Una serie de irregularidades detectó una auditoría de Contraloría a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por parte del Gore de Valparaíso entre 2020 y 2021, bajo las administraciones de Jorge Martínez y luego de Rodrigo Mundaca.
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Con la misión de comprobar que se hayan ajustado a los objetivos establecidos, la Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una auditoría a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por parte del Gobierno Regional de Valparaíso entre los años 2020 y 2021, análisis que concluyó con 21 observaciones que presentan irregularidades o situaciones que subsanar.
Vale hacer presente que al mando del Gobierno Regional el año 2020 y la mitad del 2021 estaba el ex intendente regional Jorge Martínez Durán; mientras que desde julio de 2021 a la fecha está el gobernador regional Rodrigo Mundaca Cabrera.
A través del Informe Final N° 468 de 2022 –al cual Puranoticia.cl tuvo acceso– se indica que la auditoría se planificó en atención al riesgo que revisten las adjudicaciones de proyectos asociados al Fondo Regional de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, financiados con el 6% del FNDR, efectuadas por el Gobierno Regional, considerando también la transición con la Delegación Presidencial.
Antes de repasar las conclusiones arrojadas por el estudio, vale hacer presente que, según la Ley Nº 19.175, el Gobierno Regional puede resolver la inversión de los recursos en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, "con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo".
En ese sentido, podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos en subvencionar actividades culturales; deportivas y del programa Elige Vivir Sano; de seguridad ciudadana; de carácter social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas; de atención de adultos mayores e integración y promoción del envejecimiento activo y; de protección del medio ambiente y de educación ambiental.
Importante es tener en cuenta que la asignación de estos recursos –que entre 2020 y 2021 llegaron a $1.593 millones ($1.593.413.049), correspondiente a 194 proyectos– se debe efectuar de forma transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer, mediante acto administrativo afecto a toma de razón, los instructivos que considere necesarios. De estas iniciativas, las partidas sujetas a examen equivalen a $348 millones ($348.183.501), correspondientes al 21,85%, desglosados en 31 proyectos concursables y 6 de asignación directa.
En el marco de este estudio realizado por la Contraloría, se estableció que en nueve proyectos concursables de seguridad ciudadana, relacionados con la adquisición e instalación de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias en organizaciones sociales, y que suman $40 millones ($40.492.908), se comprobó que estos fueron planteados en términos casi idénticos, vale decir, proyectos "copy-paste".
Estas iniciativas fueron ejecutadas por la Agrupación de Amigos Padre Alberto Hurtado (Viña del Mar); el Club de Adulto Mayor Lucero del Atardecer (Viña del Mar); y las Juntas de Vecinos Palmilla Baja (Villa Alemana), N°69 Santa Marta (Quilpué), Población Araya Nº48 (Quilpué), Héroes del Mar UV Nº143 (Valparaíso), Mariana de Osorio (Olmué), Libertad de El Higueral (San Esteban) y Cerro Santo Domingo (Valparaíso).
También se verificó que estos fueron planteados en términos casi idénticos, variando sólo los datos referidos a la situación particular de la unidad vecinal que se beneficiaría. Incluso, se advirtió que en ocho de los nueve proyectos, en el formulario de postulación presentado al Gobierno Regional, se incluye un mismo correo electrónico: «postulacionproyecto17 @ gmail.com».
El Informe Final N° 468 de 2022 también afirma que se acompañaron cotizaciones a nombre de empresas, las cuales indicaron no haberlas emitido; de igual forma se advirtió un sobreprecio de casi $13 millones ($12.936.454) por el pago de los dispositivos; esto, según la comparación de precios publicados en los sitios web; y las rendiciones de cuenta de esos proyectos están conformados por tres facturas emitidas por las mismas sociedades, Consultoría y Construcción; Banquetería y Producción de Eventos; e Innovaciones Gráficas Fuera de Serie SpA.
Una de las irregularidades más graves detectadas en torno a estos proyectos dice relación con testimonios de dirigentes y ex dirigentes de ocho de las nueve organizaciones beneficiarias, quienes indican que la elaboración, ejecución y postulación de tales iniciativas fueron realizadas por los dueños de las empresas Consultoría y Construcción E.I.R.L. y Banquetería y Producción de Eventos E.I.R.L. y que ellos fueron quienes solicitaron las cotizaciones que se acompañan a los proyectos y no personas ligadas a dichas organizaciones comunitarias.
