El fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Maximiliano Krause. relató el 13 de noviembre que entregó sus datos de ingreso al sistema que utiliza para su trabajo cotidiano, ante Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción.
visitas
Abogados en materia de Derechos Humanos afirmaron que podría demostrarse el delito de violación de secreto en el caso del fiscal de Valparaíso Maximiliano Krause, quien entregó sus claves de acceso a los sistemas del Ministerio Público a tres miembros del servicio de Inteligencia de la Armada.
El fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) relató a Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, que entregó sus datos de ingreso al sistema que utiliza para su trabajo cotidiano.
La declaración se dio en el marco de la investigación por filtraciones de la denuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve, que lleva el fiscal regional Occidente, Marco Pastén.
Según informó radio de la Universidad de Valparaíso, el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, considera esta teoría válida y subraya la gravedad del hecho de que un organismo persecutor permita acceso a información penal reservada a organismos de inteligencia. El profesional sostiene que la responsabilidad recae tanto en el Ministerio Público como en el servicio de inteligencia de la Armada.
“El funcionario de la Armada que participó en esta filtración que fue el que accedió con las claves entregadas irregularmente por un fiscal es coautor, cómplice, partícipe de alguna manera en el mismo delito que es la filtración de secreto, la revelación de secreto, que es un delito contemplado en el código penal. Por lo tanto, la investigación no solamente debe involucrar una sanción administrativa, sino que podría haber una investigación penal respecto del fiscal que entregó irregularmente claves y respecto de los funcionarios de la Armada que también usaron indebidamente esas claves”, dijo Rendón.
Por su parte, la abogada, Karinna Fernández, querellante en el caso tráfico de influencias en el Poder Judicial y en la causa por delitos de lesa humanidad en el estallido social, expresó la necesidad de independencia de las investigaciones, junto con considerar que se podría estar frente a más de un posible delito.
“Me parece que, efectivamente, tiene que realizarse una investigación a la luz de la revelación de secretos y de otros tipos penales que podrían estar asociados, pero efectivamente esto da cuenta de una investigación que tendría que tener un alcance respecto de las responsabilidades de las jefaturas de los distintos involucrados, una investigación de qué tanto se utilizaba estas claves por parte de estos otros actores estatales”, sostuvo.
“Uno debería exigir que se aclaren estos hechos, que se establezcan responsabilidades y se investigue en profundidad el origen en qué se basan estas entregas de información”, añadió.
La fiscal regional, Claudia Perivancich, confirmó en una declaración enviada a los medios de comunicación que se inició un sumario administrativo relacionado con la conducta del persecutor. Esto se suma a la investigación penal en curso por las filtraciones de casos investigados por la propia fiscalía.
Al respecto, aclaró que no sólo existe esa investigación penal, sino que, adicionalmente, “una investigación administrativa ordenada por la suscrita y a cargo de un fiscal de esta región de manera tal que no es posible que yo me pronuncie acerca de la conducta ni del fiscal Krause ni de los hechos de que dan cuenta su propia declaración porque tendré que conocer de antecedentes relacionados con esa imputación en el marco de la investigación administrativa”.
Krause reconoció al fiscal del caso filtraciones, Marco Pastén, el uso de sus claves para acceder a carpetas investigativas por parte de terceros: “yo tengo autorizada el uso de mi cuenta a lo menos a tres funcionarios policiales, pero especialmente a unos funcionarios policiales con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas de estar contaminadas por contrabando, droga, armas, etcétera. Ya que son de la Policía Marítima y son dos funcionarios policiales de la Policía Marítima".
"Yo los llamé y les pregunté derechamente si habían efectuado la consulta y uno de ellos me señaló que sí, que lo había hecho. Una consulta en la mañana específicamente por razones de curiosidad. Me señaló que no había impreso, ni había extraído ningún tipo de información y que solamente leyó el relato del hecho (denuncia de la víctima), pero que no generó reporte (…) es un sargento segundo de la policía marítima del departamento de Inteligencia e Investigaciones policiales marítima. Entiendo que esto fue en el contexto de que estaba viendo las noticias, me parece que con otro oficial superior y empezaron a conversar según lo que él me señaló con la otra persona", relató el fiscal.
PURANOTICIA
