Subsecretaría del Interior, fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en mano, sostuvo que el desalojo sólo puede darse si se implementa un recinto transitorio para albergar a las 4.100 familias que habitan el predio en el cerro Centinela, es decir, más de 10 mil personas.
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Luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso activara el fallo de junio de 2023 y diera curso a la orden de desalojo para las 4.100 familias que habitan la megatoma de San Antonio, el Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, salió a su paso.
A través de una declaración pública, la entidad dependiente del Ministerio del Interior, recalcó que, según lo establece el tribunal de alzada porteño, el desalojo sólo puede darse si se implementa un recinto transitorio para albergar a estas personas.
"Estas condiciones fueron reiteradas en la reciente resolución de la Corte de Valparaíso, del 1 de octubre de 2025, que reiteró que el desalojo sólo puede darse siempre que, previamente, 'el Municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, implementen de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento'", indicó la Subsecretaría.
Por ello afirmaron que "este punto es del todo relevante, ya que es la propia justicia la que reconoce que el desalojo no puede llevarse a cabo con auxilio de la fuerza pública, sino hasta que se cumplan las condiciones humanitarias necesarias".
De igual forma, recordaron que la Mesa de Coordinación Intersectorial Regional en materia de Desalojos para este caso se encuentra operativa, registrándose su última sesión el día 17 de septiembre, luego del término del trabajo de la Comisión Técnica a la que las partes encomendaron la búsqueda de un acuerdo para la megatoma.
"El objetivo es establecer y coordinar las condiciones del desalojo que fueron establecidas por la justicia", señalaron desde la repartición de Gobierno, que proyecta que la próxima sesión se desarrolle durante la próxima semana.
De todas formas, aseguraron que "se sigue trabajando en la búsqueda de una solución para más de 10 mil personas. De hecho, en estos meses se ha trabajado con las más de 40 cooperativas federadas que hoy se encuentran ahorrando para concretar la compraventa del terreno, entendiendo que el acuerdo ha sido que las familias sean corresponsables en la solución. En esa línea, el Minvu ha continuado las tratativas, y la Subsecretaría del Interior las respalda, con el objetivo de llegar a buen puerto".
"Así, la disposición al trabajo colaborativo con la inmobiliaria constructora San Antonio S.A. sigue firme. De hecho, cabe aclarar que, si bien el abogado de la empresa ha manifestado públicamente que no se les ha concedido reunión a través de la Ley de Lobby, en el caso del Ministerio y Subsecretaría del Interior, estas solicitudes fueron recibidas recién durante esta jornada, viernes 3 de octubre, y en el caso de la Delegación Provincial Regional de Valparaíso fue recibida el martes 30 de septiembre", cerraron.
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