Luego que la Corte de Apelaciones de Temuco desestimara el recurso de protección del Municipio contra la Contraloría Regional, que pidió invalidar la licitación para la recolección de residuos sólidos, la nueva acción del edil acrecienta las dudas acerca de las razones de su persistencia.
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“Había una instancia más y se agotó la instancia”, dicen desde el Municipio de Collipulli para justificar la decisión del alcalde Manuel Macaya Ramírez de concurrir a la Corte Suprema para insistir en un recurso de protección contra la Contraloría Regional de La Araucanía, que en abril pasado le ordenó iniciar un proceso de invalidación de la licitación por casi $2.000 millones para el servicio de «Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios», que adjudicó a Servimar Ltda, en detrimento de una oferta más beneficiosa para la comuna que no sólo permitía un ahorro significativo, sino que además podrían contar con camiones más nuevos y modernos.
El requerimiento –cuentan desde el Municipio– se interpuso el pasado jueves 29 de septiembre, siendo declarado admisible por el máximo tribunal, a la espera de revisar el fondo. En paralelo, en el Concejo Municipal, esta insistencia casi personal del Alcalde ha empezado a caldear cada vez más los ánimos y en conversaciones, por ahora soterradas, comienzan a plantear dudas acerca de los verdaderos motivos de Macaya (independiente pero cercano a Chile Vamos) para no retroceder en la adjudicación de la licitación de basura.
Los dolores de cabeza del alcalde Macaya comenzaron el 11 de abril pasado, cuando la Contraloría Regional de La Araucanía le ordenó, a través de un contundente informe, iniciar un proceso de invalidación de la licitación de recolección de residuos sólidos.
En resumen, el ente fiscalizador regional declaró sus reparos a la forma en que el Municipio desarrolló el proceso de licitación, en que Servimar Ltda recibió una mejor evaluación en el ítem de «Año de los camiones», el que otorgaba mayor puntaje del proceso. Mientras esta última ofrecía camiones nuevos del año 2022, la primera proponía máquinas usadas del 2020. Y pese a esto, mientras Servimar recibió la calificación máxima de 25%, a una segunda empresa en competencia se le asignó 0%. “No presentaron los padrones de los vehículos”, les explicaron.
Como era de esperarse, el asunto no quedó ahí, y tras una solicitud de la empresa perjudicada, la Contraloría determinó que en el proceso hubo “vicios de fondo”, pues se "transgredió el principio de libre concurrencia de los oferentes” al bloquear el formato de la propuesta de la empresa Cosemar. Además, se ordenó el inicio de un proceso de invalidación de la licitación.
Pese a la contundencia de los argumentos, en una inédita respuesta, el Municipio acudió a la Corte de Apelaciones para presentar un recurso de protección contra la Contraloría Regional. En un documento de 86 páginas, al que tuvo acceso Puranoticia.cl, desde la casa edilicia acusaron que la Contraloría tenía "incompetencia para conocer de la materia en cuestión", agregando incluso que el contralor "ha excedido las facultades que la propia ley le concede".“Los errores en que pudo haberse incurrido, no autorizan a la Municipalidad y/o a la Contraloría para invalidar, ya que infringe con ello esta garantía constitucional” del derecho de propiedad de Servimar sobre la licitación ya adjudicada, aseguraron.
Pero llegó septiembre y la Corte de Apelaciones de Temuco dio un nuevo portazo al alcalde Manuel Macaya, tras desestimar su solicitud y darle la razón a la Contraloría Regional. ¿Acataría entonces finalmente la decisión de la Contraloría?, se preguntaban en Collipulli.
La respuesta llegó el pasado jueves 29 de septiembre. Si bien, Puranoticia.cl contactó sin éxito al alcalde Macaya y desde su gabinete señalaron que no se referiría al tema, sí confirmaron que el pasado 29 de septiembre acudieron a la Corte Suprema para insistir en el recurso de protección ya rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco. El escrito fue declarado admisible, a la espera de resolver el fondo del mismo.
La persistencia del jefe comunal de Collipulli ya empieza a exasperar los ánimos al interior de su Concejo Municipal, donde varias voces soterradas de autoridades locales –y otras derechamente abiertas– critican ácidamente su decisión e incluso abren dudas acerca de las razones de su proceder.
