El Comité de Vivienda «Villa Dulce 2000» presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue una serie de situaciones relacionadas a la oposición a un proyecto habitacional, donde se apunta también a una agrupación ambiental y hasta al Gobierno Regional.
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Cerca de 600 personas, agrupadas en el Comité de Vivienda «Villa Dulce 2000», presentaron una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, solicitando que la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) investigue los hechos que describen y que tienen relación con presuntos delitos que se habrían cometido en un terreno de su propiedad, donde apuntan al Municipio de Viña del Mar y a una organización ambientalista.
Fue el año 2000 cuando se formó esta organización comunitaria del sector de Villa Dulce, ubicada en Miraflores Alto, Viña del Mar, el cual está compuesto principalmente por mujeres de esfuerzo. Su creación tenía como objetivo central el conseguir una vivienda. Así es como el 2022 logran comprarle un terreno de 3,8 hectáreas al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde emplazarían su ansiado proyecto habitacional.
El año 2004 elaboraron un anteproyecto habitacional, el cual fue aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), consiguiendo también los subsidios. No obstante, la constructora que materializaría la iniciativa decide no continuar con la misma porque no les era conveniente. El 2006 continuaron tocando puertas con otras constructoras, acordando que lo mejor era un proyecto en altura, es decir, de edificios.
Pero los problemas continuaron con los años, registrándose varios desalojos el 2012 por las tomas ilegales de este terreno. Sin mayores avances, llegó el 2023, donde consiguieron todos los permisos y recursos para iniciar el proyecto, pero nuevamente llegaron los problemas: "Se presenta un obstáculo sin precedentes, y sin ningún sustento real, que podría paralizar definitivamente el trabajo de años. Esto, principalmente por la intervención del Municipio de Viña del Mar, quien sustenta a los grupos "ambientalistas" que constantemente nos amenazan", dice el Comité.
Según consigna el Comité de Viviendas «Villa Dulce 2000» en la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, documento de 19 páginas al que pudo acceder Puranoticia.cl, "hemos sido víctimas de varios intentos de tomas en nuestra propiedad, así como también hechos vandálicos".
En ese sentido, los vecinos indican que al cerrar la propiedad con panderetas, "delincuentes la vandalizaron para poder entrar, derribándola y pintando en sus murallas consignas para evitar la realización de nuestros proyectos de vivienda". Ante ello han debido recurrir a Carabineros para que "expulse a los pseudo ambientalistas que ingresan incesantemente a nuestro predio".
Luego, los vecinos denuncian concomitancia del Municipio de Viña del Mar con grupos ambientalistas para evitar la realización del proyecto de viviendas sociales. Esto, ya que estos grupos han declarado por años la existencia de un humedal en dicho sector de Miraflores Alto, justamente donde se emplaza el proyecto.
"Actualmente este grupo de "ambientalistas", sobre la base de la solicitud de Declaración de Humedal que realiza la Municipalidad de Viña del Mar, interponen un recurso de protección con la finalidad de declarar ilegal el permiso de obra ya obtenido por el Comité de Vivienda y la ilegalidad de la pertinencia ambiental, también obtenida por el comité", señalan, recordando que esta última establece que el proyecto en cuestión no debe ser sometido a evaluación ambiental alguna.
En el marco de la solicitud de declaración de humedal y del posterior recurso de protección, «Villa Dulce 2000» acusa "actividades que podrían ser consideradas como delictivas". En específico, afirman que el Municipio administrado por la alcaldesa Macarena Ripamonti ha dictado diversas resoluciones administrativas con "contenido arbitrario", lo que a su juicio configura el delito de prevaricación administrativa.
En este punto explican que el autodenominado «Municipio de Cuidados» solicitó a la Ministra del Medio Ambiente la declaración del humedal «Entre Cerros». Pero que en la ficha técnica se "desdibuja el Plano Regulador Comunal", adjudicándole una "zonificación incorrecta", por lo que se trataría de "información falsa".
Otro detalle expuesto dice relación con unos agradecimientos que dio la casa edilicia a la agrupación «Entre Cerros» por compartir algunas fotografías, lo que es interpretado por los vecinos de Villa Dulce como una "evidente vinculación" entre dicha organización ambiental y el Municipio de la Ciudad Jardín. "Resulta evidente la cercanía municipal con un grupo específico de personas", agregan en la denuncia ante Fiscalía.
El documento afirma que, en un segundo intento para declarar como humedal el sector, el Municipio viñamarino presentó nuevamente "información falsa" a la Seremi del Medio Ambiente, pues en él se declara que el predio del Comité de Vivienda "es zona EE2 y no V7 como bien sabe o debe saber el Municipio de Viña del Mar".
