Vía Ley del Lobby, se conoció que el 4 de agosto del 2021, la Alcaldesa de Viña del Mar se reunió con dos gerentes de Ingesmart S.A., semanas antes que se conociera de la propuesta para entregarle, vía trato directo, un contrato para instalar estos aparatos.
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Un nuevo antecedente en el marco del conflicto de las cámaras de televigilancia en Viña del Mar conoció Puranoticia.cl a través de la plataforma de la Ley del Lobby, lo cual devela el acercamiento que tuvo la alcaldesa Macarena Ripamonti con representantes de la empresa Ingesmart S.A. un mes antes que la autoridad comunal propusiera al Concejo Municipal entregarles un contrato, vía trato directo, para que dicha firma se hiciera cargo del servicio de 36 de estos aparatos.
El problema comenzó a ser reflotado el 22 de julio del 2021 cuando, a tres semanas de haber asumido la Alcaldía, la jefa comunal propone a los ediles acabar con el contrato con Global Link, empresa que estuvo por más de 10 años a cargo del servicio de 122 cámaras de televigilancia, las que, a juicio de Ripamonti, "no pueden grabar un rostro o captar una patente para hacer una denuncia eficiente". Finalmente el Concejo accede y pone fin a la relación que venía de la administración de Virginia Reginato.
El día siguiente, vale decir el 23 de julio del 2021, la Municipalidad de Viña del Mar publicó las bases de licitación para el arriendo, instalación, implementación y mantención de 122 cámaras de seguridad para la comuna; esto, para reponer el servicio que dejó de prestar Global Link luego que 24 horas antes el Concejo decidiera ponerle fin al contrato. Entonces, como la Ciudad Jardín se quedó sin estos importantes elementos de seguridad, la alcaldesa Ripamonti llegó con otra propuesta bajo el brazo.
El 27 de julio del 2021, la autoridad frenteamplista explicaba a la opinión pública que seguirían dos líneas de acción luego que dejaran de contar con las 122 cámaras de televigilancia: primero, "reforzaremos los patrullajes preventivos" y, segundo, que mientras se espera la licitación, "se realizará un trato directo con una empresa que sea legal y que cumpla, y no que brinde una falsa sensación de seguridad que por más de 10 años se le ha dado a la comunidad, a la que se le ha mentido".
Así fue como el autodenominado «Municipio de Cuidados», a fines de agosto del 2021, entrega todos los antecedentes de este contrato directo a los concejales, explicándoles que sería con la empresa Ingesmart S.A., y que se extendería por unos seis meses hasta que comenzara a operar el servicio de las 122 cámaras. No obstante, el 2 de septiembre, Ripamonti recibe el primer gran revés de su gestión, pues el Concejo decidió rechazar la propuesta de trato directo con Ingesmart S.A. por el servicio de 36 cámaras.
La propuesta de la administración municipal se cayó con los votos en contra de los concejales Sandro Puebla (IND-PS) y René Lues (DC); y las abstenciones de Antonia Scarella (UDI), Tomás de Rementería (PPD) y los comunistas Pablo González y Nicolás López, quienes consideraron que económicamente no era lo más conveniente para el Municipio de la Ciudad Jardín.
Y es que por los meses que se prolongaría el servicio de estas 36 cámaras, el Municipio viñamarino debía pagarle mensualmente cerca de $28 millones a Ingesmart, cuestión que generó ruido en el Concejo, que, por ejemplo, a través del edil Sandro Puebla, cuestionó dichos montos, acusando incluso "sobreprecios".
En concreto, esta empresa proponía entregar el servicio de 36 cámaras, por cinco meses, por un valor de $140 millones, vale decir, cada cámara tendría un costo mensual de $777.000. Pero basándose en la apertura de la licitación pública mayor (por las 122 cámaras) se detecta que la misma Ingesmart S.A. ofertó por cada cámara un valor de $297.000, es decir, menos de la mitad que lo propuesto en el trato directo. Esto fue lo que en definitiva encendió todas las luces y terminó por rechazar la propuesta.
En la búsqueda de nuevos antecedentes que pudieran aportar a esclarecer el proceso en torno a las cámaras de seguridad en la Ciudad Jardín, Puranoticia.cl pudo comprobar, vía datos por Ley del Lobby, que el 4 de agosto del 2021, vale decir, un mes antes que la propuesta de trato directo fuera votada en el Concejo Municipal, la alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo una reunión con dos gerentes de Ingesmart S.A..