Entre las que sí se animan a hablar públicamente, está la concejala Carolina Valenzuela (PS), quien manifiesta que “nuestra función es proteger los recursos públicos y cuidarlos de eventuales indemnizaciones que soliciten los involucrados”.
Según la edil, Macaya no tiene más argumentos para dilatar la invalidación de la litación de la basura. “Él sabe que está mal. Yo creo que él entiende que lo que está haciendo es incorrecto, improcedente, y él sigue sólo por un afán de no reconocer el error (...) Lo que estableció la autoridad es que se le pusieron barreras de entrada a esta licitación”.
Para el concejal Víctor Díaz (UDI), en tanto, lo más relevante es mantener el servicio de recolección de basura y, en ese sentido, respalda la acción de la Municipalidad de recurrir a todas las instancias necesarias para refirmar la licitación. “Si existen las instancias para apelar, hay que hacerlas (…) En todas las áreas existen los seres humanos, todos podemos estar equivocados de alguna manera en alguna decisión”, afirma.
No obstante, Díaz es cauteloso y, si bien, espera que se ratifique que el proceso “esté dentro del marco de la legalidad”, apunta que, si no es así y la Suprema ratifica la determinación de Contraloría, “el Alcalde tiene que dar explicaciones, solucionar el problema y tratar de encaminar la licitación y se adjudique como tiene que ser”.
La posibilidad de que se ratifique lo ordenado por Contraloría tampoco es descartada en el gabinete de Macaya, desde donde señalan que, de recibir un nuevo portazo, “habrá que ver qué vamos a hacer, respetar el fallo de la Corte Suprema y seguir el efecto que quiera la Contraloría, pero no hay nada irregular”.
Pero las dudas van más allá. Algunos integrantes del Concejo Municipal creen que los problemas de transparencia y probidad son mayores en Collipulli. “No es solamente esta licitación, porque aquí hay irregularidades en casi todas las licitaciones”, afirma un integrante del órgano edilicio. Ponen como ejemplo las dudas que se han planteado en otras licitaciones, como la de guardias de seguridad para la comuna o la de un supermercado. "Se debe fiscalizar", dicen.
Para la concejala Valenzuela, es necesario que todo se transparente y que se despejen todos los cuestionamientos, pues asegura que en este tipo de casos existe un patrón: “Esto no lo hemos podido corroborar, pero la mayoría de las licitaciones tienen un trasfondo que, a mi parecer –y no digo que sea cierto en estos casos (hay que investigarlo)– son los palos blancos”.
La modalidad de los “palos blancos”, se vincula a personas que se prestan para facilitar la comisión de delitos, simulando su participación en procesos licitatorios en favor de terceros. Ante la magnitud de los recursos que involucran este tipo de procesos –en el caso de la basura en Collipulli el equivalente a la construcción de tres amplios Cesfam– el celo de la autoridad para evitar posibles irregularidades es justificadamente mayor.
Sepúlveda cree que las dudas del proceso de Collipulli deben leerse también en el marco de otras situaciones que investiga Contraloría en la región, como en Angol, donde el ente fiscalizador indaga la extensión de un contrato a la propia Servimar, por casi el doble de su valor inicial, poniendo dudas acerca de la justificación del procedimiento.
En el pasado reciente, las licitaciones para los servicios de retiro de basura ya han sido puestas en el ojo del huracán, a partir de acusaciones de corrupción y defraudación al Fisco en numerosos municipios del país. Basta recordar el caso ocurrido en la comuna de Maipú, en que la justicia determinó que una empresa pagó cerca de 186 millones de pesos al concejal Marcelo Torres, entre los años 2009 y 2011. Finalmente, en 2022, la justicia lo condenó por cohecho y lavado de activos.
Las dudas que genera el comportamiento del alcalde Manuel Macaya y su equipo jurídico en insistir contumazmente en buscar mantener una millonaria licitación impugnada por Contraloría, despertó sin dudas las alertas en Collipulli, donde el jefe comunal claramente ya está en la mira de los concejales de la comuna.
PURANOTICIA
