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Exfiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, junto a otros abogados, representan a la Inmobiliaria Mar de Maitencillo en esta ofensiva a los dirigentes por su oposición pública al proyecto inmobiliario en el balneario de Puchuncaví. Les exigen datos de sus miembros, actas, y reuniones con autoridades.
Una extraña demanda que buscaría coartar el derecho a la libertad de expresión presentó la Inmobiliaria Mar de Maitencillo contra la Junta de Vecinos N°11 Maitencillo Norte, a propósito de las acciones que sus integrantes han adoptado en oposición pública al proyecto inmobiliario que se construye en el balneario de la comuna de Puchuncaví.
Dicha iniciativa inmobiliaria corresponde a 28 departamentos en la costa de Puchuncaví. La edificación obtuvo en 2009 su permiso y, pasados los 3 años legales máximos de validez, recién comenzaron las faenas, lo que le significó que la Contraloría se pronunciara tras la solicitud de agrupaciones vecinales respecto de la validez del permiso de obras. La oposición, aluden en la demanda, "han redundado en un descrédito infundado en contra de nuestra representada, y han constituido presiones ilegales ejercidas contra la autoridad municipal".
De hecho, indicaron que "el objetivo de los actos de los futuros demandados siempre ha sido que la DOM, desconociendo sus deberes legales de conformidad con la LGUC, la OGUC y las normas de planificación, no complete la tramitación del Premiso de Obras Nueva N°45 de 2009, que siempre ha cumplido con la normativa aplicable".
Sin embargo, Puranoticia.cl consultó a la Municipalidad de Puchuncaví sobre si la inmobiliaria ya obtuvo la recepción definitiva del proyecto, y la respuesta fue sí, por lo que queda la duda... ¿por qué insisten en esta ofensiva judicial contra los vecinos?
Hay que recordar que el año pasado la comunidad organizada a través de la Junta de Vecinos de Maitencillo manifestó su oposición al acuerdo de conciliación que buscaba realizar el municipio con la inmobiliaria Mar de Maitencillo tras la decisión de la Corte de Apelaciones que falló a favor del recurso de ilegalidad interpuesto contra el director de Obras Municipales de Puchuncaví, Eduardo Ortiz, por el permiso de obras del proyecto "Rocas de Maitencillo", y en ese entonces anunciaron que insistirían a través de la justicia si hacía falta debido a que estiman que el permiso estaba caducado, apoyados en un dictamen de Contraloría y en lo estipulado por la Seremi del Minvu.
En tanto, lo que argumenta la acción judicial presentada por la inmobiliaria es que “la conducta de los futuros demandados constituye un abuso del derecho” pues “han abusado de su derecho constitucional a la libertad de informar y de opinar (…) que según reconoce el texto constitucional, está sujeto a responder de los abusos que se comentan en su ejercicio; y han abusado de su libertad de manifestación, también consagrada en el artículo 19 N°6 de la Constitución”.
Por lo anterior, pidió como medida prejudicial preparatoria que los seis representantes de la junta de vecinos entreguen las actas de las asambleas de los años 2020 a 2024 en que se haya discutido sobre el proyecto inmobiliario Rocas de Maitencillo y los acuerdos a los que se haya llegado; el listado de miembros de la junta de vecinos, todas las presentaciones efectuadas por la junta vecinal o sus directivos ante las autoridades públicas, y las actas de las reuniones que hubieran sostenido con autoridades públicas en que se hubiese discutido sobre el proyecto Rocas de Maitencillo.
“Para mí fue una gran sorpresa que una persona demande a otra persona por el derecho a la libre expresión. Lo que siempre hemos dicho es que este proyecto no tenía un permiso de edificación aprobado. Eso es… y a ellos eso les pareció mal, pero no es más que eso”, confesó Pablo Trivelli a Puranoticia.cl sobre esta medida judicial, indicando también que actualmente “la municipalidad recibió la obra y con eso la inmobiliaria pudo hacer la inscripción de los departamentos en el Conservador de Bienes Raíces, y los podría vender, pero yo no le he hecho seguimiento, entonces de la nada surge esta demanda”.
Por lo mismo, en la tramitación de dicha demanda, los vecinos demandados se negaron a entregar la información solicitada. “Se da la palabra a la abogada de la parte demandada, señalando que viene a dar cumplimiento a lo ordenado a folio 3, indicando que esta parte se opone a la exhibición decretada”, se comunica en el expediente de la audiencia del 29 de enero de este año.
Días antes, el abogado Rodrigo Campero, que representa a los vecinos, expuso como respuesta a la solicitud de entrega de información que “se acusa a la Junta y a sus miembros ya mencionados de llevar una campaña pública para impedir la ejecución de uno de sus proyectos ubicado en Maitencillo, comuna de Puchuncaví, lo que es completamente falso y así se demostrará en la etapa procesal correspondiente 4. Se acusa a la Junta y a sus miembros de un abuso del derecho a la libertad de informar y opinar, consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política”.
Sobre la negativa de entregar la información al tribunal, indicaron que no han realizado actas de las asambleas en las que se hable del proyecto, y sobre la lista de los miembros de la junta, indicaron que “esta información es de carácter privado pues contiene datos personales de los miembros de la Junta, incluyendo domicilios, números telefónicos, entre otros” y que infringiría la ley de Protección de Datos. Sobre el resto de la información relacionada a gestiones y reuniones con entes públicos, les dicen que está disponible en la Ley de Transparencia. “Todo lo que debía hacer la Inmobiliaria es formular solicitudes por Ley de Transparencia. Lo que quiere la Inmobiliaria, en el fondo, es que mi representado le haga el trabajo. Dada la vaguedad y amplitud de la solicitud y su carácter de información pública, esta parte no se encuentra obligada a exhibir ningún antecedente”.
Al respecto, la inmobiliaria volvió a insistir en la presentación de antecedentes, en una causa sobre la libertad de expresión que lleva cuatro meses en tribunales sin haber siquiera presentado la demanda de fondo, y con la recepción de Obras, motivo por el que se había iniciado la ofensiva, aprobada.
PURANOTICIA