Municipio busca adjudicar a Mega pero manteniendo las bases municipales. Si el canal firma, deberá atenerse a las reglas del juego estipuladas en la licitación, y si no lo hace, deberá pagar boleta de seriedad de la oferta, es decir $200 millones. En tal caso, se tendrá que llamar a una nueva licitación y los plazos son cada vez más acotados.
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La realización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar está pasando por días difíciles. La licitación para adjudicar la concesión por los próximos cuatro años enfrenta una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública por parte de Canal 13, realizador del evento durante los últimos años, y los motivos que presenta se sostienen en al menos seis puntos que la oferta presentada para ganarse el Festival por parte de Mega no cumple respecto de las bases municipales. Pero la administración Ripamonti busca firmar de todas formas con la estación de Bethia. La gran duda es, ¿por qué, y cómo?
Lo que se ha discutido estas semanas desde que se conoció la oferta de Mega en unión temporal con Bizarro es cómo el municipio podría adjudicar la concesión a una estación que busca cambiar varias de las reglas establecidas en las bases de la licitación. Puranoticia.cl había identificado algunos puntos: las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara; a los que Canal 13 sumó posteriormente el uso del anfiteatro al menos tres veces durante cada año de la concesión del certamen; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en el terreno donde se realiza el máximo evento del verano.
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El mismo canal envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti en la que advierten estos seis puntos en discordancia con las bases, aludiendo a que la oferta de Mega estaba fuera de norma, por lo que llamaban derechamente a declararla inadmisible y a dejar el concurso desierto, de lo contrario se reservaban tomar las acciones que consideraran pertinentes en la sede correspondiente. Luego, este viernes, presentaron una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, a propósito del informe y acta de la Comisión Evaluadora que estipulaba que “la empresa Megamedia S.A, en UTP con Bizarro Servicios SpA, cumple con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas de licitación".
Pero hay un concepto importante a analizar en las palabras del director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, dichas cuando anunció esta acción judicial el viernes pasado. “En caso que el actual único oferente se ajuste a las bases sin las condicionantes expuestas en su propuesta, se cumpliría satisfactoriamente el proceso. De lo contrario, se verá afectado no solo este período de licitación, sino que todas las que vengan en el futuro”.
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El asunto es que, de acuerdo a fuentes municipales, la administración Ripamonti busca que la propuesta se adjudique a Mega -recordando que es el único oferente- pero conservando las bases estipuladas por el municipio, sin incorporar los requerimientos de Mega en varios puntos.
Por un lado, dichas fuentes estiman que las aprensiones planteadas por Canal 13 van en la línea correcta, pues efectivamente las bases deben ser respetadas, pero por otro sostienen que una vez adjudicada la concesión, lo que esperan que suceda el jueves 2 de mayo -lo que dependerá de la voluntad del Concejo Municipal-, Mega deberá firmar el contrato de concesión que contendrá las reglas estipuladas en las bases de la licitación y no las solicitadas por la televisora.
Si finalmente se logra aprobar la adjudicación, el resto entonces dependerá de Mega y Bizarro, en cuanto a si están dispuestos o no a aceptar las reglas del concurso al que postularon, más allá de lo que plantearon en su oferta. En este caso, hay dos caminos que podrían seguir: Uno, firmar, con esas condiciones, y desarrollar el evento por los próximos cuatro años; o bien, no hacerlo y abrir paso a un segundo proceso de licitación que podría dañar la calidad del certamen por el poco tiempo para producir el evento del próximo año.
Pero además, si Mega sigue esta segunda opción, el municipio podrá cobrar la boleta de garantía por el concepto de seriedad de la oferta, monto que ya fue cancelado por el canal, que asciende a $200 millones, y tiene una vigencia de 120 días corridos desde la apertura de la oferta.
Lo dicen las bases de la licitación: “La Municipalidad procederá a la re-adjudicación, previo acuerdo del Concejo Municipal, en los siguientes casos: Si el oferente inicialmente adjudicado desiste formalmente de la contratación, ya sea que rechace o no firme el contrato dentro de los plazos establecidos, o a su vez, manifieste a través de una comunicación escrita y formal las razones de dicho desistimiento, haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta”, además de otros dos puntos. Sobre la falta de otros oferentes para readjudicar, el escrito indica que “se hace presente que la re-adjudicación se realizará al proponente que obtenga la calificación de segunda oferta más conveniente y así sucesivamente. En caso de no haber otros oferentes mejores evaluados, se declarará desierto el proceso”.
El documento estipula otro aspecto importante de considerar, en caso de declararse inadmisible la oferta de Mega: “El documento de Seriedad de la Oferta será devuelto a los proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl”.
Con todo, también está el hecho de que si Mega decide no firmar el contrato o el Concejo Municipal declara inadmisible la propuesta, el municipio deberá llamar a un nuevo concurso en mayo para ser adjudicado recién en julio, en el mejor de los casos. Aquello significará que desde agosto el canal que se adjudique la concesión podrá recién comenzar a confirmar artistas y producir el evento. Hay que considerar también que la actual licitación comenzó en diciembre del año pasado y su apertura de ofertas fue recién a comienzos de abril, por lo que el panorama no se ve auspicioso para quien quiera efectivamente producir el Festival del próximo año, por los pocos meses que quedarán para hacerlo, si se considera además que los canales comienzan a trabajar en el certamen del año siguiente en marzo del año anterior.
