Según confirmó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, la demolición de las estructuras comenzará este martes, “en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen”.
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Este lunes se dio inicio al procedimiento de desalojo y posterior demolición de la toma Calicheros, emplazada en Quilpué, el cual estuvo centrado en levantar un catastro general de las familias que habitan el terreno, incluyendo la verificación de su situación migratoria por parte de equipos de la Policía de Investigaciones.
Según confirmó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, la demolición de las estructuras comenzará este martes, “en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen”.
El terreno en cuestión pertenece a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado por un sicario en mayo de 2020 en la puerta de su casa en Concón.
Los ocupantes de la toma se mantienen aferrados al recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual sigue vigente.
Desde la Delegación Presidencial se informó que se trabaja en conjunto con la municipalidad de Quilpué para habilitar albergues destinados a las personas desalojadas, además de resguardar el bienestar de las mascotas y animales de granja presentes en el lugar. Hasta ahora, cerca de 30 familias han abandonado voluntariamente el terreno, mientras otras 40 aún permanecen en él.
"Nosotros estamos con la idea de que aproximadamente un 30% de estas personas ya han salido, ya tomaron conciencia que es complejo, que es un sector de remociones de masa, susceptible de ser víctimas de incendios en algún momento. Por lo tanto, nuestro trabajo como Estado es generar todas las condiciones para resguardar la integridad física de las personas", indicó la autoridad.
Sobre quienes se han mostrado contrarios a dejar el terreno, mencionó que “siempre hay personas que se oponen” y que “si hay alguien que se ponga también tenemos el resguardo de Carabineros para resguardar también la integridad física de esas personas”. “No puede haber una demolición, que está ordenada por ley, donde hay una persona dentro (de una vivienda), por lo tanto, hay que sacarla”, precisó.
Riquelme explicó que “cuando una persona está transgrediendo la ley es detenida” y a raíz de la demolición se les pide a los habitantes, en primera instancia, que “por favor se retiren”, pero de no hacerlo se tiene que usar la fuerza pública.
Por su parte, Gustavo Sepúlveda, dirigente del Movimiento de Pobladores Organizados, cuestionó la legalidad del procedimiento y llamó a las autoridades a actuar con prudencia.
“Esperamos que efectivamente se cumpla el Estado de derecho que tanto se ha pronunciado, pero no de una manera unilateral -como ha sido hasta el momento-, sino que sea de manera conjunta, incluso para las víctimas de esta demolición arbitraria e ilegal”, señaló. También calificó la medida como “ilegal” y pidió no ser “temerarios”.
PURANOTICIA
