La Empresa Puerto Valparaíso deberá presentar en audiencia del 28 de abril una serie de documentos que expliquen los fundamentos y motivaciones para, el 2013, sacar a los pescadores de su tradicional asentamiento.
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El largo conflicto sostenido entre los pescadores de la ex caleta Sudamericana con la Empresa Portuaria de Valparaíso tendrá un nuevo episodio el jueves 28 de abril, jornada en la que la firma estatal deberá concurrir hasta el 5º Juzgado Civil para presentar una serie de antecedentes solicitados en el marco de la acción judicial que en marzo de este año interpuso el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (Sipsa).
Los hombres de mar buscan que EPV los indemnice por "incumplimiento de acuerdo"; esto, en razón del convenio suscrito el año 2013 entre las partes, el cual indicaba que los pescadores de la ex caleta Sudamericana debían salir del sitio por un período de ocho años para que se construyera ahí el Terminal 2, siendo trasladados de manera transitoria a la caleta El Manzano, ubicada en Quintero.
No obstante, el plazo venció en agosto del 2021 y, a juicio de los pescadores, quedaron pendientes una serie de materias, como la construcción de una caleta definitiva en la bahía de Valparaíso. Además, los demandantes acusan "total abandono" por parte de la firma estatal, lo cual se arrastra "desde hace años".
Desde la representación legal de los trabajadores, destacan que la instancia será fundamental para conocer los fundamentos y motivaciones que tuvo la Empresa Portuaria de Valparaíso para remover a los pescadores de su asentamiento natural; esto, teniendo en cuenta que deberán exhibir ante el Juzgado Civil los balances comerciales, contratos de concesiones, actas de acuerdos del directorio y medidas que se propusieron para reparar los perjuicios de la salida el año 2013.
El abogado Felipe Olea explicó que consideran que la audiencia del 28 de abril es un "verdadero avance" para los intereses de sus representados, considerando que en la instancia EPV también deberá presentar las resoluciones medioambientales que autorizaron la construcción del Terminal 2 y que se tuvieron en consideración a la hora de efectuar el traslado de los hombres de mar de Valparaíso a Quintero.
"Nosotros postulamos que EPV incumplió el convenio con el que se negoció la salida de mis representados y, en consecuencia, les corresponde reparar el daño que han provocado pues, para que quede claro, esto es lo mismo como si usted hubiese vendido su casa y, tras ocho años, aún no se le hubiera pagado la totalidad del precio. Es decir, hay algo que se debe y que debe ser pagado", indicó el profesional.
Por su parte, el abogado Enrique Kittsteiner, también representante de los pescadores, lamentó que no se haya accedido en una primera instancia a todas las pruebas solicitadas. A pesar de ello, expuso que "confiamos en que la Corte de Apelaciones enmiende la resolución de primera instancia y, por ende, dé lugar a las testimoniales e inspección personal del Tribunal que solicitamos del lugar de los hechos".
Y agregó que "creemos que es importante dejar testimonio, en este momento, de lo que evidenciaron, entre otros, los ex gerentes, don Harald Jaeger y don Gonzalo Davagnino, como también el actual presidente del directorio, don Fernando Ramírez quien, asumimos, pronto dejará su cargo. Un Juicio de esta naturaleza, es de lato conocimiento y, por ende, es prudente preconstituir pruebas".
Por último, el tesorero del sindicato, David Ojeda, comentó que "nos sentimos defraudados por EPV y, en consecuencia, del Estado. No es verdad que se quiera proteger a la pesca artesanal. Es una burla las condiciones en las que nos tienen supuestamente trabajando. Nos quitaron nuestra caleta y, por ende, nos cortaron las manos. EPV tiene que responder por todo el daño que nos ha hecho".
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