Mientras el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya derriba las primeras viviendas en Viña del Mar, la defensa de la empresa San Sebastián acusa al secretario de Estado de saltarse procedimientos legales y montar “espectáculos comunicacionales” a costa de los vecinos.
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En medio del inicio del proceso de demolición de viviendas reconstruidas tras el megaincendio de febrero de 2024 en el sector El Olivar de Viña del Mar, la constructora San Sebastián salió a cuestionar duramente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, asegurando que, pese a que el propio Gobierno ya comenzó a derribar casas en terreno, no existe un acto administrativo formal que ordene dichas demoliciones.
La controversia se da luego de que este viernes 22 de mayo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo iniciara la demolición de las primeras cuatro viviendas construidas en la parte alta de la Ciudad Jardín, obras que habían sido levantadas por la empresa mencionada y la entidad patrocinante Social Arquitectura como parte del proceso de reconstrucción posterior a la tragedia que afectó a cientos de familias en Viña del Mar.
Todo esto ocurre tras los informes técnicos elaborados por la Ditec y el Idiem, organismos que detectaron graves fallas estructurales, problemas en resistencia al fuego, modificaciones sin respaldo técnico y observaciones al sistema constructivo utilizado en parte importante del proyecto habitacional.
En ese escenario, el abogado de la constructora, Jaime Barrientos, aseguró que el discurso público del ministro Poduje no tiene correlato formal en los documentos administrativos emitidos por el Minvu. En esa línea, señaló que “apartado de todo procedimiento establecido en los decretos supremos que regulan esta materia, él ha hablado de demolición, pero no hay un solo acto administrativo que así la ordene”.
Precisamente, uno de los elementos que refuerza el argumento planteado por la defensa de la constructora aparece en el informe que el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó el pasado 20 de mayo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en respuesta al recurso de protección interpuesto por Social Arquitectura.
En la página 27 del documento, bajo el apartado titulado «La demolición no ha sido decretada», el Minvu sostiene expresamente que el Ordinario N°245 firmado por el ministro Iván Poduje corresponde únicamente a una instrucción para paralizar las obras ejecutadas en El Olivar, pero no a una orden formal de demolición.
“El Ord. del Ministro de Vivienda y Urbanismo es una instrucción debidamente fundada al Director (s) del Serviu de Valparaíso”, señala el informe, agregando además que “la eventual decisión de ordenar la demolición y posterior reconstrucción es una facultad que asiste al Serviu (…) pero que aún no ha sido ejercida ni formalizada”.
Pese a ello, el mismo Gobierno confirmó públicamente el inicio de las demoliciones y desmantelamientos en El Olivar, proceso que contempla la intervención de 56 viviendas que presentaban distintos grados de avance en su construcción.
Barrientos también arremetió contra el manejo político del conflicto por parte del titular del Minvu, señalando que “el ministro Poduje está dinamitando 30 años de relación público-privado que han permitido el desarrollo de la infraestructura en Chile".
A ello agregó que son "30 años en que, con base en la confianza y en los contratos que el Estado suscribe, los privados han desarrollado la infraestructura del país”, agregando que Poduje "se ha saltado todos los procedimientos: primero, ha tomado decisiones, ha montado verdaderos espectáculos comunicacionales y luego ha tratado de fundar sus decisiones con informes técnicos que hoy siguen sin existir”.
Asimismo, el profesional de las leyes recalcó que “no hay un sólo informe técnico que permita fundar las decisiones que el señor Poduje está tratando de impulsar. Todo esto, a costa del sufrimiento de cientos de familias de Viña del Mar, que por culpa del ministro Iván Poduje verán postergada la entrega de su casa”.
De esta manera, mientras las primeras viviendas ya comenzaron a ser demolidas en el pasaje Mamiña de El Olivar, sigue creciendo la disputa entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la constructora San Sebastián respecto de la legalidad y formalidad administrativa del proceso impulsado por el Ejecutivo en Viña del Mar.
PURANOTICIA
