La administración Ripamonti proyecta licitar en diciembre de este año tres de sus inmuebles: los restaurantes «Nogaró» y «Tierra de Fuego», además de la cafetería «Bonafide»; creando en este tramo un fuerte polo gastronómico y turístico para el desarrollo de la comuna.
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Las playas de Viña del Mar son, junto al Reloj de Flores, sus jardines y el Festival de Viña, uno de los principales atractivos y eje turístico de la ciudad cada verano. Decenas de miles de santiaguinos repletan las costas de la denominada Ciudad Jardín y así lo hacen argentinos y turistas en general durante los primeros meses de cada año.
Es por eso que se trata de un bien invaluable para el turismo y comercio en la ciudad. Los locatarios, hoteles y agencias se preparan para la temporada, y también los concesionarios de cada playa. Ahí radica la importancia de cualquier decisión que se tome respecto de estos espacios, concesiones marítimas que, como explica bien el edil Sandro Puebla, “la Municipalidad ha obtenido con el objeto de concesionarlas a terceros para mejorar las instalaciones turísticas”.
La playa Acapulco, que actualmente no tiene concesionario vigente y cuya mantención está siendo realizada por el Municipio viñamarino, está ubicada en un punto estratégico de la ciudad: al lado de la tradicional avenida Perú, desde 8 Norte, hasta el muelle Vergara, con la turística avenida San Martín por un lado, y el océano Pacífico por el otro. Pero el punto neurálgico de este popular balneario es el restaurante de propiedad municipal, denominado «Tierra de Fuego», el cual por años ha sido subarrendado por Inversiones Olmué, propiedad del empresario Jorge Grinspun; al concesionario que estuvo por 16 años: Agencia Inmobiliaria Valparaíso (Aginva), cuyo socio mayoritario es el también empresario Nabil Mansour.
Durante los últimos años hubo varios problemas entre esta última firma y el Municipio, lo que derivó en una demanda interpuesta a la casa consistorial en la que pidieron $1.600 millones por dos supuestos incumplimientos: primero, un inicio tardío de la concesión y el cierre de la avenida Perú entre los años 2015 y 2016, debido a las marejadas y; luego, entre 2021 y 2022, a raíz de la pandemia del Covid-19. En su demanda de 2022 señalaban que habían “sufrido un perjuicio patrimonial atribuible a daña emergente por la suma de $557.312.525; mientras que a título de lucro cesante, la suma de $1.125.000.000, esto es, por la ganancia o provecho que ha dejado de percibir a raíz de incumplimiento contractual de la demandada”.
Sin embargo, el destino de la playa Acapulco está en suspenso, pues el balneario no tiene un concesionario definitivo, tras el término de la administración de Aginva. Hace algunas semanas, ésta aumentó el monto solicitado en la ya millonaria demanda en contra del Municipio, pasando de $1.600 millones a más de $4.600 millones tras un fracasado intento de acuerdo extrajudicial. Además, la firma presentó un recurso de protección que fue acogido a tramitación.
¿Por qué ocurrió esto? Pese a que los últimos meses del año pasado y los primeros de 2024 se intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pensando justamente en que el pasado 4 de abril se terminaba la concesión y había que renovarla o buscar a otro concesionario, aquello finalmente no se logró. La empresa había pedido prórroga de plazo, lo que no ocurrió, y el Municipio dividió en dos partes la explotación de la playa Acapulco: por un lado, el restaurante «Tierra de Fuego»; y, por otro, la playa, baños y cafetería.
Entonces, Aginva aumentó los montos que demanda al Municipio, pasando de $1.600 millones a más de $4.600 millones, según las últimas modificaciones de la empresa a su propia demanda, hechas hace un mes. “Indemnización de los perjuicios por las siguientes sumas: a) $4.366.334.700 por concepto de lucro cesante. b) $324.799.200 por concepto de daño emergente”, dice el último escrito.
