Una pobladora de la toma Calicheros indicó a Puranoticia.cl que dirigentes y el abogado les hicieron creer a todo el predio que sólo había una orden de demolición, no así de desalojo, motivo por el cual muchos no levantaron sus pertenencias antes del inicio del operativo.
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Ad portas del inicio del procedimiento de desalojo y posterior demolición de la toma Calicheros, emplazada en Quilpué, en un terreno de la familia del empresario Alejandro Correa –asesinado por un sicario en mayo de 2020 en la puerta de su casa en Concón–, Puranoticia.cl pudo conocer el profundo quiebre que existe entre los propios pobladores del campamento, el cual agrupa a alrededor de 130 familias.
Por un lado, la dirigenta Yasmín Durán ha insistido durante todo el proceso en que no corresponde abandonar las viviendas, sosteniendo que la orden judicial contempla únicamente la demolición de las construcciones emplazadas en el asentamiento, pero no un desalojo de las personas. Su postura ha mantenido en vilo a decenas de vecinos, que ven en sus declaraciones una señal de resistencia.
En la vereda opuesta se ubica una vecina identificada como Sandra, quien ejerció como dirigenta hasta que –según denuncia– fue apartada por Yasmín, a quien acusa de "ilusionar" a los pobladores de la toma de Quilpué al asegurarles que la ley los ampara y que no deben abandonar el predio, advirtiendo que esa estrategia sólo aumentará la tensión ante la inminente intervención de las autoridades.
"Ella empezó a dejar de llevarme a reuniones y dejó de comunicarme las cosas que estaba haciendo y andaba sola, con Gustavo y el abogado", sostuvo Sandra, quien indicó que su disidencia comenzó "cuando dejó de llevarme a las reuniones, lo que me pareció raro, y le dije que las cosas no eran así. Yo siento que aquí se debería haber priorizado a la gente. Ella es la dirigente y debió haber priorizado a la gente, si acá hay niños, adultos mayores, gente con discapacidades y ella siempre dijo que nadie la iba a sacar, pero todos sabemos que estamos en un terreno que no nos pertenece".
Asimismo, aseguró que tanto un dirigente –de nombre Gustavo– como el abogado –identificado como Rodrigo– en todas las reuniones le dijeron a los vecinos que "no había que abandonar ni desarmar, y la gente le hizo caso. Lamentablemente fueron crédulos; los ilusionaron totalmente y eso me tiene decepcionada".
Sandra confesó que "al principio sí caí (en lo que decían los dirigentes y el abogado)", agregando que "llevo 2 años en la toma, sacrificándome mucho, pensando que en algún momento podríamos comprar, sin agua, sin baño, sin luz. Es muy difícil vivir en una toma, pero desgraciadamente siento que ella utilizó a las personas".
Por su parte, la mencionada dirigente Yasmín Durán se refirió al procedimiento a efectuarse criticando a la autoridad, de la que expresó que no han tenido contacto directo ni indirecto con la Delegación Presidencial ni con la Municipalidad de Quilpué. "Hay mucha gente que sacó sus techos, intentando rescatar cosas para que no les boten nada. Muchos durmiendo a la intemperie porque no tienen dónde irse, pero igual desarmaron sus casas porque no quieren perder lo poco y nada que tienen".
También explicó los motivos por los cuales mantienen cerrada una parte de la toma. "Tenemos todo cerrado porque estamos resguardando la privacidad y a la gente porque no nos pueden pasar a llevar nuestros derechos. Por eso están los portones cerrados, pero eso no quiere decir que no vayamos a dejar entrar a la autoridad, si nosotros no somos gente violenta", sostuvo la cuestionada dirigente de Quilpué.
Finalmente, manifestó que "nosotros siempre quisimos llegar a un acuerdo con ellos (la familia Correa, propietaria del predio en el sector Calicheros), a una conversación con ellos, pero nunca quisieron hablar con nosotros. Resulta que todo esto se ha hecho de una forma muy torcida y extraña, por decirlo de una manera sutil".
Cabe recordar que se estima que hay cerca de 130 familias viviendo en la toma Calicheros. La Seremi de Vivienda ordenó la demolición en 2021 y el año pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que se concrete la medida.
PURANOTICIA
