Informe de seguimiento de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado concluye que el Servicio Agrícola y Ganadero aún no subsana observaciones detectadas en la región de Valparaíso, entre ellas la falta de respaldo sobre la destrucción de cactáceas incautadas.
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Un nuevo informe de la Contraloría General de la República confirmó que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no ha logrado corregir completamente una serie de irregularidades detectadas previamente en la región de Valparaíso, particularmente en el manejo y custodia de especies protegidas bajo la Convención CITES.
El documento corresponde a un seguimiento del Informe Final N°225, al que accedió Puranoticia.cl en octubre de 2025, y que ya había advertido anomalías en el control de especies amenazadas. Esta nueva revisión concluye que, pese a algunas medidas adoptadas por el SAG, varias observaciones se mantienen vigentes, evidenciando falencias persistentes en los procesos institucionales.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el caso detectado en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en la comuna de Los Andes, donde en una fiscalización realizada el año pasado se constató que el Servicio Agrícola y Ganadero no mantenía en custodia 11 cactáceas incautadas por Aduanas en 2023, sin contar con antecedentes que permitieran establecer su paradero.
En este informe de seguimiento, la Contraloría es clara al advertir que, si bien, el servicio informó registros administrativos asociados a la eliminación de especies, no logró acreditar la destrucción física efectiva de las cactáceas, lo que impide dar por superada la observación.
Este punto resulta especialmente relevante, ya que el propio organismo de control subraya que situaciones similares ya habían sido registradas previamente en sistemas internos, sin que ello se tradujera en la eliminación real de los especímenes, los que permanecían almacenados en bodegas.
Otro de los hallazgos en la región de Valparaíso decía relación con la falta de etiquetado de especímenes, partes o derivados no vivos mantenidos en custodia por el SAG, lo que dificultaba su trazabilidad.
En esta etapa, el organismo aportó antecedentes como registros fotográficos, documentación y el uso de sellos de seguridad, lo que permitió a la Contraloría dar por subsanada parcialmente la observación.
No obstante, la entidad advierte que esto no es suficiente para cerrar el caso, debido a que persisten las dudas respecto del destino final de algunas especies, particularmente las cactáceas cuya destrucción no ha sido comprobada.
El informe de la Contraloría también ratifica que, a raíz de las irregularidades detectadas, el SAG inició procedimientos disciplinarios internos para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
En el caso de Valparaíso, el sumario se vincula precisamente con la falta de evidencia sobre el destino de especies incautadas, una situación que la Contraloría considera grave.
A esto se suma que el organismo fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público, debido a la posible pérdida de bienes bajo custodia de un órgano del Estado, lo que podría tener implicancias más allá del ámbito administrativo.
Más allá de los casos puntuales, la Contraloría identifica un problema de fondo:
el SAG aún no ha finalizado la actualización del Manual de Procedimientos CITES, instrumento clave para regular la emisión de permisos, la custodia de especies y los procesos de fiscalización.
Pese a que el servicio informó avances parciales –como la elaboración de propuestas documentales y la emisión de circulares internas–, estas medidas no han sido formalizadas ni completamente implementadas, por lo que varias observaciones siguen vigentes.
Entre ellas, destacan falta de respaldo documental en procedimientos críticos; deficiencias en registros de entrega y destrucción de especies; y debilidades en control y verificación de permisos.
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó al SAG completar las medidas pendientes en un plazo de 60 días hábiles, las que deberán ser validadas por su auditor interno y reportadas a través del sistema institucional del ente contralor.
A diferencia del informe original, que dio cuenta de las irregularidades, este seguimiento deja en evidencia que los problemas detectados en la región de Valparaíso no han sido completamente resueltos.
En particular, el caso de las cactáceas en Los Libertadores sigue siendo un punto crítico, ya que el SAG no ha logrado demostrar qué ocurrió con las especies incautadas, manteniendo abiertas las dudas sobre su destino final.
Así, el informe no solo confirma las fallas detectadas previamente, sino que instala un nuevo foco: la incapacidad del servicio para cerrar adecuadamente observaciones clave en materia de control y resguardo de especies protegidas.
PURANOTICIA
