René Lues (DC), Jorge Martínez (UDI) y Antonia Scarella (Ind.-UDI) solicitaron ante el ente fiscalizador el inicio de una investigación respecto al funcionamiento y operación del sistema de cámaras de seguridad de la Ciudad Jardín, acusando "permanentes fallas y faltas".
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Hasta las oficinas de la Contraloría Regional de Valparaíso acudieron los concejales de Viña del Mar, René Lues (DC), Jorge Martínez (UDI) y Antonia Scarella (Ind.-UDI), para solicitar el inicio de una investigación respecto al funcionamiento y operación del sistema de cámaras de televigilancia de la comuna, del que acusan "permanentes fallas y faltas", desde su licitación hasta el día de hoy.
El día 21 de octubre de 2021, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó la licitación del «Servicio Arriendo de Cámaras de Televigilancia, Instalación, Implementación y Mantención en Diversos Sectores de la Comuna de Viña del Mar», el cual proveería de un sistema de televigilancia consistente en 122 cámaras.
El 24 de diciembre de 2021, el Municipio que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti firmó el contrato con Ingesmart S.A., estableciéndose el inicio del servicio para el 22 de febrero de 2022. No obstante, llegada esa fecha, se le entregó a la empresa una ampliación de plazo de 60 días, quedando ahora para el 23 de abril de 2022.
Llegada esta fecha, nuevamente no se cumplió con lo comprometido, pues recién el 31 de mayo de 2022 se dio inicio formal al servicio que buscaba reforzar la sensación de seguridad en la comuna. Es decir, 38 días después del plazo ya ampliado. En otras palabras, la Ciudad Jardín estuvo cinco meses sin cámaras de televigilancia, desde la fecha en que se firmó el contrato hasta su puesta en marcha definitiva.
Los ediles que acudieron a Contraloría también afirmaron que "el sistema nunca ha funcionado como es debido durante todo el año que lleva en operación", lo que argumentaron presentando tres puntos: Almacenamiento de las grabaciones de las cámaras; Visualización de las cámaras; y Obligaciones pendientes.
Respecto al primer ítem, sostiene que no hubo grabaciones durante nueve meses seguidos, mientras que durante los últimos tres se ha hecho con equipamiento alternativo. En ese sentido, precisaron que entre el 31 de mayo de 2022 y el 28 de marzo de 2023, "el sistema de almacenamiento de información (Storage) tuvo fallas y se perdieron todas las grabaciones de respaldo". Cabe hacer presente que el sistema debe registrar y guardar 180 días de grabación, cuestión que no ocurrió pues aseguraron que "Viña del Mar estuvo nueve meses sin registrar ningún evento delictual".
Fue recién en marzo de 2023 cuando el sistema comenzó a grabar, aunque con un equipamiento alternativo al que Ingesmart S.A. propuso en la licitación. Así fue como en febrero de 2023, la firma se comprometió a adquirir el recurso correcto e instalarlo en mayo, sin embargo, los ediles afirman que esto "no ha acontecido".
Sobre la visualización de las cámaras, reportan "caídas constantes y fallas en los sistemas de monitoreo y operación del sistema", a lo que suman problemas en la generación de paneos automáticos, posicionamientos de cámaras, calibración de antenas y nodos de conexión, entre otros puntos. De igual forma, comunicaron que entre julio de 2022 y enero de 2023 hubo un promedio de 205 fallas por mes.
Acerca del tercer punto (Obligaciones pendientes), Lues, Martínez y Scarella informaron a Contraloría que hasta el día de hoy la empresa no ha cumplido con los permisos de obras para la instalación de los postes para la sujeción de las cámaras de televigilancia, a lo que suman que tampoco se han instalado los empalmes eléctricos en los postes; ambas, exigencias presentes en las bases generales del contrato.
La presentación ante el ente que fiscaliza a los órganos del Estado también da cuenta que la unidad técnica municipal ha cursado entre 2022 y 2023 un total de nueve multas, equivalentes a 9.850 UF ($355 millones al valor de este jueves 15 de junio). De ellas, una quedó sin efecto por decisión de Seguridad Pública, mientras que otras dos fueron rebajadas. Así, las multas cursadas quedaron en 8.640 UF (unos $311 millones), equivalentes a más de siete mensualidades completas del servicio.
Los ediles también expusieron información, con fecha hasta enero de 2023, respecto a los descuentos por las cuatro multas de 2022. En ese sentido, comentaron que los mismos descuentos debieran producirse en relación a las dos multas cursadas en febrero y marzo de 2023 (1.540 y 930 UF, respectivamente). Respecto de las dos últimas multas propuestas por la unidad técnica (10 y 4.400 UF, respectivamente en abril y mayo) dijeron que "no tenemos certeza si han sido decretadas por el Municipio".
