De igual forma, los consejeros regionales revelaron que existen "redes de inescrupulosos" asociados a empresas que hacen "tour de ofrecimientos de proyectos" a dirigentes vecinales, con la condición de que si se los adjudican contraten con ellos los insumos respectivos.
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Una gran controversia levantó en el Gobierno Regional de Valparaíso un artículo publicado por Puranoticia.cl que da cuenta de las conclusiones a las que llegó una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso a los proyectos financiados entre 2020 y 2021 con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que se traducen en 21 observaciones por irregularidades o situaciones que subsanar.
Vale hacer presente que según la Ley Nº 19.175, los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos en subvencionar actividades culturales, deportivas, de seguridad ciudadana, sociales o medioambientales, entre otras, cifra que entre 2020 y 2021 llegó a $1.593 millones ($1.593.413.049), correspondiente a 194 proyectos. De estos, las partidas examinadas equivalen a $348 millones ($348.183.501), de 31 iniciativas concursables y 6 de asignación directa.
Bajo este contexto, Contraloría reveló que nueve proyectos de seguridad ciudadana –relacionados a cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias para organizaciones sociales, por $40 millones ($40.492.908)– fueron planteados en términos casi idénticos, vale decir, proyectos "copy-paste", variando sólo los datos de la unidad vecinal que se beneficiaría. Además, ocho de los nueve proyectos incluyen un mismo correo electrónico en su formulario de postulación.
Junto a ello, se acompañaron cotizaciones a nombre de empresas que indicaron no haberlas emitido; también se advirtió un sobreprecio de casi $13 millones ($12.936.454) por el pago de los dispositivos; y que las rendiciones de cuenta de esos proyectos están conformados por tres facturas emitidas por las mismas sociedades: Consultoría y Construcción; Banquetería y Producción de Eventos; e Innovaciones Gráficas Fuera de Serie SpA.
Frente a estas observaciones, dirigentes y ex dirigentes de ocho de las nueve organizaciones vecinales beneficiarias (de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y San Esteban) afirmaron que la elaboración, ejecución y postulación de tales iniciativas fueron realizadas por los dueños de las empresas Consultoría y Construcción y Banquetería y Producción de Eventos y, que fueron ellos quienes solicitaron las cotizaciones de los proyectos. Considerando que aquello podría revertir carácter de delito, Contraloría remitió copia de su informe a Fiscalía.
En otro hecho, se detectó la adjudicación de dos proyectos concursables a organizaciones privadas sin fines de lucro, cuando su evaluación técnica las catalogó como “sin recomendación técnica” por no cumplir con el puntaje mínimo establecido en las bases respectivas.
También se estableció que al 30 de abril de 2022, el Gobierno Regional de Valparaíso presenta un saldo de deudores por rendición de cuentas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) ascendente a $10 mil millones ($10.223.996.984), que corresponden a deudores públicos y privados de cuentas por cobrar, originadas desde 2009 en adelante.
Tomando en consideración que esta cartera de proyectos financiados entre 2020 y 2021 con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) tuvieron que ser aprobados por el Consejo Regional de Valparaíso –ya sea durante la administración de Jorge Martínez como intendente regional y; luego, con Rodrigo Mundaca como gobernador regional– Puranoticia.cl tomó contacto con los cores para conocer su opinión respecto al lapidario Informe Final N° 468, de 2022, de Contraloría.
El jefe de la Bancada RN, core Iván Reyes, comentó que "me parece preocupante que hayan ocurrido hechos de esta naturaleza, los que incluso está viendo Fiscalía por eventuales delitos. Yo soy partidario de que cualquier cosa irregular sea investigada como corresponde, por los organismos competentes y, de haber responsables, tienen que ser sancionados".
En ese sentido, precisó que los concursos del 6% son evaluados por equipos técnicos del Gobierno Regional, los que otorgan puntajes de acuerdo a las bases, siendo los con más alta calificación los que pasan al Consejo Regional para su aprobación. "Nosotros no tenemos una mayor participación en aquello. No conocemos los proyectos en sí. Se nos entregan las evaluaciones de los equipos en la admisibilidad y en el proyecto en sí. Entonces votamos la propuesta que hace el Ejecutivo y éste lo hace a través del resultado de los equipos evaluadores", añadió Reyes.
Similar opinión fue la que compartió la core Nataly Campusano (CS), quien aseveró que "los consejeros regionales votan los proyectos, pero previo a ello hay todo un proceso que tiene que ver con la admisibilidad y la revisión que hacen los espacios técnicos. Los cores son el espacio político de votación. A la vez, los cores cuentan sólo con su persona para ejercer un sinnúmero de funciones que le da la norma, por tanto, creo que en lo sustantivo, que hay que mejorar los procedimientos que se dan en la interna de los gobiernos regionales".
De igual forma, la consejera frenteamplista precisó que "en ningún caso esto alude a que los consejeros –hablo por todos– tengan algún acto de mala fe y derechamente tengan alguna acción irregular o alguna acción maliciosa".
