Se estima que unas 140 estructuras fueron destruidas y que el 50% de los cercos ya fue removido.
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó la finalización de la demolición inicial de la toma Calicheros en la comuna de Quilpué, mientras que para este miércoles se programó el retiro de escombros y el acopio de materiales. Las faenas se extenderán por una semana y se ejecutarán en seis etapas.
El terreno, de casi 30 hectáreas, pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 poco después de haber denunciado públicamente la usurpación.
La toma se instaló en 2021 y, tras años de litigios, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó su desalojo en 2024. La ejecución comenzó el lunes con la notificación a las familias, y gran parte de los residentes abandonó voluntariamente sus viviendas. Se estima que unas 140 estructuras fueron destruidas y que el 50% de los cercos ya fue removido.
Durante el operativo, se desplegaron 250 carabineros para resguardar el procedimiento. El coronel Jorge Guaita, prefecto de Marga Marga, informó que el 60% de la demolición se había completado al cierre de la jornada de este martes: “La idea es que al término de la jornada logremos avanzar lo más posible. La empresa está con dos máquinas que no han parado”.
La vocera de la toma, Yasmín Durán, cuestionó la legalidad del proceso: “Aquí nunca hubo una orden de desalojo”, afirmó, denunciando falta de comunicación y escasa claridad en las alternativas de reubicación.
Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), defendió la medida como parte de la recuperación del Estado de derecho, aunque reconoció que el fenómeno de las tomas refleja una deuda estatal en materia habitacional: “No hay una política pública que permita resolver con mayor agilidad este tipo de situaciones”.
Valentina Correa, hija del empresario asesinado, celebró la recuperación del terreno: “Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de derecho y la democracia”.
En tanto, la abogada Jeanette Bruna, representante legal de la familia, valoró el avance del procedimiento: “Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y a cuatro años de dictada la orden de demolición, parece un poco irreal que se esté ya ejecutando”.
La profesional detalló que la demolición se realizará en dos días, seguida por cinco días de retiro de escombros, con resguardo policial y apoyo regional. Además, confirmó que el terreno será puesto en venta con foco en proyectos que beneficien a la comuna: “La familia estima que una vez demolido y después vendido el terreno, es la forma en que se va a cerrar este libro de la tragedia”.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó la calma del operativo: “Ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso de la fuerza ni hechos de violencia”.
Desde el Minvu se informó que se habilitaron albergues y planes de asistencia para personas sin redes de apoyo, incluyendo niños, adultos mayores y animales.
El delegado de Marga Marga, Fidel Cueto, reiteró que el retiro voluntario es prioritario, y que solo ante resistencia se procede a detenciones.
El caso reabre el debate sobre el aumento de tomas en el país y la falta de políticas habitacionales eficaces. Bruna concluyó: “No falta ley, lo que falta es voluntad política y gestión. Ojalá este caso siente un precedente”.
Según cifras oficiales, en el terreno vivían 150 familias.
PURANOTICIA
