Funcionarios de la salud en la Ciudad Jardín solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso la orden de no innovar y que se detenga la disminución de sueldos de los trabajadores, medida aprobada por el Concejo Municipal de Viña del Mar el 31 de julio pasado.
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Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso concurrieron dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios y de la Salud Municipal (Confusam) V Región para presentar un recurso de protección contra la medida adoptada por el Municipio de Viña del Mar, que redujo las remuneraciones mensuales de los funcionarios pertenecientes a categorías A y B, vale decir, los más elevados de la Corporación Municipal.
Se trata de una rebaja en los sueldos base de médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos (A) y enfermeras, matronas, asistentes sociales y nutricionistas (B); esto, como respuesta a la grave situación de déficit estructural en la Corporación Municipal, con un aporte nacional que no cubre todos los costos de operación; pero también porque el Municipio ha aumentado de $9 mil millones a $15.500 millones los aportes los años 2021 y 2025, durante la administración de Macarena Ripamonti.
De esta manera, la rebaja se llevará a cabo gradualmente gracias a un bono de transición, que permitirá que en la categoría A 180 funcionarios mantengan su sueldo y sólo 122 funcionarios de los niveles más altos vean una variación. En la categoría B, más de 260 funcionarios mantendrán su sueldo y solo 180 funcionarios de los niveles más altos verán una variación efectiva. Además, más de 750 funcionarios de las categorías C, D, E y F se reajustarán al alza, reconociendo su trayectoria a través del tiempo.
La medida –adoptada por el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín con siete votos a favor, incluido el de la jefa comunal– ha sido criticada por los gremios de funcionarios de la salud municipal, quienes consideran la decisión como "arbitraria", motivo por el cual acudieron al tribunal de alza porteño para presentar un recurso judicial.
Fabricio González, presidente de Confusam V Región, señaló que "a propósito del conflicto de los trabajadores de la atención primaria con el Municipio, donde se bajaron los sueldos arbitrariamente a categorías A y B, profesionales del servicio sanitario de salud (...), hemos interpuesto un recurso de protección, donde solicitamos la orden de no innovar y que se detenga la disminución de sueldos de los trabajadores".
También comentó que "tal como lo advertimos cuando estaba este conflicto inciándose, íbamos a recurrir a todas las instancias necesarias y posibles para poder revertir esta injusticia que se está dando con los trabajadores y trabajadoras, porque esto pone en riesgo los sueldos de los trabajadores y la estabilidad de los servicios de atención primaria de salud y comienza con una amenaza flagrante a los intereses de los trabajadores y de una privatización encubierta de la atención primaria de salud".
Por su parte, la abogada Catalina Escobar, asesora jurídica de la Confusam, sostuvo que "presentamos un recurso de protección en conjunto con las asociaciones base, donde se evidencia que hubo diversas transgresiones a derechos constitucionales, entre los cuales podemos evidenciar el derecho a la vida, laintegridad psíquica, el derecho a la propiedad, el derecho a la justa retribución, el derecho a la no discriminación arbitraria".
Además, indicó que la Corporación Municipal "reafirmó el acuerdo, en el sentido de que no existían después del año '98 una modificación del sueldo base, lo cual se puede evidenciar en el recurso que se partió este acuerdo en base a una premisa falsa. Es por ello que este recurso busca revertir los efectos y restablecer los diversos derechos de los funcionarios a los cuales estamos representando. En ese sentido, cabe destacar que como Federación Quinta Histórica estamos también evaluando posibles responsabilidades políticas de la alcaldesa Macarena Ripamonti y estamos evaluando todas las opciones posibles para recurrir a otras entidades administrativas".
Importante es hacer presente que otro hecho que puso en contexto la medida adoptada por el Municipio de Viña del Mar dice relación con el leaseback del año pasado por $17.500 millones, dinero que se utilizó para pagar el total de la histórica deuda en materia de cotizaciones con los trabajadores. De igual forma, la Contraloría ha comenzado a revisar los sueldos, haciendo necesario discutir dichos montos.
PURANOTICIA
