Juan Carlos Manríquez indicó a Puranoticia.cl que el operativo policial se basó en antecedentes imprecisos y vulneró derechos fundamentales de la Diputada, lo que motivó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió la defensa de la diputada Karol Cariola –representada por el prestigioso abogado de Valparaíso, Juan Carlos Manríquez– tras el cuestionado allanamiento realizado por detectives de la PDI en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia el pasado 3 de marzo, todo esto mientras la entonces presidenta de la Cámara Baja daba a luz a su primer hijo.
Cabe recordar que esta diligencia de la Policía de Investigaciones se realizó en el marco de las indagatorias que lidera el fiscal Patricio Cooper en su contra por el presunto tráfico de influencias, en una arista derivada del caso «Sierra Bella» en Santiago.
Desde el Congreso en Valparaíso, la legisladora del Partido Comunista (PC) explicó esta acción señalando que "recurrimos a la CIDH, está en inicio, hay una entrega. Efectivamente acá hubo una vulneración de derechos, que es algo que no queremos que vuelva a ocurrir a ninguna mujer en nuestro país. Yo estaba pariendo en el momento en el cual se produce la decisión de generar el allanamiento".
Pero más detalles entregó posteriormente a Puranoticia.cl el abogado Juan Carlos Manríquez, quien argumentó no sólo los motivos detrás de esta presentación ante el organismo internacional, sino que también desclasificó la cadena de errores que han advertido en el marco de la investigación y dio a conocer detalles desconocidos del proceso de entrada, registro e incautación de especies personales en el departamento de Cariola ubicado en la calle Suecia de Providencia, aquel 3 de marzo recién pasado.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene al menos tres formas de ingresar a presentar adjuntos: uno, una medida cautelar; otro, la denuncia contra el Estado; y el tercer camino es el artículo 41 de la carta americana de derechos humanos, conocido como «Pacto de San José», que establece la vía para que la comisión, en uso de sus facultades, solicite a los Estados que forman parte informes sobre situaciones que puedan significar violaciones a los derechos fundamentales pactados en la carta o infracción a derechos u obligaciones asumidas por el Estado".
Junto a aclarar enfáticamente que no están pidiendo compensaciones de naturaleza económica, recalcó que "estamos solicitando que se informe, por parte del Estado, qué garantías de no repetición de este tipo de conductas y cuáles medidas, para evitar la regresión respecto de los derechos adquiridos a través de esa convención, va a adoptar el Estado de Chile; el Poder Judicial, al revisar estas solicitudes intrusivas; la PDI, al ejecutarlas con determinados criterios, perspectivas de género y leyes internas vigentes, además de estos tratados; y la Fiscalía, al encargar con personas en especial vulnerabilidad, vale decir en estado de embarazo, tercera edad, niños y personas del mundo LGBTI, que están particularmente amparadas en esta ley".
En definitiva, lo que la defensa de la dipuada Karol Cariola está pidiendo es una acción de comunicación del sistema interamericano, con el Estado de Chile, con el objetivo de evitar la reiteración de estas conductas como las ocurridas y que se den garantías.
Luego, el abogado Manríquez se detuvo en el polémico informe redactado por la Policía de Investigaciones y entregado a la Fiscalía, el cual fue el sustento para que el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago ordenara la entrada y registro al domicilio de la diputada Cariola, además de incautar especies como teléfonos y computadores.
"Ese informe está contradicho con otra evidencia. Es un informe deficiente que no se condice con la realidad de lo que ocurró y lo que declaran otras personas en la investigación. Por eso acompañó a esta presentación ese informe, para que la CIDH pueda ver dónde están las discordancias entre lo que se dice y lo que realmente se hizo", subrayó el abogado defensor de la ex presidenta de la Cámara Baja
En ese sentido, expresó que "planteamos que esta forma de ejecutar esas órdenes, justo el día del parto, no pudiendo ignorar que eso estaba ocurriendo, afecta al derecho a la integridad física y psíquica de la persona y su familia; el derecho a la honra, porque hay fotos del parto; el derecho a la protección de la familia, a la proteccion del niño y el derecho de la ley. Entonces hemos contradicho aquello que se hace en ese informe porque la manera cómo se ejecutó y cómo lo describe una adulta mayor, una abuela del niño que estaba en el departamento; y en paralelo suscitándose esto en el Hospital Clinico, cuando llegan otras personas a cargo de ejecutar esta orden, en otro carro policial, en el domicilio de la comuna de Providencia, donde ya habían periodistas cubriendo la acción. Todo eso da cuenta de que, al parecer, este informe no se hace cargo de todo lo que ocurrió realmente y por eso lo hemos objetado".
