El proyecto, recientemente aprobado por el Senado, busca prevenir caídas accidentales de niños y personas con necesidades especiales, imponiendo estrictas responsabilidades a propietarios, constructoras y administradores de pisos superiores en edificios.
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El sensible fallecimiento de Isidora, una pequeña de tan solo dos años y siete meses que perdió la vida tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes, ha conmocionado al país. Sin embargo, la tragedia también volvió a poner en el centro del debate público un proyecto de ley que llevaba años en el Congreso Nacional: la Ley Valentín, iniciativa legal que experimentó un vuelco en su tramitación el pasado miércoles 20 de mayo, cuando fue aprobada en particular por el Senado y despachada a la Cámara de Diputados con carácter de urgencia.
La abogada civil y docente de la Universidad del Desarrollo (UDD), Isabel Wigg, explicó en Puranoticia Matinal, que el corazón del proyecto apunta a la prevención. La normativa contiene diversos elementos para evitar que menores de edad o personas con necesidades especiales caigan desde edificaciones construidas sobre el primer o segundo piso.
De acuerdo con las últimas indicaciones ingresadas a la norma, la obligación civil directa de mantener estas mallas recaerá en todas aquellas familias donde habiten menores de 12 años o personas que requieran cuidados especiales.
Frente a cuestionamientos sobre casos previos donde existían acuerdos judiciales de cuidado que incluían la instalación de mallas y que no se cumplieron, la abogada Wigg aclara el impacto que tendrá esta legislación:
"Si es que existiera esta ley, ya el paradigma cambia porque no estamos hablando de un acuerdo entre privados, sino que estamos hablando de una norma que está siendo infringida".
La experta detalla que las mallas y sistemas de seguridad deberán implementarse en balcones y ventanas. Asimismo, la medida no se limita exclusivamente a departamentos: "En general, se dice que todo departamento o toda unidad que esté sobre los 100 metros va a tener que cumplirlo. Desde esa perspectiva, podríamos entender que también se incluirían los segundos o terceros pisos [de casas] en la medida que estén sobre la altura que exige la norma".
Uno de los puntos clave del proyecto es la fiscalización del estado de las mallas, cuya vida útil estimada es de aproximadamente dos años. Para ello, los sistemas contarán con una certificación oficial desde el momento de su instalación, la cual deberá quedar registrada de manera interna.
El desglose de responsabilidades y sanciones según los actores involucrados queda definido de la siguiente manera:
Administradores de edificios: Serán los encargados de supervisar internamente el cumplimiento y mantener un archivo de los certificados de instalación. De constatar una infracción, deberán recurrir al juez de policía local para forzar el cumplimiento. Si omiten esta fiscalización sabiendo que una unidad no cuenta con la protección, arriesgan lo que se denomina "responsabilidad por omisión" y deberán responder por los daños ante eventuales accidentes.
Arrendatarios y ocupantes: Tienen el deber de mantener las medidas eficazmente y responder legalmente si ocurre un incidente debido a negligencia.
Tribunales de Familia: Ante un incumplimiento denunciado, los tribunales civiles podrán establecer sanciones severas, tales como no entregar a un hijo a través del régimen de relación directa y regular (visitas) mientras el hogar no verifique contar con las protecciones.
La Ley Valentín no solo afectará a las comunidades ya construidas. Para los proyectos inmobiliarios futuros, el estándar de entrega cambiará de manera radical. Las constructoras no podrán obtener la recepción final ni municipal de las obras si las viviendas sobre el primer piso no cuentan con las respectivas mallas adecuadas a la norma.
Al respecto, el senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, destacó las gestiones paralelas que se han realizado con el Ejecutivo para asegurar este estándar, diciendo que "tomamos el compromiso con el gobierno de que se va a modificar el reglamento de la General de Urbanismo y Construcción para que todas las nuevas edificaciones a petición del propietario puedan incorporar mallas de seguridad a costa de la inmobiliaria y de la constructora".
El parlamentario del Frente Amplio enfatizó que "las constructoras y las inmobiliarias tienen la obligación de invertir en mayor seguridad y en mallas para proteger a los niños y niñas".
A pesar del optimismo por el avance del proyecto, existe una autocrítica transversal en el mundo político respecto a la demora del Congreso en tramitar estas normas de seguridad, muchas de las cuales llevaban hasta siete años estancadas en la Cámara de Diputados. "Absolutamente [hubo una reacción tardía] (...) lamentablemente producto de estas situaciones, pero que más vale tarde que nunca y que miremos el dolor también de estas familias y podamos hacer que esto no vuelva a ocurrir", admitió el senador Ibáñez.
Por su parte, la diputada por el Distrito 6 de Valparaíso, Chiara Barchiesi, recordó que las mociones parlamentarias previas en la materia han nacido justamente del luto de las comunidades regionales, haciendo hincapié en el compromiso actual de las distintas bancadas para destrabar la ley:
"Son iniciativas que yo también espero que avancen rápidamente en el Congreso por la seguridad de nuestros niños. Lamentablemente hemos tenido distintas tragedias que hay que empezar a prevenir. Así que yo creo que va a haber un ánimo transversal en el Congreso de que esto sea lo antes posible".
Con la urgencia legislativa reactivada, se espera que la Cámara Revisora evalúe e incorpore las últimas indicaciones del proyecto en los próximos días. De no mediar nuevos cambios complejos, la Ley Valentín podría quedar lista para su promulgación y publicación oficial como ley de la República en el corto plazo.
PURANOTICIA