Para comprender mejor el asunto, es necesario explicar que al Gobierno Regional postulan miles de proyectos para cultura, deporte y seguridad ciudadana, los cuales son evaluados técnicamente por un equipo de alrededor de seis personas. Son justamente ellos quienes revisan la admisibilidad y que cumplan con los requisitos. Una vez superada esta etapa, la cartera definitiva de proyectos llega al Consejo Regional que, por recomendación del Ejecutivo, debe decir si los aprueba o rechaza.
El jefe de la Bancada DC, core Roy Crichton, señaló que "el Gobierno Regional no tiene planta para eso, entonces es un círculo vicioso, porque tampoco el Ejecutivo ni la Dirección de Presupuesto permiten que puedan contratar más personal para revisar estos proyectos, entonces son los mismos que revisan Circular 33, 6% y otros. Son funcionarios que muchas veces deben trabajar todo el fin de semana y la revisión de estos proyectos se hace exigua".
Y añadió que "para mí es fácil deslindar responsabilidades en un funcionario reventado, que tiene que revisar 3.600 proyectos. Entonces el problema estructural no es de los funcionarios ni del Gobierno Regional, sino que la ley está mal hecha. Yo meto las manos al fuego por los funcionarios, a quienes conozco de hace muchos años, y considero que es injusto hacerle una crítica a ellos".
Esta situación también fue analizada y compartida por el core Percy Marín (RN), quien además preside la Comisión de Inversiones: "En el Gobierno Regional hay muy pocos evaluadores de proyectos, entonces se pasó a pedir apoyo a una universidad para que colabore con ese proceso de revisión. Hasta hace muy poco no eran más de seis personas, no más que eso", aseguró.
"Ingresa una cantidad de mil o dos mil proyectos, entonces los profesionales a lo mejor no tienen la capacidad ni la acuciosidad de comparar proyecto a proyecto", complementó el militante de Renovación Nacional.
Otro de los temas analizados por los cores de Valparaíso dice relación con la denuncia efectuada por algunos dirigentes vecinales de la región, quienes afirmaron que la elaboración, ejecución y postulación de las iniciativas que se adjudicaron en materia de seguridad ciudadana fueron realizadas por los dueños de las empresas a los que finalmente les pagaron por instalar las cámaras y alarmas.
El core Crichton explicó que el problema se origina en la ley, pues las bases administrativas para postular a los proyectos son muy técnicas para muchos dirigentes vecinales, quienes ven una oportunidad en la llegada de empresarios que los "amarran" para redactarles y postular sus iniciativas, pero con la condición de contratarlos como proveedores de las mismas.
"Algunas personas, que tienen algún grado de expertiz en esto, lo que hacen es ir a ofrecerse a hacerles el proyecto a las entidades vecinales, so pretexto que una vez adjudicado el proyecto le compren a ellos los insumos. Entonces, como eso lo permite la ley, nosotros lo que estábamos diciendo es que por ejemplo los municipios fueran unidades técnicas, para que no nos pase esto y que el dirigente quede amarrado a que una entidad privada les haga los proyectos", indicó el consejero.
Por ello, insistió en que "se requiere un cambio en la ley, que permita darle mayor flexibilidad a los dirigentes vecinales para que puedan formular proyectos y no caer en manos de estas redes, que son pequeñas redes de inescrupulosos que ven en esto como una unidad de negocio".
Esta situación fue corroborada por el core Percy Marín, quien manifestó que "muchas veces vemos que juntas de vecinos o agrupaciones de adultos mayores son visitadas por empresas que les ofrecen proyectos y recorren la región ofreciendo propuestas, como ellos no tienen la capacidad, entonces se los levantan y terminan instituciones de buena fe envueltas en situaciones irregulares producto de inescrupulosos que, además, aumentan los costos de manera abismante y superan varias veces el valor real".
Una de las explicaciones a esta situación es que "si tú consultas a cualquier ciudadano sobre su principal preocupación, te dirá que es la seguridad ciudadana. Entonces, a partir de esa problemática que sufrimos, algunos se aprovechan y empiezan a hacer estos tour de ofrecimiento de proyectos, donde recorren la región haciendo ofertas y presentaciones de proyectos".
La core Tania Valenzuela, jefa de Bancada del Frente Amplio, explicó en conversación con Puranoticia.cl que "el informe es categórico, hay postulaciones irregulares por parte de eventuales “formuladores de proyectos”, situación que de ser necesaria debe tener una repercusión legal para quienes obtuvieron beneficios económicos a costa de proyectos que tienen como objetivo la mejora social. Por otro lado, se identificaron procesos de fiscalización que deben ser más rigurosos, los cuales actualmente han sido reforzados con nuestros funcionarios públicos para detectar a tiempo cualquier eventual irregularidad".
A su vez, manifestó una "profunda preocupación" con los dos proyectos que fueron aprobados pese a no contar con "Recomendación Técnica", ante lo cual dijo que "debiese dar pie para iniciar un sumario administrativo interno en el Gobierno Regional de Valparaíso, que permita identificar responsabilidades".
Finalmente, Valenzuela reconoció a la administración de Rodrigo Mundaca por "la rápida disposición para entregar todos los antecedentes necesarios que puedan colaborar y facilitar el trabajo que está llevando adelante Contraloría. Me parece una señal correcta que se dé a la ciudadanía un mensaje de total rigurosidad con recursos fiscales".
PURANOTICIA
