Reporte expone montos que llegan hasta los $40 millones e incluye al Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, quien vuelve a quedar bajo escrutinio público por su historial previo marcado por cuestionamientos en el denominado caso «Copy/paste».
visitas
En medio de la discusión nacional por el futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y los niveles de morosidad en el sistema, un reporte del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026 volvió a tensionar el debate, esta vez poniendo el foco directamente en autoridades políticas del país, tanto del nivel parlamentario como gubernamental.
La investigación, dada a conocer por El Polígrafo de El Mercurio, identificó a ocho integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y a seis autoridades del Ejecutivo que mantienen deudas pendientes por el financiamiento de sus estudios en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile (CRUCH).
Las cifras reflejan realidades diversas, con montos que van desde poco más de 1 millón de pesos hasta cerca de $40 millones. Entre las autoridades de Gobierno, uno de los casos más relevantes es el del actual delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, quien registra una deuda cercana a los $40 millones con la U. de Chile, posicionándose como uno de los montos más altos dentro del listado.
La situación generó reacción inmediata del Presidente José Antonio Kast, quien instó a los involucrados a regularizar sus compromisos financieros, subrayando que las autoridades deben dar señales claras de responsabilidad ante la ciudadanía.
Sin embargo, la aparición del nombre del delegado Figueroa en este contexto no es un episodio aislado. Su trayectoria ya había estado marcada por cuestionamientos públicos, particularmente a raíz de un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que observó una serie de asesorías realizadas a la Municipalidad de La Cruz el año 2018.
En dicho documento, el ente fiscalizador advirtió deficiencias en la contratación del profesional a honorarios, señalando que no se especificaban con claridad las funciones, objetivos ni productos asociados a los servicios prestados, lo que –según el informe– atentaba contra la certeza que debe regir en este tipo de vínculos.
A ello se sumaron reparos al contenido de algunos informes por los cuales se pagaron montos superiores a los $2 millones. Uno de ellos, de 15 páginas, incluía cerca de nueve planas dedicadas a resumir la Ley N° 20.965, información que ya se encontraba disponible en plataformas oficiales. Asimismo, se detectó un Reglamento de Convivencia Escolar que –de acuerdo a Contraloría– resultaba idéntico al de un establecimiento educacional de Viña del Mar.
Otro de los antecedentes consignados apunta a un documento vinculado al proyecto «Tarjeta Vecino Crucino», el cual presentaba una estructura prácticamente igual a iniciativas desarrolladas en la Municipalidad de Las Condes. A raíz de estas observaciones –marcadas por informes con contenidos replicados o escasamente originales– el caso pasó a ser conocido públicamente como el «Copy/Paste».
Estos elementos llevaron a la Contraloría General de la República a remitir los antecedentes al Ministerio Público, al considerar que podrían existir hechos con características de delito. Posteriormente, se conoció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso mantenía una investigación en curso por estos hechos.
Con ese historial reciente, la inclusión de Ricardo Figueroa Ayala en el listado de deudores del sistema de financiamiento estudiantil vuelve a situarlo en el centro del debate público, esta vez en un escenario marcado por la exigencia de estándares éticos y responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.
Desde el Ejecutivo y el Congreso, algunos aludidos han señalado que ya se encuentran en procesos de regularización o que han saldado sus deudas, en un contexto donde el propio Gobierno ha reforzado el mensaje de que quienes ejercen funciones públicas deben cumplir con las obligaciones que se exigen al resto de la ciudadanía.
De esta manera, en medio de esta creciente discusión que combina financiamiento estudiantil, probidad y credibilidad institucional, el caso de los 'morosos vip' vuelve a evidenciar cómo los antecedentes personales y administrativos de las autoridades pueden incidir en la evaluación pública de su desempeño.
Ricardo Figueroa – Delegado provincial de Los Andes – UDI
Katherine López – Delegada presidencial de Antofagasta – UDI
Jorge Abello – Delegado provincial de General Carrera
José Bravo – Seremi de Salud de La Araucanía – Independiente
Carlos Zirotti – Seremi de Economía de La Araucanía
Mario Delannays – Seremi de Medio Ambiente del Bío-Bío
Claudia Reyes – Diputada – Partido Republicano
Sara Concha – Diputada – Partido Social Cristian
Carolina Tello – Diputada – Frente Amplio
Nathalie Castillo – Diputada – Partido Comunista
Emilia Nuyado – Diputada – Partido Socialista
Francisco Crisóstomo – Diputado – Partido Socialista
Héctor Ulloa – Diputado – Independiente
José Carlos Meza – Diputado – Partido Republicano
PURANOTICIA
