La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. cuestionó que "una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema".
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La decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, fijando un valor de 0,23 UF por metro cuadrado -equivalente a $10.961 millones- generó un inmediato impacto entre los propietarios del terreno.
Sorprendidos por el anuncio, solicitaron audiencias con Interior, Vivienda y Bienes Nacionales y comenzaron a preparar acciones judiciales.
El rechazo al precio fijado es el eje del conflicto. Los dueños, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., asegura que no aceptarán ese valor y que acudirán a tribunales una vez publicado el decreto en el Diario Oficial.
A través de un comunicado expresaron su “rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada”.
Además, detallan que durante seis años actuaron conforme a la ley para recuperar el terreno usurpado, y que incluso teniendo un fallo de desalojo de la Corte Suprema, esperaron dos años por acuerdos. “Ahora el gobierno; en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado; anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación, de especular con su terreno”.
Detallan que en febrero se conformó una mesa técnica donde se acordaron tres puntos: establecer un precio para el terreno, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación. “Todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto”.
La Inmobiliaria sostuvo que ofertó tres valores “avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en 3 oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales”.
"El gobierno, en tanto, estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del Banco Estado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación", complementaron.
La empresa espera conocer los planes de desalojo parcial y espera que el mismo se realice a la brevedad posible y así “este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno”.
Finalmente, reiteraron que “una vez más se actúa sin diálogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema”.
PURANOTICIA