Pero además, la empresa presentó hace unas semanas un recurso de protección para que se declare ilegal y arbitrario el acto de entrega del inmueble del restaurante «Tierra de Fuego« a Inversiones Olmué, algo que ya hizo el Municipio tras separar el arriendo del inmueble de la playa en su totalidad, y de aprobar el trato directo con la sociedad mencionada en uno de los últimos Concejos Municipales.
“Después de transcurridos los 16 años de la concesión de que gozó mi representada, se hizo entrega material de la misma el día 3 de abril del presente al director de concesiones de la I. Municipalidad de Viña del Mar, señor Mario Araya Cano; luego que el proceso de negociación quedara inconcluso y que la administración, de forma inexplicable, guardara un silencio ilícito ante la solicitud de prórroga que mi representada dirigió”, dice el escrito ingresado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acción que solicitó orden de no innovar para dar vuelta la entrega del restaurante, pero que fue rechazada.
Añaden que “mientras a otros contribuyentes, como hemos referido, por ejemplo la familia Grinspun, se le prorrogó por 12 meses la concesión de su restaurante «Nogaró» -vía administrativa- desde enero a diciembre de 2024, bajo la personalidad jurídica con la que explotan dicha concesión, DIPSA S.A.; de manera opuesta, a mi representado, en cambio, se le puso término por cumplimiento del plazo, pese a que a diferencia del otro adjudicatario, tuvo que partir desde cero para poner en marcha un negocio, principiando por la construcción del inmueble, bajo exigencias urbanísticas extremas y en condiciones topológicas de suyo difíciles, bien raíz que, insisto, quedó en propiedad del municipio; y que además, a diferencia de la situación de la familia de Jorge Grimspun en la concesión del restaurante «Nogaró»; mi representada, había aceptado realizar obras por $300.000.000.- de pesos a favor de l. Municipalidad y duplicar su anualidad a 400 UTM; es decir, mientras a Grinspun se le prorrogó por 12 meses sin ninguna exigencia adicional, a la recurrente se le negó su prórroga en la concesión de playa Acapulco a pesar que ofrecía sendos desembolsos a favor público”.
Sin embargo, la casa edilicia hizo una interesante jugada para terminar la concesión con Aginva y, además, recaudar más dinero para las arcas municipales, al dividir la concesión. Esto pues, si antes, con Aginva, percibían sólo $1.083.333 mensuales, y la firma, a su vez, cobraba $20 millones mensuales al arrendatario del «Tierra de Fuego»; con Inversiones Olmué, y la división de la concesión, esto cambiaría.
La estrategia de la administración Ripamonti se puede entender de la siguiente manera: si es que se mantuvieran los montos de arriendo que mes a mes le pagaba Jorge Grinspun a Aginva por arrendar el espacio concesionado ($20 millones), el Municipio recibiría esos $20 millones mensuales sólo por el restaurante, en comparación a los $1.083.333 que percibían antes por el restaurante y el resto de la playa Acapulco. Es decir, una cifra 20 veces mayor que explica por qué rompieron el acuerdo con Aginva y decidieron seguir este camino distinto.
Pero además de recaudar más dinero, también se sacaron de encima un concesionario conflictivo, según califican fuentes desde el propio Municipio. Muestra de aquello podría ser perfectamente la información errónea que le entregaron a Puranoticia.cl en el marco de la investigación de estee caso. Cabe recordar que Aginva nos informó por medio de un comunicado que el acuerdo extrajudicial propuesto consistía en "duplicar el pago mensual de 200 a 400 UTM", cuando lo cierto es que el pago de 200 UTM era anual, no mensual como afirmaban. Y es que para nadie es un misterio que 130 millones al año no es lo mismo que 13 millones. Este medio se contactó con la empresa para conocer explicaciones respecto a este conveniente error. Al respecto, el abogado Felipe Olea confesó que "existe un error en nuestro comunicado público. El pago de 200 UTM era anual y no mensual, conforme el concluido contrato de concesión".
