Yuliana Bustos, Carolina Valenzuela y Jacqueline Ponce acusan falsificación de documento público, uso malicioso de documento público falsificado y prevaricación administrativa; en el marco del proceso para contratar un servicio de guardias de seguridad.
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Por los delitos de falsificación de documento público, uso malicioso de documento público falsificado y prevaricación administrativa, las concejalas de Collipulli, Yuliana Bustos, Carolina Valenzuela y Jacqueline Ponce, interpusieron una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía local, en contra de todos quienes resulten responsables, autores, cómplices o encubridores de hechos que a su juicio "tienen claros indicios de corrupción administrativa".
El 10 de febrero de 2022, el Municipio de Collipulli, administrado por el alcalde RN Manuel Macaya, llamó a concurso público para contratar el servicio de suministro «Provisión de guardias», por un monto cercano a los 214 millones de pesos ($213.800.000). Como se trataba de una licitación que supera las 500 UTM, requería que el Concejo Municipal autorizara al jefe comunal para efectuar dicha contratación.
Bajo este contexto, el 21 de marzo se reunió el órgano en la sesión extraordinaria Nº3, con el objetivo de autorizar al Alcalde la adjudicación del contrato de suministro para contar con un nuevo servicio de guardias de seguridad. La solicitud fue aprobada por la unanimidad de los seis ediles de la comuna, incluidas las tres querellantes. Para obtener dicho consenso se tuvo a la vista el acta de la Comisión Evaluadora.
No obstante, una semana después, fueron convocados para votar por segunda vez el mismo contrato para guardias municipales; esto, bajo el argumento de que "se había incurrido en supuestos yerros en la evaluación de las ofertas, presentándonos al efecto una nueva acta de evaluación, de fecha 25 de marzo de 2022", según consignan las querellantes en el documento al cual tuvo acceso Puranoticia.cl.
Así fue como aquel 28 de marzo, "en nuestra calidad de concejalas, de buena fe, creyendo en lo señalado en Concejo y en la veracidad de los documentos que se nos presentaron para aprobar la contratación, lo hicimos por segunda vez, autorizando al Sr. Macaya a suscribir el contrato con la empresa proponente que ofreció —en teoría— las condiciones más ventajosas", indicaron las ediles.
Sin embargo, el 8 de abril de 2022 se enteraron, a través del Informe Nº16 de la Dirección de Administración y Finanzas del Municipio de Collipulli, que su directora, Mabel Llanos, no había suscrito el acta de evaluación votado y aprobado el 25 de marzo, documento público en el que los concejales se basaron para autorizar al alcalde Manuel Macaya a dictar el decreto de adjudicación de la licitación.
Como lo denunciado por la Directora de Administración y Finanzas afecta no sólo a la responsabilidad de los concejales al aprobar contrataciones, sino que también reviste características de ilícito penal, el Concejo Municipal comenzó a presionar al alcalde Manuel Macaya para que denuncie los hechos en los plazos establecidos, así como abstenerse a continuar con la adjudicación del contrato, dado que estaba adulterado. Pese a ello, el jefe comunal RN tardó dos semanas en hacer la denuncia y de todas formas se adjudicó la licitación a Ortiz & Díaz Asociación Limitada.
Pero no tan sólo eso, ya que las concejalas Bustos, Valenzuela y Ponce afirman que el alcalde Macaya "suscribió, u ordenó a sus dependientes, suscribir el contrato con la empresa adjudicataria y, posteriormente, suscribió u ordenó suscribir los decretos de pago y pagó a la empresa adjudicada, mensualmente la suma de $13.999.999, habiendo pagado a lo menos cinco mensualidades", por lo que el monto supera los $ 60 millones, cuestión que también piden investigar.
A raíz de lo ocurrido, las concejalas querellantes señalaron en su escrito que "fuimos víctimas del delito previsto y sancionado en los artículos 193 N°2 y 196 del Código punitivo, toda vez que se nos presentó un documento público falso y, sobre la base de dicho documento falsificado, con dolo o engaño, por parte de los funcionarios municipales, fuimos inducidas maliciosamente a autorizar al Alcalde de la comuna (o uno de sus dependientes) a celebrar el contrato de suministro de guardias, por un monto de $13.999.999 mensuales". Luego, afirman que se suscribieron decretos de pago y cursaron pagos a la empresa prestadora de servicios de guardias.
Bustos, Valenzuela y Ponce también exponen que "el servidor público que adulteró el acta de evaluación que se nos presentó a Concejo, supuso en el acto la intervención de una funcionaria que no lo ha tenido –en este caso la Directora de Administración y Finanzas– lo que encuadra dicha conducta en la descripción del tipo penal".
Por estos hechos, que configurarían los ilícitos de falsificación de documento público, uso malicioso de documento público y prevaricación administrativa; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que subyacen, las concejalas tomaron la decisión de judicializar la investigación que aún se mantiene desformalizada y de la cual no se tiene información alguna respecto de su avance.
Cabe hacer presente que la acción judicial descrita fue declara admisible por la jueza de Letras y Garantía de Collipulli, Sandra Nahulecura, por cumplir con los requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal.
PURANOTICIA
