Un informe reveló que ocho legisladores y seis autoridades mantienen compromisos impagos con el Fondo Solidario, con montos que en algunos casos llegan a los 40 millones de pesos.
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En medio de la discusión nacional por la morosidad estudiantil y el futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE), un reporte del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026 puso el foco sobre la clase política. Según una investigación de El Polígrafo de El Mercurio, ocho integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y al menos seis funcionarios gubernamentales registran deudas pendientes por el financiamiento de sus estudios en planteles del Consejo de Rectores (CRUCH).
La situación motivó el pronunciamiento del Presidente José Antonio Kast, quien instó a los involucrados a subsanar su situación financiera de manera inmediata. El Mandatario subrayó la importancia de la transparencia y señaló: “Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la situación como esa frente a la opinión pública”. Asimismo, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de que se haga pública la nómina completa de quienes mantienen estos compromisos.
El desglose de los montos evidencia realidades diversas, con cifras que fluctúan entre poco más de un millón de pesos y casi 40 millones de pesos. En el Congreso, la situación más cuantiosa la atraviesa la diputada Claudia Reyes (Republicanos), quien mantiene un saldo de $38 millones con la Universidad Austral de Chile. Le siguen Nathalie Castillo (PC) con una deuda de $27,8 millones en la Universidad de La Serena y el independiente Héctor Ulloa, quien registra un monto cercano a los $18,6 millones en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Otros parlamentarios que figuran en el listado son José Carlos Meza (Republicanos), con $17 millones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Carolina Tello (Frente Amplio), con $12,9 millones en la misma institución; y Emilia Nuyado (PS), con $6,2 millones. En tanto, las cifras menores corresponden a Sara Concha (Partido Social Cristiano) con $1,5 millones y Francisco Crisóstomo (PS) con $1,2 millones.
El Ejecutivo también presenta casos con saldos significativos. El delegado provincial Ricardo Figueroa encabeza la lista de autoridades con una deuda de $40 millones en la Universidad de Chile, seguido por el seremi José Bravo, quien adeuda $30 millones a la Universidad de La Frontera. También aparecen Abel Gallardo (delegado provincial) con $14 millones, Katherine López (delegada de Antofagasta) con $8,8 millones y el seremi Carlos Zirotti con un compromiso de $3,2 millones.
Ante la difusión de estos datos, varios de los aludidos precisaron que ya se encuentran en procesos de regularización o han cancelado sus obligaciones con sus respectivas casas de estudio. Cabe recordar que el Fondo Solidario es un sistema de financiamiento para alumnos del CRUCH que debe devolverse tras el egreso y que contempla opciones de condonación tras varios años de cumplimiento.
PURANOTICIA