La decisión definitiva de todo esto ocurrió hace dos semanas, cuando el Concejo Municipal aprobó un permiso de explotación comercial ”hasta el día en que se adjudique la próxima licitación” a Grinspun. La aprobación fue por ocho votos versus uno, con la ausencia del edil Tomás de Rementería y el voto negativo de René Lues, y en concreto implica el pago de 500 UF mensuales al Municipio (unos $18.645.870, según la UF de hoy), a través de la Tesorería General de la República, por parte del arrendatario provisorio, dejando fuera a Aginva del tablero, que hasta el 4 de abril pasado estaba a cargo de la concesión de la playa y subarrendaba el inmueble del restaurante «Tierra de Fuego» a Inversiones Olmué.
Esta aprobación generó dudas en varios ediles, por tratarse de un trato directo más que de una licitación pública. La premura por resolver quién se hacía cargo del restaurante, inmueble municipal e ícono turístico y gastronómico del borde costero de la ciudad, era alta, y como dijo el concejal Pablo González en dicha sesión del Concejo, el Municipio se encontró en una situación de la que no se podía salir de otra forma: “Un trato directo nunca es la mejor opción, pero hoy día nos ponemos frente a una paradoja de que de no tener un permiso de explotación corremos el riesgo de tener un inmueble municipal en pleno borde costero completamente abandonado”.
¿Y qué pasa con el resto de la playa? De forma paralela, el Municipio había realizado un concurso a través de su página web, en el que participaron dos empresas para quedarse con la concesión del balneario Acapulco, que implica, desde ahora, todo el equipamiento del borde costero, excepto el restaurante. El tema fue visto en el Concejo el 16 de abril, con un intenso debate, y finalmente, tras los cuestionamientos por el mecanismo, no se ha votado hasta ahora.
El director de Concesiones, Mario Araya, explicó en sesión que “el proceso con el anterior concesionario no fue una situación fácil, les recuerdo que el concesionario anterior tiene un juicio contra la Municipalidad. El día 3 o 4 nos entrega una carta donde dice ‘me voy del lugar’, por lo tanto recepcionamos el inmueble municipal y los inmuebles de mejora fiscal el día 4 y obviamente el lugar no puede quedar sin ocupación ni cuidados, porque son bienes que hay que cuidar para la municipalidad. Incluso la Armada estuvo presente el día que terminó”.
Bajo su punto de vista, “lo único que estamos haciendo es mejorar el lugar por un tiempo muy provisorio. Creo que en octubre o septiembre vamos a estar ya hablando de la licitación de estos dos lugares y, a lo mejor, económicamente van a ser mejores, es lo que esperamos. Las construcciones municipales en los últimos tiempos en lo que significa el borde costero tenían un pago muy menor. La playa Acapulco, con todo lo que tenía, pagaba 600 UF al año, o sea $7.200.000, sin perjuicio de que ellos construyeron las mejoras fiscales y las mejoraron, pero es lo que se percibía".
"Creemos que en este periodo transitorio vamos a lograr que la futura licitación sea mejor que la que tenemos hoy día, no solo en inmuebles sino también desde el punto de vista económico”, añadió Araya.
Para el concejal Sandro Puebla, lo ocurrido no es lo óptimo: “No se licitó como correspondía y uno esperaría que se pudiera licitar pública y transparentemente para los próximos años”, dijo; mientras que su par, Carlos Williams, añade un punto importante, relacionado a los costos de mantención durante este año. “Esta última debería ser licitada pronto, ya que, momentáneamente, es el Municipio quien debe destinar recursos para su mantención. Estamos en pleno proceso que esperamos concluir de manera satisfactoria para los intereses municipales”.