Considerando que esta situación podría revertir carácter de delito, la Contraloría Regional de Valparaíso remitió copia de su informe a la Fiscalía Local de Valparaíso.
Otro hecho grave detectado en la auditoría dice relación con la adjudicación de dos proyectos concursables a organizaciones privadas sin fines de lucro, cuando su evaluación técnica las catalogó como “sin recomendación técnica” por no cumplir con el puntaje mínimo establecido en las bases respectivas.
El primer proyecto en cuestión se denominaba «Nuevo Comienzo: Kinesiología y Deporte como Terapia para Adultos con Autismo», adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de los Autistas (Aspaut) V Región, por casi $3 millones ($2.764.602), en circunstancias que fue catalogada el año 2019 como “sin recomendación técnica” por no cumplir con el puntaje mínimo de 50 puntos (obtuvo 40) para ser aprobado de acuerdo a las bases.
Lo mismo ocurrió con el proyecto «Sistema de Televigilancia Villa Las Acacias II», el cual fue adjudicado a la junta de vecinos Villa Las Acacias II, de Villa Alemana, por $4 millones ($4.293.600), pese a que su evaluación técnica de 2019 sólo obtuvo 35 puntos y el estado “sin recomendación técnica” por no cumplir con el puntaje mínimo de 50 puntos para ser aprobado.
También se detectó en esta iniciativa de Villa Alemana que la ficha de evaluación da cuenta de modificaciones en los puntajes otorgados por la comisión en los criterios «Problemática» y «Población Objetivo», pasando de 50 a 100 puntos, las cuales aparecen realizadas de manera manual y después que la iniciativa fuera catalogada como “sin recomendación técnica”, y sin fundamento ni justificación.
Por esta situación, Contraloría ordenó al Gobierno Regional de Valparaíso que adopte las medidas pertinentes para evitar la reiteración de tales situaciones.
La auditoría efectuada por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado también advierte la inexistencia de un procedimiento o mecanismo para detectar, prevenir y/o documentar eventuales conflictos de interés que pudieran presentarse entre funcionarios y servidores relacionados con los postulantes y ejecutores de los proyectos financiados.
También se verificó la falta de un plazo formalmente establecido para la revisión y aprobación de las rendiciones de cuentas presentadas por los ejecutores de los proyectos concursables y de asignación directa, lo cual en algunos casos demoró más de 100 días.
De igual forma, en el Informe Final se indica que se comprobó la existencia de cuatro proyectos concursables, los cuales, pese a estar rendidos, aún se encontraban pendientes de cierre, advirtiéndose demoras de hasta 204 días.
Además, se constató la falta de supervisión de 11 proyectos, uno de asignación directa y 10 concursables, motivo por el cual el Gobierno Regional de Valparaíso "deberá adoptar medidas para que tales hechos no vuelvan a acontecer", según estableció Contraloría en su Informe Final N° 468, de 2022.
Dentro del examen de cuentas realizado a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Contraloría estableció que al 30 de abril de 2022, el Gobierno Regional de Valparaíso presenta un saldo de deudores por rendición de cuentas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) ascendente a $10 mil millones ($10.223.996.984), que corresponden a deudores públicos y privados de cuentas por cobrar, originadas desde 2009 en adelante.
Además, se detectó la existencia de pagos por honorarios cuyos contratos no consignaban un detalle de las obligaciones que debían cumplir los prestadores, por lo que el Gobierno Regional de Valparaíso deberá exigir que estos convenios contengan un mayor detalle de las labores que el prestador debe cumplir.
Finalmente, la rendición de cuentas del proyecto «16° Festival de Teatro de Verano, Festeve, de Valparaíso», financiada a la organización privada sin fines de lucro Círculo Teatral Independiente, por $3.500.000, incorporó factura de la empresa Teatro, Arte y Educación Ltda., por $1.050.000, correspondiente a cinco funciones digitales de teatro familiar.
No obstante, en el formulario de postulación se indica que el representante legal de la beneficiaria es dueño del 50% de la compañía mencionada. Como esta situación no se ajusta a las bases del certamen, el Gobierno Regional de Valparaíso deberá adoptar las medidas de control que resulten necesarias y pertinentes a objeto de evitar la reiteración de ese tipo de situaciones.
PURANOTICIA