Se trató de una reunión con Francisco Cardemil, gerente de Desarrollo de Ingesmart S.A. y con Francisca Soto, gerente de Cuentas Clave, con quienes abordó temas relacionados a las cotizaciones de trato directo de cámaras de televigilancia, además de escuchar una presentación de propuesta de los servicios que pueden ser de utilidad para la comunidad viñamarina. Todo esto, según la plataforma de Ley del Lobby.
Además, en la cita presencial efectuada a las 9:00 horas del 4 de agosto del 2021 en dependencias de la Municipalidad de Viña del Mar, con una duración de 60 minutos, se abordó también el diseño, la implementación y la evaluación de políticas, planes y programas efectuados por Ingesmart S.A..
Un hecho similar fue advertido por el diputado Andrés Celis, quien reveló que la Directora de Seguridad Pública del Municipio de la Ciudad Jardín, Amal Kdiemati, sostuvo conversaciones con la empresa para que, en la previa a votar el trato directo, consiguió que cobraran $1 millón menos por mes.
"Queremos probidad, transparencia y que se aclare el rol de la Directora de Seguridad Ciudadana, que dijo en este trato directo dijo que tuvo conversaciones con la empresa, que se habían enviado correos directos para cobrar $1 millón mensuales menos. Eso no se hace, eso está fuera de la norma de todo funcionario público. En definitiva, queremos que se aclare y que Viña tenga cámaras de seguridad ciudadana", señaló.
Esta reunión efectuada en el edificio consistorial cobra aún mayor relevancia luego de iniciado el proceso de licitación de las 122 cámaras de televigilancia, donde el nombre de Ingesmart S.A. fue nuevamente protagonista.
El 21 de octubre del 2021, el Concejo Municipal de Viña del Mar determinó adjudicarle la licitación de las 122 cámaras de televigilancia a Ingesmart S.A., por $1.260 millones, en un proceso que no estuvo exento de controversia, pues dicha firma quedó sola en competencia luego que el equipo evaluador sacara a las otras cinco compañías que participaron; esto, debido a algunos errores detectados.
El problema está en que Ingesmart S.A. también cometió errores, los cuales incluso fueron reconocidos por la administración municipal, y que decían relación con ofertar un plazo de entrega en 75 días, cuando las bases de la licitación eran claras en indicar que este tiempo sería de 60 días.
Y es que al no tener competencia, la calificación de 5,80 obtenida en la evaluación final no era relevante pues lisa y llanamente "corían solos", recordando que las otras cinco empresas que participaron del proceso fueron sacadas del camino previamente.
Esta tónica de los errores volvió a repetirse en favor de Ingesmart S.A. cuando en octubre del 2021, el Municipio de Viña del Mar redacta el contrato para que sea firmado por la empresa, estableciendo un plazo de 120 días para entregar las obras, cuando en las bases de licitación se hablaba de 60 días, como ya se había dicho en los párrafos anteriores.
De esta manera, el 24 de diciembre del 2021 se logra firmar el contrato, iniciando de esta manera el proceso de instalación de las cámaras, el cual también registra problemas, pues la empresa ingreso una solicitud –la cual fue aprobada– para postergar el plazo de entrega de las cámaras, por lo que en vez de ser entregadas a fines de marzo, como se tenía contemplado, ahora estarán listas durante abril.
A raíz de todas estas situaciones relacionadas con las cámaras de televigilancia para Viña del Mar, el diputado Andrés Celis acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que realice una investigación al proceso de licitación de los 122 aparatos.
Frente a toda esta controversia, el parlamentario RN pidió a Contraloría que "se invalide todo este procedimiento y se retrotraiga, para que se evalúe a todas las personas que participaron".
"Algo huele mal y yo pienso y creo que es la Contraloría la que debe despejar las dudas ante lo que, pienso yo, es un acto poco probo y transparente. Lo más importante, para que Viña del Mar tenga cámaras de seguridad ciudadana. Yo sé que la alcaldesa me va a contestar que estaban todas las cámaras malas, pero carabineros me dijo que esas cámaras nos servían", cerró el legislador.
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