Ahondando más en dicho informe, el jurista explicó a Puranoticia.cl que "el diputado De Rementería (pareja de la diputada y padre del niño que estaba naciendo) fue traslado en auto de la PDI, desde el Hospital Clínico al departamento de calle Suecia, en tenida quirúrgica porque estaba en sala de parto, para asistir a la entrega del teléfono de la señora Cariola y de sus dos hijos menores, de 7 y uno menor, en el domicilio donde estaban con la abuela, madre del hoy senador De Rementeria, que era la adulta responsable que tenía que estar ahí, pero la acta que él firma no da cuenta de los detalles que están detras, y por eso también lo objetamos".
¿Pero cuáles son esos detalles? Según el abogado Juan Carlos Manríquez, "esa acta refiere a la entrega de un computador que estaba en el lugar, que fue llevado en la diligencia, pero lo que la acta no dice es que ese mismo personal requirió que se conectara el teléfono de un niño menor de edad para poder saber su contenido y convencerse que era de un niño de 7 años y eso no se puede hacer".
A juicio del defensor de Cariola, acá se generó "una cadena de errores, inconsistencias y un mal procesamiento de la información, lo que indujo a que el Séptimo Tribunal de Garantía diera una orden de entrada, registro e incautación, que si hubiera tenido la información completa jamás la hubiera dado. El informe 487 contiene una serie de informaciones obtenidas de una diligencia distinta al caso conocido como «Chinamart», que es el que involucra en definitiva a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, que ese derivaba de una arista del caso «Sierra Bella» donde se había incautado el teléfono de otra persona y aplicando un programa informático se habían recuperado otros mensajes eliminados en otro teléfono".
Y es que con dicho informe se elabora una petición ante el tribunal, y en su parte conclusiva el documento asevera tres puntos que, a juicio del abogado, son irreales: "Primero, que dos personas eran la misma; segundo, que por intevención de la señora Cariola se había obtenido la renovación de una patente, lo que es inefectivo porque eso nunca ocurrió; y tercero, porque se habían mezclado diálogos y tiempos de cronologías, dando a entender que eso correspondía a intervención de la señora Cariola, cuando en realidad nunca lo fue".
Cuando la defensa advierte aquella situación y decide objetar este polémico informe, solicitaron luego una cautela de garantía. Bajo este contexto, "recientemente nos hemos enterado que la Fiscalía había ordenado que se hiciera un segundo informe para depurar el primero, de fecha 12 de febrero, solicitado a la policía. El 24 de febrero se hace este segundo informe, que contiene los mismos errores y asevera otras cuestiones completamente impertinentes e improcedentes".
Aquí es donde se genera otra complicación, ya que el abogado Manríquez advirtió al respecto que "cuando se solicita la orden de entrada y registro (a la casa de Cariola), la fiscalía y la policía ya sabían que contaban con dos informes, uno depurado y otro con errores, pero resulta que el depurado tenía los mismos errroes, ¿entonces por qué no usaron el primero, el que ordenaron depurar? ¿O, bien, resulta que ese informe del 24 de febrero, que en realidad correspondería a lo que se ordenó el 13 de marzo, casi un mes después, por el 7º Tribunal de Garantía, tiene una fecha que no le corresponde, o es un error de descripción y copia una vez más?".
"Esas cadenas de desprolijidades derivaron en que el tribunal diera esta orden de entrada y registro que nunca debió haberla ordenado. Y si la policía la cumplió, la cumplió con su propio informe, que es un informe desprolijo. Eso reclamamos, porque se afectaron derechos fundamentales", sentenció el profesional.
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