El edil René Lues comentó que “en el caso de playa Acapulco en el concurso realizado recientemente se separó el restaurante, que antes era parte de la concesión; y el martes pasado el Concejo Municipal aprobó un arriendo precario en favor del subarrendador del concesionario que tuvo la playa Acapulco hasta el 4 de abril, y yo voté en contra porque la actual administración ha llevado este proceso de forma errática, confusa, con falta de información al Concejo y cambios inexplicables de criterios. En efecto, sobre el restaurante «Tierra de Fuego», el Departamento Jurídico nos presentó en dos ocasiones en los últimos dos años una propuesta con cifras y proyectos que de un día para otro, sin siquiera comunicarlo al Concejo, fue retirado del debate de comisiones, y se presentó al final una propuesta completamente distinta de este arriendo precario, en lugar de preparar con tiempo una licitación pública, ya que desde hace años se sabía que el 4 de abril de 2024 expiraba la concesión y hubo tiempo de sobra para hacerla. Junto con ello ha habido criterios distintos para abordar decisiones similares en este sector y una permanente exclusión e irrespeto hacia el Concejo, donde, por ejemplo, el lunes se nos hizo llegar un informe solicitado en comisión y lo que nos entregaron fue una hoja con un cuadro básico y lleno de imprecisiones, que estimé una verdadera burla hacia el Concejo e inaceptable para mí”.
Además, –de acuerdo a Mario Araya– el Municipio tiene una planificación para potenciar el polo gastronómico y turístico de esa zona, al buscar realizar la licitación definitiva de «Tierra de Fuego» al mismo tiempo que con la que hay que hacer en el caso de «Nogaró», restaurante ubicado al comienzo de la avenida Perú, frente al Casino Enjoy. Se busca, tener oferentes y estudios por parte de la Municipalidad “en noviembre y máximo diciembre, porque termina «Nogaró» entre el 12 a 16 de diciembre de este año y la idea es que ahí tengamos la continuidad al licitar «Nogaró» y «Tierra de Fuego»”.
Sobre esto último, Lues es más positivo: “Lo que sí debo reconocer es que la Dirección de Concesiones tiene en vista un importante proyecto para ese sector de Viña del Mar, ya que en diciembre pretende licitar los tres inmuebles municipales donde hoy funcionan el restaurant «Nogaró», la cafetería «Bonafide» y «Tierra del Fuego», y generar un polo gastronómico y turístico de gran nivel en ese punto, epicentro de la actividad turística de la comuna, con el casino como motor y núcleo, las plazas Colombia y Los Héroes, la Avenida Perú y el histórico restaurant Chez Gerald, que también contribuye a potencia esta oferta. Es una gran idea que espero podamos sacar adelante, con decisiones e intervenciones realizadas con riguroso celo y transparencia, potenciando el borde costero que es el verdadero patrimonio de nuestra ciudad”.
Frente a todo este tema, el abogado de Aginva, Felipe Olea, insiste en diálogo con Puranoticia.cl que “estamos convencidos que existen antecedentes suficientes para que las acciones judiciales que hemos interpuesto en contra de la administración Ripamonti, para detener el actuar ilegal y arbitrario en las adjudicaciones a dedo que se han hecho de la playa Acapulco y en específico, del restaurant «Tierra del Fuego», sean revertidos. Es urgente y necesario que la alcaldesa le explique a la ciudad como es posible que el empresario Jorge Grinspun conquistó su atención para quedarse con los restaurante «Nogaró» y «Tierra de Fuego», nunca mejor dicho, sin concursos ni sorteos”.
Además, no descartó otras acciones judiciales: “Acá se ha actuado, por parte de Aginva, de la manera más correcta posible, respetando los plazos, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones. En cambio, la Municipalidad de Viña del Mar ha hecho todo lo posible para sacar a Aginva de carrera y favorecer a este particular, y me pregunto y me produce mucha duda (respecto a) cuáles son los verdaderos vínculos que tiene con la Municipalidad, porque no me calza que las dos joyas de la corona, las dos puntas de la avenida Perú se la entreguen a una misma persona. Sólo mencionarlo es grosero. Se están analizando las figuras delictuales que generan esta entrega a dedo, de las que podrían participar todos los concejales, menos quien votó en contra”.
PURANOTICIA