Además, señalaron que desde mayo de 2022 y hasta enero de 2023, se han pagado íntegramente las mensualidades a la empresa y no proporcionalmente, como aseguran que correspondería por los servicios efectivamente prestados.
FINALIZAR EL CONTRATO
Lues, Martínez y Scarella también señalaron ante Contraloría que la unidad técnica municipal ha hecho presente a autoridades edilicias, en al menos cinco ocasiones, que se debe considerar el término anticipado del contrato; esto, por el funcionamiento "no adecuado" del sistema, las multas aplicadas a la empresa y la persistencia de fallas en el equipamiento, a lo que suman el incumplimiento en la entrega de los informes de actividades y las obligaciones no cumplidas hasta hoy por la empresa.
"Las garantías del contrato están vigentes y en condiciones de hacerse efectivas hasta el año 2025, en el caso de la garantía, y hasta septiembre de 2023 en el caso del seguro", subrayaron los concejales de Viña del Mar.
Además, precisaron que "los concejales tenemos la responsabilidad de resguardar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que la empresa mantiene con el Municipio y prevenir cualquier situación que pueda afectar la continuidad del servicio, sobre todo en un tema como las cámaras de televigilancia, que son un dispositivo fundamental en el plan de seguridad pública, y sería dramático para toda la comunidad que dejara de funcionar o lo hiciera en condiciones deficientes".
POSTES ANTIGUOS
Si bien, no lo incluyeron en la presentación ante Contraloría, los ediles hicieron presente su preocupación por los 115 postes del contrato anterior del servicio de cámaras de televigilancia que aún se mantienen en funcionamiento, situación calificada como "delicada y riesgosa" para la comunidad viñamarina, motivo por el cual hicieron un llamado a la administración Ripamonti a que adopte medidas para solucionarlo.
Los 115 postes se encontrarían en estado "deteriorado" y que no han sido retirados. Es más, revelaron que uno colapsó en junio de 2022 en Reñaca Alto, situación que dejó sin energía eléctrica al sector. "Es muy delicado no retirar estos postes", dijeron.
El problema en este punto radicaría en el numeral 16, letra p), de las bases, donde el Municipio de Viña del Mar estableció que era obligación del adjudicatario “realizar el retiro de las 122 cámaras de televigilancia existentes”, lo que sólo incluía el equipo interno superior del poste, que sí se retiró, no así el resto de la instalación. Por ello, los concejales indicaron que lo que debió decir el numeral es “realizar el retiro del punto de cámara”, incluyendo de esta manera el cimiento, el poste, el gabinete y la cámara.
"Por este error y debido a que se trata de bienes municipales, la Municipalidad debe retirarlos y aquello tiene un obviamente un costo económico, pero el riesgo para la comunidad de que algún poste nuevamente se pueda caer es muy grave y debe evitarse a toda costa y con suma urgencia", puntualizaron.
A modo de conclusión, los concejales René Lues, Jorge Martínez y Antonia Scarella señalaron que "el sistema de las 122 cámaras de televigilancia ha presentado fallas desde un comienzo y no han sido solucionadas después de un año de funcionamiento. Ha habido negligencia de las autoridades municipales en tomar decisiones, a pesar de la abrumadora información y reportes entregados oportuna y permanentemente por la unidad técnica municipal".
Por ello, instaron a que "se debe actuar con urgencia para no generar una situación peor de la ya generada, donde la inacción y el ocultamiento de la grave situación del sistema de cámaras de televigilancia parece ser la tónica. De hecho, desde que solicitamos esta información el 28 de marzo, han transcurrido 55 días hábiles y aún no la tenemos completa, ello a pesar que la ley le otorga a la autoridad municipal 15 días hábiles para responder los requerimientos de información solicitados por concejales".
Finalmente, el concejal René Lues dijo a Puranoticia.cl que "se ofreció a la ciudad un sistema de última generación, y ha operado un sistema que no cuenta con ninguna grabación durante 9 de los 12 meses transcurridos, y que en estos últimos tres meses funciona con un equipamiento alternativo, no con el original que exige el software, y en el que además persisten fallas de visualización, equipamiento e incumplimientos de obligaciones".
"Existen multas cursadas por más de $300 millones y otras que se deberían haber cursado. Como concejales estamos muy preocupados por la continuidad y calidad del servicio y el pleno cumplimiento del contrato, pues las cámaras de televigilancia constituyen el pivote de la seguridad comunal para enfrentar la delincuencia que, hoy por hoy, campea en Viña del Mar", concluyó el edil DC.
PURANOTICIA