Los vecinos agrupados en el Comité de Vivienda continúan expresando que no sólo estas conductas del Municipio han buscado eliminar el proyecto de vivienda social "por intereses que desconocemos", sino que afirman que, actuando sobre la base de información torcida del Plan Regulador Comunal, han "intentado frenar el avance del proyecto" que pretenden materializar desde hace más de 23 años.
En busca de este propósito, dan cuenta que la administración Ripamonti solicitó en agosto de 2023 paralizar las obras ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, mediante la postergación de los permisos; esto, para "dilatar el comienzo de las obras". Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la bajada regional del Minvu.
Otro intento por detener el proyecto se llevó a cabo con la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde "un grupo de personas" solicitó la ilegalidad del permiso de obras y de la pertinencia ambiental, instancia para la cual la Municipalidad de Viña envió un informe que señala que "existe una declaración de humedal que afecta el predio y que la pertinencia ambiental es ilegal".
Acerca de la relación entre el grupo ambientalista y el Municipio de Viña, los denunciantes exponen que «Entre Cerros» –organización dedicada a la conservación del medio ambiente, según indican en sus redes sociales– es considerada como "una asociación para extraer fondos públicos de forma ilegal".
Así es como sostienen que recibieron recursos provenientes del 8% del Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (FNDR). "Bajo el N° de Ingreso 1.526, el 23 de mayo de 2023, la Fundación de Beneficencia Pública Adultos Mayores Chile postula a la realización de un proyecto denominado «Cuidando el Humedal: Educación, Participación y Acción Comunitaria», solicitando la suma de $7.000.000".
Los dineros estatales solicitados son para actividades medioambientales, lejos del giro que establece dicha fundación. No obstante, ésta no declara ninguna actividad que tenga que ver con el medio ambiente, sino que en la ayuda a adultos mayores. Muy por el contrario a la finalidad del proyecto que presentaron y que fue aprobado, el cual se desarrollaría justamente en los terrenos de los vecinos del Comité de Vivienda.
Pero además, se entregaron 7 millones de pesos para realizar un proyecto en un terreno que es privado, pues recordemos que el 2022 fue adquirido por estos vecinos al Serviu. Sobre estos dineros, «Villa Dulce 2000» denuncia que serán gastados "sin mención alguna a adultos mayores y con un evidente sobredimensionamiento respecto de los montos solicitados". De hecho, en sólo una de las 14 actividades a ejecutar en la zona se habla de una caminata de 4 horas de adultos mayores. Incomprensible.
En la denuncia ante la Fiscalía se revela que uno de los miembros de «Entre Cerros», de iniciales I.H.A., es funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar, al igual que F.G.M., "quedando de manifiesto lo que hemos señalado: la evidente concomitancia de la entidad edilicia y la agrupación «Entre Cerros»".
Del primero se indica que está contratado a honorarios para "fomentar y promover la integración y el vínculo con la comunidad organizada", con sueldos que desde marzo de 2023 bordean el millón de pesos. Del segundo, en tanto, señalan en la denuncia que también fue contratado a honorarios para "generar un plan de capacitación continuo para los funcionarios del departamento de desarrollo vecinal", con sueldos que desde enero de 2023 llegan a $1.271.000.
El último punto expuesto en la denuncia habla de los constantes problemas que han tenido que enfrentar los vecinos, motivo por el cual la alcaldesa Macarena Ripamonti se ha ofrecido como "mediadora" del conflicto, solicitando además que lo haga el Serviu, el Minvu y el gobernador Rodrigo Mundaca.
Sobre esta mediación ofrecida, «Villa Dulce 2000» manifiesta que "cabe la honesta pregunta de si son capaces de mediar cuando al menos dos de los miembros de dicha organización («Entre Cerros») son financiados por el Municipio, por una parte y; por el Gobernador Regional por la otra"; esto último, recordando que fue el Gore de Valparaíso el que aprobó los $7 millones para la fundación de adultos mayores.
"Existe, en apariencia, una asociatividad entre estas tres organizaciones, que es imperativo se investigue a la brevedad posible", afirman en el documento, donde agregan que "hoy, gracias a todas las acciones desplegadas, gracias al apoyo económico que sustenta este grupo de "ambientalistas", estamos en presencia de un daño probablemente irreparable a más de 600 personas de Viña del Mar".
Finalmente, concluyen diciendo que "frente a ellos vemos a una organización que, con apoyo de diversas organizaciones estatales, han amedrentado por años a los socios y socias del Comité «Villa Dulce 2000»", motivo por el cual reiteran la solicitud de que se investiguen los hechos denunciados pues, a su juicio, "podrían ser asociaciones ilícitas, malversaciones de caudales públicos, prevaricación administrativa".
PURANOTICIA
