Diputado Andrés Celis acudió a la ente fiscalizador para solicitar que "se invalide todo este procedimiento y se retrotraiga"; esto, con el objetivo de que se evalúe a todas las empresas que participaron en el proceso.
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Un nuevo capítulo está viviendo la teleserie de las cámaras de televigilancia en Viña del Mar, luego que el diputado Andrés Celis acudiera a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que realice una investigación al proceso de licitación de 122 de estos aparatos, el cual fue adjudicado por la administración de Macarena Ripamonti a la empresa Ingesmart S.A., y que a juicio del parlamentario "huele mal".
Tal como ha informado Puranoticia.cl desde que se comenzó a discutir este tema en el Concejo Municipal, todo comenzó cuando en julio del 2021, a semanas de iniciar su gestión, Ripamonti solicitó a los ediles aprobar el fin del contrato con la empresa Global Link, a cargo de las cámaras de seguridad en la comuna, a través de un contrato que se extendió por casi dos décadas con la administración de Virginia Reginato.
Los motivos, según explicó la jefa comunal en aquella oportunidad, pasaban porque las cámaras prestaban un servicio deficiente o porque estas se encontraban en mal estado o lisa y llanamente porque no funcionaban. A pesar de ello, el diputado Celis afirmó, respaldado por un documento emanado desde el propio Municipio, que 87 de estas cámaras sí se encontraban operativos y eran útiles para Carabineros.
El conflicto prosiguió en septiembre de 2021 cuando la alcaldesa Ripamonti propuso un trato directo con la empresa Ingesmart S.A. para el arriendo de 36 cámaras de seguridad, con un costo mensual, por cinco meses, de $28 millones ($140 millones de inversión municipal). No obstante, esta millonaria propuesta fue rechazada por el Concejo Municipal, lo que significó el primer gran revés de su gestión.
De forma paralela a esta "salida del paso" que intentó la autoridad frenteamplista, se dio inicio a un proceso de licitación para el arriendo de 122 cámaras, por 36 meses, en el cual participaron seis empresas, quedando sólo una en competencia: Ingesmart S.A., la cual se adjudicó el contrato, pese a una serie de errores cometidos, los que cuales a juicio de Andrés Celis son mayores a los de las otras cinco firmas.
Teniendo en cuenta esta situación, la firma tampoco cumplió con exigencias relacionadas a la megafonía y otras especificaciones. No obstante, lo más grave vendría de la mano con los plazos: Ingesmart S.A. ofertó un plazo de entrega de obras en 75 días, cuando las bases de licitación indicaban sólo 60 días. Cabe hacer presente que la comisión evaluadora observó esta situación, sin embargo no hizo mayores reparos, a diferencia de los que sí hizo con las otras cinco empresas que sacó del camino.
Frente a toda esta controversia, el diputado Andrés Celis acudió a la Contraloría para solicitar que "se invalide todo este procedimiento y se retrotraiga, para que se evalúe a todas las personas que participaron". Y más aún, luego de afirmar que en agosto del 2021, la directora de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar (Amal Kdiemati), reconoció haber tenido conversaciones telefónicas y por e-mail con el gerente de Ingesmart, lo que a juicio del parlamentario "está fuera de norma".
"Queremos probidad, transparencia y que se aclare el rol de la Directora de Seguridad Ciudadana, que dijo en este trato directo dijo que tuvo conversaciones con la empresa, que se habían enviado correos directos para cobrar $1 millón mensuales menos. Eso no se hace, eso está fuera de la norma de todo funcionario público. En definitiva, queremos que se aclare y que Viña tenga cámaras de seguridad ciudadana", agregó.
El conflicto de las cámaras de televigilancia tuvo otro episodio el 24 de diciembre, cuando después de dos meses, el Municipio de Viña del Mar redacta el contrato para que la empresa adjudicada lo firme y comience las obras. Sin embargo, todo el retraso administrativo originó que la entrega de las cámaras no se efectuara a tiempo y debieran solicitar una prórroga, por lo que ahora los viñamarinos deberán esperar hasta abril para contar con estos 122 importantes elementos de seguridad.
Al respecto, el diputado Celis sostuvo que "Viña del Mar lleva cerca de seis meses con cuatro cámaras de seguridad ciudadana. Esta propuesta pública se podría haber adjudicado perfectamente en noviembre. Lo más increíble es que se cometió un error, supuestamente involuntario, que el decreto en vez de poner 60 días, se modificó por 120 días, y eso lo detectó un concejal de Viña del Mar".
"Algo huele mal y yo pienso y creo que es la Contraloría la que debe despejar las dudas ante lo que, pienso yo, es un acto poco probo y transparente. Lo más importante, para que Viña del Mar tenga cámaras de seguridad ciudadana. Yo sé que la alcaldesa me va a contestar que estaban todas las cámaras malas, pero carabineros me dijo que esas cámaras nos servían", añadió el parlamentario de Chile Vamos.
Además, precisó que "yo tengo mis sospechas con la empresa (Ingesmart) en general, y quiero ser ecuánime y justo: yo también hice una denuncia contra esta empresa cuando estaba como subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. No es la primera vez que me topo con esta empresa. (...) No sé si será coincidencia de la empresa, no sé si tendrán buena llegada con los organismos públicos. No quiero pensar mal, pero los papeles y la realidad me hacen pensar que algo hay, pero eso debe determinarlo la Contraloría".
Respecto a los afectados por todo esto, dijo que "lamentablemente han sido los ciudadanos de Viña del Mar, así también como los comerciantes y los turistas, quienes han visto aumentar la delincuencia; mientras Carabineros se las arregla como pueda para resguardar la seguridad sin cámaras de televigilancia en el centro y en los cerros de la ciudad".
Por último, indicó que "deben haber responsables administrativos por esto. (...) También existen dudas fundadas sobre vulneraciones a los principios de probidad e igualdad de los oferentes. La última licitación, que aún no trae frutos, podría ser incluso invalidada por la no ejecución en los tiempos establecidos y por falencias en probidad. No es aceptable que funcionarios municipales sostengan conversaciones privadas y directas con una empresa cuando en paralelo existe un proceso licitatorio".
PURANOTICIA
