Comunidad organizada envió solicitud al Minvu para que conciliación respete caducidad solicitada por la Contraloría, aunque en la audiencia se acordó darle legitimidad en el marco de una millonaria indemnización para el municipio.
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La comunidad organizada a través de la Junta de Vecinos de Maitencillo manifestó su oposición al acuerdo de conciliación que busca realizar el municipio con la inmobiliaria Mar de Maitencillo tras la decisión de la Corte de Apelaciones que falló a favor del recurso de ilegalidad interpuesto contra el director de Obras Municipales de Puchuncaví, Eduardo Ortiz, por el permiso de obras del proyecto "Rocas de Maitencillo", y anunciaron que insistirán a través de la justicia si hace falta debido a que estiman que el permiso está caducado, apoyados en un dictamen de Contraloría y en lo estipulado por la Seremi del Minvu.
Dicha iniciativa inmobiliaria corresponde a 28 departamentos en la costa de Puchuncaví, los cuales no tienen su recepción final, motivo por el cual la inmobiliaria recurrente no ha podido iniciar la comercialización de las viviendas. La edificación obtuvo en 2009 su permiso y, pasados los 3 años legales máximos de validez, recién comenzaron las faenas, lo que le significó que la Contraloría se pronunciara tras la solicitud de agrupaciones vecinales.
"Siendo así, la Municipalidad de Puchuncaví, acorde al mérito de los antecedentes y al criterio contenido en el presente oficio y la jurisprudencia singularizada, deberá determinar de ser el caso, la necesidad de regularizar la situación de las edificaciones ejecutadas sin el amparo de un permiso vigente, lo que, naturalmente, es sin perjuicio de las alegaciones que puedan hacerse valer en otras instancias competentes”, dijo la Contraloría. Tras una serie de consultas, el director de Obras Eduardo Ortiz ordenó el 28 de 2015 la caducidad tanto del permiso de obra nuevo como de la modificación del permiso de obras, la paralización de faenas y la regularización de las obras.
Luego de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví modificara el permiso de obras del proyecto "Rocas de Maitencillo" tras el dictamen de la Contraloría, la inmobiliaria Mar de Maitencillo recurrió a los tribunales para presentar un reclamo de ilegalidad en contra del titular de la DOM por haber retardado su respuesta a la solicitud de recepción de obras y la modificación del permiso, instancia donde la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló parcialmente en favor de la empresa.
Si bien, el tribunal de alzada porteño rechazó el reclamo de ilegalidad contra el Director de Obras Municipales de Puchuncaví, "por carecer de legitimación pasiva"; sí acogió el reclamo de ilegalidad, en cuanto a que "se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº1672/2020 y se ordena a la I. Municipalidad de Puchuncaví (...) subsanar la ilegalidad y dictar la correspondiente resolución que se pronuncie sobre la solicitud de modificación al permiso de edificación", omitiendo -de acuerdo a los vecinos-una respuesta expresa sobre la vigencia del permiso.
Sin embargo, uno de los aspectos clave de la resolución del tribunal fue su tercer punto, en el que habla de la indemnización que deberá realizar el municipio de Puchuncaví: "Toca a la solicitud de declarar el derecho a una indemnización por los perjuicios causados por la ilegalidad, se hace lugar a la solicitud en lo que en derecho corresponda".
ACUERDO DE CONCILIACIÓN APROBADO
Pues bien, el 13 de febrero de este año se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre el municipio y la inmobiliaria, justamente para subsanar el tema y así evitar el pago de la millonaria indemnización. En la instancia se llegó al siguiente acuerdo:
“Conforme a lo fallado por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de fecha 28 de abril de 2023, en causa contencioso administrativa Rol 7- 2021, el municipio para todos los efectos legales acepta que el Permiso de obra nueva de edificación N° 45/2009 se encuentra vigente, junto a sus modificaciones, y por tanto la Dirección de Obras Municipales deberá pronunciarse por sí respecto de todas la solicitudes que el titular presente durante la tramitación del expediente de obras, incluyendo, entre otras, la debida aprobación de la copropiedad, modificaciones, autorización de enajenar y la recepción definitiva total, inclusives, dentro del plazo legal de 15 días corridos, respectivamente", dice el acuerdo al que ambas parte suscriben.