Sin embargo, para algunas fuentes municipales, pese a que Mega puso condiciones para hacerse cargo del Festival y está el riesgo de que no quiera firmar un contrato que no se apegue a lo que pidieron en su oferta, la posibilidad de que sí lo haga es grande. Esto, principalmente por el interés que demostró la televisora al asistir a visita a terreno -de acuerdo al proceso licitatorio- no en una oportunidad, sino en tres, y por tres horas cada vez. De acuerdo a otra fuente, Mega fue el único canal de todos los que asistieron a estas visitas, que lo hizo tres veces. Fueron siempre con más de 20 personas, expertos, revisaron la Quinta Vergara completa, y cada visita en que se pudieron demorar 20 minutos, ellos estuvieron 3 horas. Además, comenzaron a trabajar en la licitación desde diciembre, al menos. Por eso, indican que desde el principio se vio que el único realmente interesado en la concesión era Mega.
Queda por ver qué hará el Concejo Municipal, que pidió este jueves tener dos semanas de plazo para obtener informes jurídicos, del director de Control Municipal y de la propia Contraloría. El concejal Jorge Martínez, miembro de la Comisión de Promoción del Festival, manifestó que es “muy importante ser muy acuciosos porque es un contrato a 4 años y que involucra muchísimos recursos. Sólo vamos a aprobar un contrato que cumpla con todas las condiciones de las bases de licitación, y estamos a la espera del pronunciamiento de la dirección jurídica del municipio. Los plazos están acotados, generalmente en marzo tenemos las primeras reuniones para ver y analizar la versión del Festival del año siguiente, y ya estamos en abril. Me hubiese gustado que la administración hubiese levantado el concurso un poco antes, para no tener este conflicto de tiempos, pero los tiempos tampoco pueden ser una excusa para realizar un contrato. Habrá que trabajar con más ahínco para realizar un buen Festival”.
Sin embargo, también planteó sus dudas sobre cuál es el partner internacional que propone Mega, más allá de lo que se conoce de la propuesta del canal; y cómo se va a cumplir con la presencia de la Orquesta Festival. “También he pedido que los publicity, los minutos que tiene la municipalidad para promocionar la ciudad sean utilizados en el Festival y no con otro fin”, dijo.
Considerando estos escenarios, Martín Loo Gutiérrez, profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, advierte que “el principio jurídico fundamental de las licitaciones públicas se denomina ‘principio de estricta sujeción a las bases’, lo que implica que tanto el órgano administrativo que llama a la licitación como los oferentes que participan en ella deben respetar de manera escrupulosa las condiciones y requisitos contenidos en las bases de licitación. Si ello no se verifica (o sea, si el órgano administrativo y/o alguno de los oferentes infringen las normas de las bases de licitación) se presentará un vicio del procedimiento de licitación que puede, eventualmente, dar pie a la nulidad de la adjudicación de la misma. En consecuencia, si se llegare a establecer que la oferta no cumple las prescripciones de las bases (p.e., al introducir condiciones no previstas expresamente en ellas) y, no obstante, se procediere a la adjudicación de la licitación a favor del oferente que formuló dicha oferta, se generaría un vicio que podría afectar la validez de la licitación. Si se determina la existencia de una adjudicación viciada existe la posibilidad de que el municipio se vea expuesto a acciones legales”.
En tanto, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Viña del Mar (UVM), Bárbara Calderón, explica que “si la adjudicación efectivamente se produce y es notificada al adjudicatario, aún existe para la Municipalidad la posibilidad de iniciar un procedimiento de invalidación si posteriormente llegara a la convicción de que efectivamente existió un incumplimiento de las bases de la licitación, lo que no obsta a que el adjudicatario impugne judicialmente tal decisión si llegara a producirse”.
Sobre el camino judicial, que en esta oportunidad se inició por Canal 13 ante el Tribunal de Contratación Pública, la académica explica que “resulta interesante considerar que si bien la Ley 19.886 - que regula el procedimiento para la selección de oferentes en los contratos administrativo - otorga competencia al Tribunal de Contratación Pública para conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos desde la aprobación de las bases y hasta la adjudicación, lo cierto es que el ejercicio de dicha acción le corresponde sólo a quien ”tenga un interés actualmente comprometido en el respectivo procedimiento administrativo de contratación”, acción que, acorde a lo resuelto, exige haber participado como oferente en el procedimiento licitatorio, misma limitación que se advierte para ejercer acción de nulidad ante un tribunal ordinario. Por tanto, quienes estén interesados en impugnar el resultado de esta licitación que no tuvo más oferentes, deberán escoger otros canales, como la reclamación ante la Contraloría General de la República como órgano custodio de la legalidad de los actos de la Administración”.
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