La ONG Sobrevivientes del Megaincendio de Villa Independencia sostiene que al menos 36 de sus integrantes habrían optado por cambiar de residencia si les hubieran consultado.
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Damnificados del megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024 manifestaron su molestia a la denuncia respecto a la negativa del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de aceptar una oferta de unas 2.600 viviendas presentada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El rechazo, argumentado por razones técnicas, incluye que algunas unidades se ubicaban fuera de la zona afectada.
Durante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción, en la Cámara de Diputados, miembros de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio de Villa Independencia expresaron que nunca se les planteó la posibilidad de reubicarse fuera del sector siniestrado. “Jamás se ofreció la alternativa de retirarse del lugar”, señalaron.
Jaime Mella, vicepresidente de la organización, afirmó que “muchas personas abandonaron la zona y no planean regresar, incluso con sus viviendas aún en ruinas”.
“Si alguien le hubiera ofrecido a esa persona, tenga por seguro de que esas personas se habrían ido a un lugar, porque no quisieron volver al lugar donde fue este incendio. Eso jamás se planteó y obviamente hay personas, de nuestra organización más de 36, estuvimos haciendo la consulta, que se habrían ido del lugar. Esas personas se hubieran ido si le hubieran consultado. No hubo consulta”, agregó el dirigente.
La ONG sostiene que al menos 36 de sus integrantes habrían optado por cambiar de residencia si se les hubiese consultado.
En tanto, el Serviu de Valparaíso justificó su decisión diciendo que se debió al alto valor de algunas viviendas, que excedían el tope de 2.000 UF, además de incumplimientos en superficie, calidad y ubicación, considerando que varias familias desean reconstruir en sus barrios originales.
Ante esta situación, la comisión parlamentaria acordó enviar un oficio al ministro de Vivienda, Carlos Montes, para evaluar la posibilidad de retomar el ofrecimiento habitacional. El diputado Andrés Longton confirmó que el ministro iniciará una investigación y que se espera una respuesta formal por escrito.
La presidenta de la ONG, Amanda Guerra, cuestionó la gestión del secretario de Estado, acusando que “la burocracia le ganó a la reconstrucción”. Según la dirigente, “los fondos estaban disponibles desde julio de 2024 y existían alternativas habitacionales que no fueron consideradas, lo que ha obligado a muchas familias a vivir en condiciones indignas”.
También se denunciaron obstáculos en el proceso de postulación a subsidios, como la recomendación de separarse formalmente para poder acceder a beneficios. Mella calificó esta situación como “contraria a la dignidad y respeto que merecen las familias afectadas”.
“Muchas familias fueron declaradas inhábiles por haber recibido subsidios años atrás, pese a ya no tener esa propiedad. Incluso se han dado casos en que se sugiere a matrimonios separarse formalmente para que uno de los cónyuges pueda postular, lo que implica que el propio Estado estaría fomentando la desintegración familiar, algo totalmente inaceptable y contrario a la dignidad y al respeto que merecen las familias afectadas”, complementó Guerra.
Por su parte, el diputado Luis Sánchez se sumó a las críticas, enfatizando que “los damnificados no deben ser tratados como un comité de vivienda convencional, sino como parte de un proceso de reparación”.
En tanto, Longton advirtió que “la demora institucional ha obligado a las familias a autoconstruir, muchas veces utilizando el bono de acogida”, y llamó al Estado a flexibilizar los requisitos para regularizar esas obras o crear soluciones legales para su recepción.
PURANOTICIA