"Lo antes indicado, debe realizarse de conformidad con las normas y jurisprudencia vigentes al 13 de febrero de 2009, fecha en que ingresó la solicitud del permiso de obra nueva de edificación N° 45/2009, sin otras exigencias que las urbanísticas contempladas en la LGUC y OGUC de su competencia a dicha época", prosigue.
Finalmente, concordaron en que "habida cuenta de las bases de conciliación municipales indicadas en líneas anteriores, se solicita a la contraparte principal, considerar como base la renuncia al derecho a demandar indemnización por los perjuicios causados por la ilegalidad declarada en el fallo ya individualizado, y cualquier otra relacionada al permiso en cuestión y sus modificaciones, la cual será condicionada a que la recepción y autorización de enajenar produzcan todos sus efectos, momento desde el cual se entenderá cumplida la condición suspensiva y concretada la renuncia de pleno derecho. Además se solicita considerar la renuncia de las acciones particulares en contra de funcionarios municipales relacionados con los actos u omisiones declarados ilegales por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso", haciendo presentes que estas bases de conciliación "han sido previamente desarrolladas y aceptadas en conjunto con el Director de Obras Municipales, quien por estas bases queda liberado de toda responsabilidad respecto de las ilegalidades detectadas en el mencionado fallo”.
El viernes 23 de febrero el Concejo Municipal aprobó, por mayoría simple, este acuerdo que propuso el alcalde y el 4 de marzo se finalizó la audiencia de conciliación, realizando estas modificaciones al acuerdo inicial:
Ahora queda a la Corte Suprema resolver el tema, pero los vecinos no están para nada contentos y buscan agotar todas las instancias que queden.
"Como JJ.VV. N° 11 Maitencillo Norte nos opusimos y nos oponemos a ese acuerdo, porque es ilegal y consecuencia de una presión indebida del poder económico de la inmobiliaria sobre el municipio. Para cumplir la promesa de acuerdo, el municipio debe recibir el edificio del hotel a cambio de que la inmobiliaria no exija compensación pecuniaria por daños y perjuicios", dice Pablo Trivelli, presidente de la Junta de Vecinos. "Es difícil saber cómo lo harán porque la Contraloría, en el último dictamen sobre la materia dice que el permiso de edificación no está vigente. Desde la comunidad siempre hemos luchado por que se cumplan las normas. En este caso habría una transgresión a la norma si la municipalidad recibe el edificio a cambio que no le hagan un juicio para exigir una compensación, que algunos concejales estiman entre $ 3.000 y 5.000 millones de pesos. No puede haber conciliaciones en temas de legalidad y este sería el caso. Es un acuerdo judicial que aun está en proceso, lo que significa que aun hay posibilidades de impugnarlo desde la comunidad. Es lo que haremos", aseguró en una carta enviada a la comunidad.
De hecho, el viernes de la semana pasada enviaron una solicitud al Ministerio de Vivienda para inhibir al director de Obras de tomar decisiones en torno al permiso de obras de Rocas de Maitencillo, por carecer de imparcialidad.
El abogado Rodrigo Avendaño, abogado que asesora a la comunidad, expuso que "el viernes le solicitamos al DOM que se inhiba de pronunciarse por tener interés directo en el asunto y carecer de la imparcialidad necesaria. Esto se fundamenta en que el DOM negoció, a través de su abogado, que la inmobiliaria se desista de demandarlo de indemnización de perjuicios a cambio de declarar o aceptar que el permiso está vigente y dar aprobación a una modificación de proyecto y recepción de obras".
Además, indicó que llegarán hasta las últimas consecuencias respecto al caso. "Estoy estudiando todas las acciones administrativas y penales para revertir esta situación ilegal. Dentro de ello está solicitar a la seremi Minvu aplicar el art. 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en contra del DOM para que la Contraloría General de la República inicie un sumario en su contra hasta llegar a la destitución".
Por su parte, el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, recordó lo que ocurrió con el mall de 14 Norte, en Viña del Mar, para ejemplificar el problema de la caducidad del permiso, y manifestó que "está claro que el DOM de Puchuncaví no puede hacer revivir un permiso de edificación dejado sin efecto por la Contraloría Regional de Valparaíso. El inversionista del edificio en Maitencillo puede solicitar a esa DOM un permiso para un hotel tal como lo establece el PRC de Puchuncaví. Como fundación Defendamos la Ciudad exigimos seriedad a todos los intervinientes".
PURANOTICIA
