2º Juzgado Civil de Valparaíso acogió la solicitud de medidas prejudiciales presentada por los abogados de los hombres de mar, por lo que tanto el ex Ministro de Economía, como otros miembros del Directorio de EPV, deberán acudir al tribunal a declarar.
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Satisfechos se encuentran los pescadores artesanales de la ex caleta Sudamericana de Valparaíso, luego que el 2º Juzgado Civil de la Ciudad Puerto accediera a las medidas prejudiciales solicitadas en esta causa, por lo que testigos, encabezados por el ex ministro de Economía, Lucas Palacios, además de miembros del directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), deberán prestar declaración.
La acción presentada por los abogados de los hombres de mar fue acogida en razón de las acusaciones de abandono a raíz del convenio suscrito el 2013 entre EPV y los pescadores, el cual indicaba que los trabajadores de la ex caleta Sudamericana debían salir del sitio por un período de ocho años para que se construyera ahí el Terminal 2, siendo trasladados de manera transitoria a la caleta El Manzano, en Quintero.
Pero el plazo venció en agosto del 2021 y, a juicio de los pescadores, quedaron pendientes una serie de materias, como la construcción de una caleta definitiva en la bahía de Valparaíso. Además, los demandantes acusan "total abandono" por parte de la firma estatal, lo cual se arrastra "desde hace años", según dijeron.
Bajo este contexto, deberán declarar Lucas Palacios Covarrubias, ex Ministro de Economía, Fomento y Turismo durante el gobierno de Sebastián Piñera; Gonzalo Davagnino Vergara y Harald Jaeger Karl, ex presidentes de la Empresa Portuaria de Valparaíso; Fernando Ramírez Gálvez, actual presidente de la firma estatal; y el ex concejal viñamarino Jaime Varas Valenzuela, director de EPV, entre otros.
En total, se trata de nueve altos funcionarios o ex funcionarios de EPV que deberán acudir al 2º Juzgado Civil de Valparaíso el próximo miércoles 25 de mayo, a las 10:00 horas a prestar declaración en el marco de esta causa.
Frente a esta decisión del tribunal, una de las abogadas de los pescadores, Paula Contreras, señaló que "la admisibilidad otorgada por el 2º Juzgado Civil le confiere viabilidad a la acción de nulidad de derecho público que se pretende entablar, en contra de la convención suscrita el año 2013, además de asegurar la producción de la prueba testimonial".
En ese sentido, explicó que lo primero significa que "la convención suscrita, a nuestro juicio, está destinada a quedar sin efecto por haberse violado normas de orden público, como el artículo 13 de la Ley de Puertos, que dispone que todo plan maestro debe contemplar el resguardo de las actividades pesqueras al interior de su recinto".
Del segundo, la abogada patrocinante sostuvo que "implica que un conjunto de testigos, a los que resultaría imposible tomar declaración dentro del término probatorio, por una serie de impedimentos prácticos, deberán hacerlo antes de la entrada misma al juicio".
Por último, Paula Contreras subrayó que "una gran parte del actual directorio de EPV nombrado por el ex presidente Sebastián Piñera –y, por lo mismo, prontos a dejar el cargo– podrían resultar inunicables en unos meses más, por lo que resulta razonable recibir su declaración de forma anticipada. Mismo caso del ex ministro Palacios".
PURANOTICIA
