Mientras tanto, los imputados permanecen bajo custodia de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valdivia.
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Este viernes se retomará la audiencia de formalización contra los tres hijos de Julia Chuñil y un exyerno, acusados por su desaparición y muerte ocurrida en noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos.
La extensa jornada previa obligó al tribunal a decretar un receso, fijando la reanudación a las 09:00 horas, momento en que se definirán las medidas cautelares. Mientras tanto, los imputados permanecen bajo custodia de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valdivia.
Los acusados son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, a quienes se les imputa parricidio, además de un exyerno acusado de homicidio calificado con alevosía.
Según la Fiscalía, el 8 de noviembre Javier Troncoso llegó ebrio al domicilio familiar, donde intentó robar al adulto mayor N.G.P. amenazándolo con un cuchillo para obtener los $212 mil de su pensión.
Julia Chuñil intervino y logró frustrar el asalto, pero fue atacada brutalmente por su hijo, quien la golpeó y finalmente la asfixió hasta causarle la muerte.
La acusación sostiene que, pese a presenciar el ataque, los otros imputados no intervinieron y luego colaboraron en el encubrimiento. Javier y Pablo trasladaron el cuerpo y quemaron la ropa de la víctima, mientras Jeannette presentó una denuncia falsa por presunta desgracia dos días después.
El Ministerio Público afirmó que con estas acciones buscaron desviar la investigación y asegurar su impunidad. En las semanas siguientes, los hijos se comportaron como herederos, vendiendo bienes de la víctima y repartiendo el dinero obtenido.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los tres hermanos, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad.
Los delitos que se les imputan son parricidio consumado, robo con violencia e intimidación frustrado, inhumación ilegal, maltrato habitual y encubrimiento, con agravantes de alevosía, superioridad de fuerza, nocturnidad y comisión en el domicilio de la víctima.
La defensa, encabezada por la abogada Karina Riquelme, pidió arresto domiciliario y cuestionó la investigación de la fiscal Tatiana Esquivel, alegando que no consideró la realidad cultural mapuche.
PURANOTICIA
