuncaví que, entre otras cosas, la condenaba al pago de una millonaria indemnización.
En otro caso que intervino este abogado, también sin aparente interés directo, fue el bullado caso del Mall de Agua Santa, en Viña del Mar. En contra de este proyecto se presentaron al menos dos solicitudes de invalidación en la Municipalidad de la Ciudad Jardín. Pero ambas fueron rechazadas por la alcaldesa Macarena Ripamonti, argumentando que, si bien, no le gustaba el proyecto, los permisos habían sido otorgados de conformidad a la ley, por lo que no procedía la invalidación.
Rolando Contreras presentó entonces un reclamo de ilegalidad en la casa consistorial, el que también fue rechazado por la Alcaldesa, entregando los mismos argumentos ocupados para rechazar la invalidación. Ante este rechazo, el abogado presentó el mismo reclamo de ilegalidad, pero ahora ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual también fue rechazado por dos votos contra uno.
Ante ello recurrieron de casación el abogado Rolando Contreras y, además, como tercero lo hizo el ya citado abogado Gabriel Muñoz, en representación de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.
Aquí viene lo más extraño de este asunto, pues tras solicitar suspender la causa hasta el 5 de marzo de este año, ambos recurrentes –fieros opositores a este y a otros proyectos importantes que se desarrollan en la Quinta Región– de manera sorprendente se desistieron de sus casaciones. Y es que de un día para otro se convencieron de que todo estaba en regla y que el proyecto no tenía problema alguno.
Con tal desistimiento se acabó el juicio que sostuvieron altruistamente durante tres años, sin razón aparente y, con ello, el permiso del llamado Mall de Agua Santa quedó a firme, lo que significa que todo el litigio –que incluso llegó hasta el máximo tribunal del país– fue por nada... o quizás no; y que el proyecto cumple con todo lo que hasta el 15 de diciembre del año pasado no hacía. ¿Pensará igual la comunidad que decían representar? ¿Sabrán los vecinos del sector viñamarino de Agua Santa por qué no siguieron peleando contra el mall?
PURANOTICIA
